¿Cómo cambia el impuesto de renta con plan para sacar al país de lista gris de la UE?
Según ministro, son “dos proyectos de ley” en un mismo expediente
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en segundo debate el proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea.
Se trata de una iniciativa que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta (7.092) para evitar que algunos contribuyentes se libren de pagar impuestos por una porción de sus ganancias en el extranjero; pero que, según el Ministerio de Hacienda, también incluye una nueva “exoneración” para algunas empresas.
La votación en segundo debate se llevó a cabo este 7 de septiembre, con un resultado de 29 diputados a favor y 16 en contra. Sin embargo, aún no recibe la firma definitiva por parte del presidente Rodrigo Chaves y, al cierre de esta edición, sigue bajo amenaza de veto por parte del Poder Ejecutivo.
¿De qué se trata esta nueva reforma al impuesto sobre larenta y a quiénes afecta? EF le explica los detalles de la iniciativa.
El proyecto
Costa Rica entró en la lista de países no cooperantes en materia fiscal de UE en febrero pasado, luego de que ese bloque de naciones determinara que la legislación del país permite una doble no imposición a personas físicas y jurídicas por sus ganancias en el exterior, cuando hacen inversiones pasivas.
Específicamente, el impuesto de renta se cobraría a las “empresas de papel” y no a aquellas que demuestren tener una actividad económica real en Costa Rica, con personal, infraestructura y riesgos de operación.
Las rentas pasivas son aquellas que una persona recibe sin participar activamente para ello. Tal es el caso de inversiones financieras o bursátiles, ganancias de capital, alquileres, entre otras.
El punto del conflicto
Subsanar ese vacío no fue lo único que planteó el proyecto de ley finalmente.
El texto agregó una aclaración al artículo primero de la Ley de Impuesto sobre la Renta sobre un tema que ha generado polémica en los últimos años.
Específicamente, la reforma señaló que Hacienda ahora tendría que entender por rentas “de fuente costarricense” solo las que se generen exclusivamente en el territorio nacional, y que “deberá entenderse el territorio nacional según los límites geográficos establecidos en el artículo 5 y artículo 6 de la Constitución Política”.
Este cambio parece sencillo, pero impediría que el Ministerio de Hacienda siga cobrando el impuesto sobre la renta a empresas formales por sus ganancias en el extranjero, cuando hayan sido generadas con recursos obtenidos dentro del país.
Según declaraciones del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, podría decirse que entonces se aprobaron “dos proyectos de ley” en un mismo expediente; “una propuesta para sacar a Costa Rica de la lista gris y un proyecto que creó una exoneración para las rentas extraterritoriales de las empresas costarricenses”.
Posición contraria
Acosta argumentó que el cambio se trata de “una exoneración injusta”, con efectos “para un grupo de empresas con muchísimo poder económico”. Sin embargo, los diputados que defienden el cambio consideran que se trata de una simple aclaración a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Desde el punto de vista de esos legisladores, el Ministerio de Hacienda utiliza actualmente un criterio errado para cobrar este tipo de tributos a ganancias obtenidas en el extranjero, sin que realmente tenga una base suficiente en la legislación nacional para ello.
No obstante, la posición actual de Hacienda ha sido respaldada por fallos de la Sala I y de la Sala Constitucional.
El impacto fiscal
Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, difundidas por el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio, el gobierno podría perder unos ¢21.287,2 millones de recaudación del impuesto de renta con la reforma legal recién aprobada por los diputados.
Ese dinero corresponde al que Hacienda ya busca cobrar a través de 25 procesos de reclamación a contribuyentes que no han pagado, precisamente por considerar como erróneas las interpretaciones de la Dirección General de Tributación y de los tribunales sobre el concepto de ganancias “de fuente costarricense”.
Asimismo, Hacienda estimó que podría perder hasta unos ¢9.254,3 millones anuales por impuestos que ya no podría reclamar si se pone en marcha la reforma.
Para llegar a ese número, el Ministerio utilizó como base que se aplique una tasa del 30% a los créditos registrados en la balanza de pagos por concepto de rentas de inversión en cartera.
La amenaza de veto
El presidente Rodrigo Chaves evitó adelantar si vetaría o no el proyecto de ley. “Va a ser una decisión muy difícil, la cual no voy a anticipar”, dijo el 6 de septiembre pasado, un día antes de la votación en el Congreso.
No obstante, el ministro Acosta ya se había manifestado a favor del veto, pues consideró que sería lo más “responsable”.
La decisión definitiva la tendrán que tomar ambas autoridades y está en el aire.
El texto se aprobó de manera definitiva el 7 de septiembre pasado y el gobierno tiene un plazo de 10 días hábiles para decidir si lo firma o si lo objeta, una vez que lo haya recibido.
De ser vetado por el gobierno, los diputados deberán rechazar el proyecto, modificarlo y aceptar las observaciones, o intentar conseguir una votación favorable de 38 congresistas para omitir las recomendaciones que eventualmente haga el Ejecutivo.
¿Y la ‘lista gris’?
Que Costa Rica se mantenga o no en la “lista gris” de la UE es, precisamente, el problema de fondo.
La UE realizará a mediados de mes su última revisión semestral de cumplimiento o incumplimiento de los cambios tributarios que pidió a Costa Rica para salir de la lista de “no cooperantes” y, si la administración decide vetar el proyecto, los diputados tendrían que tomarse unas cuantas semanas adicionales para corregir lo planteado por el organismo internacional.
En otras palabras, es posible que no encajen los tiempos para arreglar la situación oportunamente.
Desde el punto de vista de Hacienda, vetar el proyecto sería la mejor decisión, aunque eso implique seguir en la lista gris otros cuantos meses.
Consecuencias negativas
Entre otras consecuencias negativas de estar en la lista de no cooperantes, el ministro Acosta afirmó al periódico La Nación en febrero pasado que la Unión Europea prohíbe canalizar dinero de varios fondos mediante entidades de países incluidos en la lista, y que se exigen requisitos de información más estrictos para las multinacionales con actividades en ellos.
Asimismo, el ministro dijo que los países de la Unión Europea podrían agregar medidas defensivas de carácter fiscal contra las operaciones en Costa Rica, como no considerar deducibles los gastos de empresas incurridos en el país, realizar auditorías reforzadas y pedir más información a los contribuyentes.
Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, el Gobierno podría perder unos ¢21.287,2 millones de recaudación del impuesto de renta con la reforma legal aprobada en segundo debate por los diputados.