La seguridad es clave
Garantizar esa seguridad es una de las tareas esenciales del Estado moderno y la responsabilidad primaria recae en el Gobierno de la República, a través de su Poder Ejecutivo, quien es el llamado a fijar el norte y liderar y articular el accionar de las diferentes instituciones involucradas.
No se trata de una tarea menor, pero no es imposible alcanzarla. El país logró hacerlo hace poco más de una década, cuando en el 2010 la tasa de homicidios había llegado a 12 por cada 100.000 habitantes, y esta se redujo, cuatro años después, a 8,7/100.000 habitantes, hasta el punto en que el tema dejó de ser una preocupación nacional. Para ello se requirió el conocimiento y la experiencia necesarios para diseñar una estrategia integral tendente a otorgar, de manera sostenible, acceso universal a una seguridad de calidad y capacidad para ejecutarla en forma efectiva y con resultados palpables.
La universalidad es fundamental porque todos tenemos derecho a vivir seguros, sin que haya distingos entre las zonas urbanas y las rurales, las costas y el valle central, hombres y mujeres, o entre los diversos estratos sociales. Un reportaje reciente de este periódico evidenció, sin embargo, que los promedios nacionales son engañosos y que existen diferencias sustanciales entre los ochenta y dos cantones del país que fueron objeto de un estudio realizado por el Consejo de Promoción de la Competitividad. En efecto, según el Índice de Competitividad Nacional 2022 producto de dicho estudio, los cantones costeros del Pacífico y de la provincia de Limón muestran cifras de inseguridad mucho más graves que los del resto del país. Ese es el caso de los cantones de Garabito, Quepos, Matina y Osa. El cantón central de San José acompaña a este selecto grupo.
Si se considera la tasa de homicidios, propiamente, los cantones más afectados son La Cruz, Limón, Matina, Garabito y Puntarenas.
Esto es grave, sobre todo si se subraya que la tasa de homicidios a nivel nacional alcanzó, en el año 2022, la cifra récord de 12,6/100.000 habitantes, la más alta de la historia, con 656 muertes. Peor aún: el año 2023 se inició con la alarmante cifra de 24 asesinatos en solo 11 días, un promedio de más de dos muertes diarias. Ciertamente, el narcotráfico es el causante directo de muchas de esas muertes, al darse disputas territoriales entre las distintas bandas y ajustes de cuentas entre ellas. Pero la respuesta del Gobierno ante esta epidemia es desconcertante. Se desconoce aún la existencia de una política oficial para atacar el problema y no es suficiente “la colocación de scanners en los puertos para cortar los ingresos provenientes de la droga”, ni es aceptable, en un Estado de Derecho que salvaguarda los derechos humanos y las libertades individuales, pretender emular las políticas implantadas por regímenes autoritarios y abusivos.
Una seguridad ciudadana de calidad es condición sine qua non para el desarrollo sostenible, máxime en un país donde la industria turística aporta significativamente al producto interno bruto, a la atracción de inversión extranjera y a la generación de empleo, particularmente en las zonas costeras. El “pura vida” y el ambiente de paz y tranquilidad que nos distingue internacionalmente pueden verse rápida y gravemente afectados si las condiciones continúan deteriorándose y la situación se sale de control. Por ahora, la crisis de seguridad está contenida en los indicados cantones y en algunas zonas urbano-marginales —justificación de por sí inaceptable—, pero la violencia puede llegar a extenderse y golpear uno de los sectores más relevantes para la economía nacional. La preocupación es evidente cuando los exjerarcas de la cartera de seguridad y judiciales, sin distingo de banderas políticas, realizan un esfuerzo conjunto para promover la formulación de una estrategia frente a esta emergencia. Es hora de que el Gobierno asuma su responsabilidad y le presente al país un plan integral, fundamentado en la evidencia, con participación multisectorial y mecanismos de coordinación interinstitucional que nos permita contar con un cuerpo policial suficiente y preparado, prevención efectiva, procedimientos de investigación y sancionatorios que eviten la complacencia e impidan la impunidad; y es importante un sistema penitenciario renovado. No se trata de ningún lujo. Hablamos de un componente básico de la vida en sociedad.
Durante los últimos meses del 2022 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) publicó la segunda edición de su reporte Moral Tributaria II: Construir la confianza entre administraciones tributarias y grandes empresas. Este reporte refleja los resultados de una encuesta realizada a 1.200 funcionarios de 138 administraciones tributarias acerca del comportamiento fiscal de las empresas multinacionales y sus asesores.
Así mismo resume la percepción de estas empresas respecto de las administraciones tributarias, generada durante mesas redondas de discusión, y enumera recomendaciones necesarias para crear confianza entre ambos. Si bien es cierto, el enfoque de dicho reporte recae sobre las corporaciones, dicho comportamiento puede ser extrapolado también a grandes contribuyentes locales.
