El Financiero (Costa Rica)

‘Denunciar a la jerarca de la Sugef era un deber’

Situación se dio por una supuesta desobedien­cia en la que habría incurrido Rocío Aguilar Montoya

- Luis Cardoce O. luis.cardoce@elfinancie­rocr.com

Hazel Valverde, la gerenta general del Banco Central de Costa Rica (BCCR), fue protagonis­ta de un suceso inédito en la historia costarrice­nse: la denuncia penal por parte de la Gerencia del BCCR en contra de un jerarca de la Superinten­dencia General de Entidades Financiera­s (Sugef); en este caso, Rocío Aguilar.

La denuncia se dio por una supuesta desobedien­cia en la que habría incurrido Aguilar por incumplir con el acuerdo de Junta Directiva del BCCR JD-6093/10 del 25 de noviembre del 2022, en el cual se pidió el acceso a la informació­n integral de todas las operacione­s de crédito que los intermedia­rios financiero­s (bancos, cooperativ­as, mutuales, financiera­s) supervisad­os le remiten a la Sugef, incluyendo necesariam­ente el número de identifica­ción (cédula física o jurídica, Dimex, u otros).

El Central dice necesitar el número de identifica­ción para cruzarlo con otras bases de datos en su poder y así precisar la ubicación geográfica y el riesgo climático al que está expuesta la cartera crediticia del país. Según ha explicado, sin ese identifica­dor no se puede realizar el enlace y, por ende, generaría estadístic­as imprecisas. Una vez se haga el cruce, el número de cédula no se necesitará más, ha dicho el Central.

La denuncia contra Aguilar se interpuso el 21 de abril del 2023 y se dio a conocer hasta el 17 de agosto pasado. Para ese entonces el Central estaba al tanto de que la superinten­denta había enviado a la Procuradur­ía General de la República (PGR) una consulta para aclarar si estaba obligada a compartir la informació­n con el Central o si al hacerlo quebrantar­ía derechos a la confidenci­alidad de los deudores.

La respuesta a esa consulta se dio hasta el pasado 3 de julio. En dicho dictamen la PGR le dijo a la Sugef que debía compartir la informació­n con el Central siempre y cuando fuera con fines estadístic­os, como dice tener el ente emisor.

En esta entrevista, El Financiero conversó con Valverde acerca de cómo se llegó a la decisión de denunciar penalmente a Aguilar, cuáles datos de la población maneja el Central y por qué dice necesitarl­os.

–¿Se agotaron todas las vías con la Sugef? ¿Era imposible llegar a una conciliaci­ón, una manera en la que se pudieran generar estas estadístic­as sin que se tuviera que pasar por todo este embrollo?

–Sí, se agotaron las vías. No ha sido una conversaci­ón corta, ha sido una conversaci­ón de larga data. Nosotros comprendim­os con ese acuerdo que se zanjaban las diferencia­s. Si me preguntás si trabajamos en pos de lograr un acuerdo, sí, se trabajó de manera consciente. Nosotros

creímos que el acuerdo iba a ser atendido por la Sugef e íbamos a poder seguir trabajando.

–¿Por qué no se esperó la respuesta de la Procuradur­ía para denunciar a Aguilar? –Nosotros como empleados públicos tenemos deberes. Tanto el código de ética del Banco Central como la ley nos da como funcionari­os públicos el deber de denunciar si vemos que hay un posible incumplimi­ento. En este caso la solicitud del criterio de la Procuradur­ía no detenía el deber de denuncia del funcionari­o público. Si yo no denuncio, si no cumplo con mi deber, la que tiene el incumplimi­ento de deberes soy yo.

–¿Por qué se denunció en abril del 2023 si tuvo alrededor de cuatro meses en los que supuestame­nte la Sugef estuvo en desobedien­cia ?

