No es tiempo para un paquete de impuestos
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, presentaron ante la Asamblea Legislativa cinco proyectos de ley con fuertes implicaciones tributarias bajo el argumento de que se desea mejorar la progresividad y dotar de mayores instrumentos al Ministerio de Hacienda para controlar la evasión y reducir la elusión fiscal.
La mayor defensa a este nuevo paquete por parte del presidente y el ministro se basa en que los impuestos no se están aumentando. Sin embargo, se vislumbra una vocación recaudatoria de las reformas tributarias. Solo para mencionar algunos ejemplos, el IVA se aumenta a diversos bienes y servicios (como los pasajes aéreos e implementos médicos), la tasa del impuesto sobre la renta se incrementa en todos los estratos de ingresos que hoy pagan impuestos, el impuesto a las empresas más pequeñas se multiplica seis veces al incrementarse la tasa del 5% al 30%. También, la renta global general nuevos dividendos, aparte del hecho de que incluye algunos elementos que serían parte de una renta mundial.
Si la intención hubiera sido no aumentar la recaudación, estos incrementos se debieron balancear con disminuciones de impuestos a otros grupos de empresas, de bienes y de servicios con el fin de mantener la recaudación constante.
Tampoco ayuda a las intenciones del gobierno el nivel de improvisación con el que se han presentado las reformas fiscales. Ha sido necesario que el ministro acepte equivocaciones y cambios en la redacción de los proyectos.
Además, no se han presentado los estudios técnicos mínimos para justificar tales reformas y respaldar las afirmaciones del gobierno. Así, quedan sin responder preguntas tan básicas como: ¿En cuánto aumenta la recaudación cada uno de los nuevos impuestos propuestos? ¿Qué efecto tienen estos nuevos impuestos sobre el nivel de informalidad de la economía? ¿Cómo se afectará el turismo, uno de los sectores más golpeados desde la pandemia y que no ha logrado recuperarse plenamente? ¿Cuál es la medición sobre la mejora esperada en la progresividad del sistema tributario? ¿Cuánto afecta la renta global el movimiento de capitales de inversión?
Otro tema que causa alerta son los nuevos poderes que el Ministerio de Hacienda pretende poseer si se aprueban los cambios al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Así, sería la Tributación la que determine si se extiende la prescripción de impuestos de cuatro a diez años ante indicios de evasión. Este tipo de poderes discrecionales pueden causar arbitrariedades basadas en criterios políticos.
La posibilidad de aumentar el lapso de la prescripción existe hoy día, con la diferencia de que es un juzgado quien la determina de acuerdo con las pruebas presentadas por la Tributación.
En los últimos 40 años, Costa Rica solo ha logrado aprobar cuatro reformas tributarias de gran envergadura, como la que se pretende con este grupo de leyes. La última de ellas fue la aprobada en diciembre del 2018 durante el gobierno de Carlos Alvarado. En esa reforma fiscal se creó el Impuesto al Valor Agregado, se aumentó el Impuesto de la Renta, se eliminaron los disparadores de los salarios de los servidores públicos y se estableció una restrictiva regla fiscal. Ello le permitió al Estado cambiar la dinámica del gasto público y mejorar la recaudación. De hecho, las mejoras presentes en las cifras fiscales más recientes y en la calificación crediticia del país son el resultado de ese paquete fiscal.
Por tanto, es muy pronto para pensar en un nuevo paquete de impuestos, más aún en una economía en la que la mayoría de los sectores se encuentran estancados por las altas tasas de interés y la expectativa de una recesión en los principales socios comerciales. Mejor haría el gobierno en enfocarse hacia una reforma del Estado que elimine la duplicidad de funciones, aumente su eficiencia y promueva obras públicas.