Lo más llamativo
Los resultados de las encuestas, indistintamente de las regiones, pueden guardar cierta homogeneidad en algunos temas, sin embargo, para nuestros efectos nos centraremos en las conclusiones obtenidas en la región de Latinoamérica y el Caribe, siendo esta región en la que se encuentra Costa Rica pero, sobre todo, una región donde las empresas y los grandes contribuyentes representan porcentajes altos de la recaudación.
Cumplimiento de rutina: El 77% de los funcionarios opinaron que las multinacionales cumplen puntualmente con su obligación rutinaria de pagar impuestos. Sin embargo, cuando las acciones rutinarias corresponden a la entrega en tiempo y forma de información solicitada por las administraciones tributarias, la percepción de cumplimiento baja a un 44%.
Analizando este declive, tanto empresas como administraciones tributarias coinciden en que no es procedente denegar la entrega de información. Sin embargo, las causantes de los incumplimientos radican muchas veces en requerimientos de información sin previo aviso, o con plazos muy reducidos, solicitudes en formatos que buscan las comodidades de las administraciones tributarias sin considerar los sistemas de los contribuyentes.
Cooperación y confianza: El 49% de los funcionarios consideran que las multinacionales están dispuestas a cooperar, este dato baja a 27% respecto a la percepción de cooperación de los asesores tributarios de las corporaciones y vuelve a bajar a 20% respecto a si los asesores promueven planificaciones alineadas con las leyes.
Si bien es cierto los funcionarios perciben que el 83% de las multinacionales cooperan en las controversias formales, cuando se busca resolver asuntos de interpretaciones erróneas de las normas tributarias solo el 48% considera que estas cooperan. Así mismo, se considera que la cooperación no equivale a confianza, ya que solo 37% manifiesta confiar en la información provista.
En el análisis de estos indicadores, ambas partes coincidieron que es de mutuo interés la cooperación, en especial en los casos de interpretaciones erróneas, sin embargo, las multinacionales mantienen baja confianza en los diálogos, al tener poco impacto en la resolución de dichas interpretaciones.
Las compañías en la región consideran la falta de claridad en las normas tributarias, así como el comportamiento incongruente o impredecible de las administraciones como las causas más importantes de la incertidumbre fiscal.
Apertura y transparencia: Solamente el 32% de los funcionarios considera que las corporaciones son abiertas, transparentes y facilitan toda la información tributaria pertinente. El porcentaje baja a 18% cuando la transparencia de la información recae sobre sus asesores tributarios.
Para este apartado, las empresas consideran que existe una combinación de factores que puede generar la percepción de falta de apertura y transparencia. Solicitudes de información más allá de las reglamentaciones fiscales establecidas, información localizada fuera de la jurisdicción en análisis, la alta burocracia y el exceso de obligaciones de documentación a cumplir, son algunas de las razones por las cuales buscan entregar estrictamente lo que se considera legalmente necesario.
Controversias y resoluciones: el 67% de los funcionarios indicó que casi siempre ocurren controversias de carácter tributario, un dato muy alto comparado con el promedio obtenido por los países miembros de la OCDE (32%).
Tal y como mencionamos, las compañías consideran que una las causas principales que originan las controversias corresponden a reglas fiscales poco claras, así como pocas consideraciones de las administraciones referentes a la tributación internacional.
Recomendaciones
Los resultados de la encuesta y las mesas de discusión evidencian que existe un margen amplio de mejora de la moral tributaria de las multinacionales y grandes contribuyentes, pero sobre todo, evidencia lo importante de incrementar la confianza entre estos (incluyendo sus asesores) y las administraciones tributarias.
Mejorar la comunicación abierta, avanzar hacia un modelo de cumplimiento cooperativo, mejorar el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios, aumentar los iniciativas de fortalecimiento de capacidades técnicas y crear la oficina de defensa del contribuyente son algunas de las recomendaciones que este reporte presenta para aumentar la confianza de todas las partes y lograr una mejora de la moral tributaria.
El caso de Costa Rica
Si bien es cierto, tanto contribuyentes como consultores, podemos identificarnos con muchas de las preocupaciones manifestadas en este reporte, en algunos aspectos la Dirección General de Tributación parece moverse en la dirección correcta.
El anuncio en diciembre pasado de la iniciativa que pretende crear un foro de diálogo con los grandes contribuyentes nacionales es un paso muy importante, que busca precisamente acercar a los generadores de la mayor parte de la recaudación tributaria del país con la administración tributaria, en busca de diálogo franco y respetuoso.
*El autor es director de Fiscalidad Internacional de Grant Thornton.
Las compañías en la región consideran la falta de claridad en las normas tributarias, así como el comportamiento incongruente o impredecible de las administraciones como las causas más importantes de la incertidumbre fiscal.