–Por el procedimie­nto interno. Lo que se hace es que hacemos una solicitud a la división jurídica de que evalúe el caso y a partir de ahí son tiempos internos para hacer el debido proceso. Normalment­e acá en el Banco Central cuando hay un tema que tiene que ser evaluado en lo jurídico, lo que correspond­e es que nosotros enviamos a la división jurídica para el análisis y ellos emiten un criterio, una recomendac­ión, una línea de acción y nosotros procedemos acorde. Hasta que ellos definen el curso adecuado de acción es que la administra­ción actúa.

(’El Financiero’ le consultó anteriorme­nte a la oficina de prensa del Central si había existido un criterio por parte del departamen­to legal del BCCR para proceder con la denuncia. Sin embargo, contestó el 11 de setiembre pasado que no se iban a referir al tema en aras de respetar cualquier proceso judicial presente o futuro.)

–¿Les hubiera gustado participar en la consulta que hizo Sugef a la Procuradur­ía?

–De hecho en la mayoría de consultas que se han hecho a la PGR hemos tenido el acuerdo de hacerlas en conjunto porque eso permite poner en perspectiv­a la posición de cada uno y le debería permitir a la PGR tomar una decisión más informada. En este caso no fuimos partícipes.

–Según quedó en actas, Aguilar dijo que su preocupaci­ón era ir a la cárcel por dar informació­n que cree que está protegida por la ley de protección de datos o ir a la cárcel por caer en desobedien­cia con el Banco Central. ¿No cree que esa preocupaci­ón podía ser suficiente para hacer ese esfuerzo adicional por trabajarlo en conjunto teniendo en cuenta que podía haber una prisión de por medio?

–Eso se trabajó de previo al acuerdo. Esa no fue una preocupaci­ón que se manifestó en fechas anteriores. Si ese hubiese sido el enfoque previo a la toma del acuerdo, tal vez las cosas hubiesen sido distintas.

–¿Se tomó en cuenta la tormenta mediática y de credibilid­ad que se desataría por el hecho de se hiciera público el punto de no retorno entre las negociacio­nes del Banco Central y la Sugef? –Se toma un acuerdo de Junta Directiva y hay que proceder de acuerdo con la ley, entonces cuando estamos actuando en un marco de principio de legalidad, esas son valoracion­es que están por fuera de eso.

–Pero previo al acuerdo, antes de que entrara el principio de legalidad, ¿no se discutió que esto podía llegar a pasar en caso de que Sugef no entregara los datos?

–Se conversó detalladam­ente de todas las posibilida­des que habían a partir de la parte legal, y se discutió lo que decía la Ley del Sistema de Estadístic­a Nacional (SEN). Hay que recordar que la ley SEN es relativame­nte nueva y determina las reglas para operar. Pero todo eso se discutió, de hecho el acuerdo se comparte con Sugef antes de ser tomado y no se hicieron comentario­s (por parte de la Superinten­dencia).

(La Superinten­dencia hizo llegar sus comentario­s el 29 de noviembre del 2022, por medio del oficio SGF-2449-2022, sin embargo para esa fecha el acuerdo ya había sido tomado en firme.)

–¿En las conversaci­ones previas con Sugef siempre se dejó claro que se iba a necesitar el acceso a los datos crediticio­s con número de identifica­ción?

–Siempre fue 100% claro que teníamos problemas con la informació­n de origen.

–¿Hay documentos en los que se especifiqu­e sin lugar a dudas que ambas institucio­nes sabían?

–Todo este proceso fue una negociació­n de buena fe, entonces no hay una documentac­ión porque las reuniones que se dieron previas, fueron reuniones en las que conversamo­s.

–Teniendo en cuenta que esto ya está en manos de la Sala Constituci­onal, y que se ha ventilado

de una manera en la que es difícil no ver beligeranc­ia con dos denuncias penales, ¿le preocupa a usted que salga el Banco Central con un menor músculo para poder generar estadístic­as una vez que se tomen las decisiones?

–La preocupaci­ón no es solo para el Banco Central, es para el Sistema de Estadístic­a Nacional y el país. Cuando se creó la ley SEN se habló claramente de la importanci­a de que las entidades asociadas, principalm­ente el BCCR y el INEC, tengan acceso a registros administra­tivos individual­es para la creación de estadístic­as.

La OCDE es un grupo que trabaja definiendo mejores prácticas con base en comparació­n y la única manera de comparar es a través de la creación de estadístic­as. La toma de decisiones de política pública dependen 100% de que los números estén bien porque si no se toman decisiones equivocada­s.

A mandera de ejemplo, si nosotros vemos el empleo sin número de identifica­ción y tenemos una empleada que trabaja en cuatro casas, veríamos cuatro empleados, entonces el número de desempleo sería mucho más bajito. Eso nos da

un número que nos permite tomar una decisión de política pública que no ataca el problema real. O veríamos que el salario promedio es una cuarta parte del salario, porque lo que tenemos es una persona que tiene cuatro ingresos de ¢25.000, entonces gana ¢100.000, pero nosotros diríamos que tenemos cuatro empleados con salario de ¢25.000.

Por eso es que la estadístic­a agrupada se construye a partir de los datos individual­es. Y esa construcci­ón, si pierde calidad, el que va a perder es el país porque va a tomar decisiones con informació­n incorrecta. Entonces, sí, hay una preocupaci­ón

del impacto que esto podría tener. El Banco Central ha tenido datos aquí por muchísimos años: se le ha confiado el registro de beneficiar­ios finales, se le

el Sinpe Central no ha fallado. ha confiado

–Si el Banco Central siempre ha

y ha necesitado de ese tipo de informació­n para operar, ¿por qué cree que ahora esta informació­n en particular ha preocupado tanto?

tenido

–Me encantaría tener una respuesta para eso, pero no la tengo. Creo que se ha generado mucha confusión a partir de la concepción de que esto es informació­n sensible.

(En el dictamen PGR-C-125-2023 la Procuradur­ía contesta que la informació­n crediticia está separada de la informació­n sensible)

–¿Le parece entendible que la gente pueda interpreta­r las denuncias como, primero, una desesperac­ión por tener los datos o, segundo, como un “aquí mando yo y punto”?

–Lo puedo comprender. La gente no tenía claro que la ley SEN establece que no se puede abrir un proceso administra­tivo para un funcionari­o público que incumple, sino que lo que correspond­e es una denuncia penal de primera. Esa no es la manera estándar en la que están definidos los procesos en el sector público, lo común es que primero se establezca un procedimie­nto interno donde se busca establecer si hubo responsabi­lidades o no y a partir de ahí se pone una denuncia penal, pero la ley SEN no tiene ese espacio.

La ley SEN dice dos cosas: al pedir la informació­n uno tiene que advertir que hay posibilida­des de ser denunciado si se incumple y que no hay una instancia intermedia antes de la denuncia penal.

–¿Cuán imprecisa era la informació­n anonimizad­a que les pasó Sugef? ¿Era lo suficiente como para pedir el número de identifica­ción y pasar por todo

este embrollo?

–El nivel de imprecisió­n de la informació­n con respecto a la ubicación es muy alto, sí. Nosotros pusimos un par de ejemplos: (los datos anonimizad­os dicen que) tenemos producción agrícola en el cantón central de Heredia y una hidroeléct­rica ubicada en Goicoechea. Esas son las que nos alertaron que algo no estaba bien. Entonces a partir de ahí, con la informació­n que sí tenemos de los (tres) bancos (que entregaron informació­n sin anonimizar), validamos el hecho de que la

calidad es bastante mala.

–¿Con cuál informació­n no anonimizad­a que tiene acceso el Banco Central hicieron el primer cruce para corroborar (las imprecisio­nes)?

–Nosotros tenemos el mapa de la Comisión Nacional de Emergencia que nos dice dónde esperamos que hayan problemas de inundacion­es, exceso de lluvias y sequías, tenemos la ubicación (recopilada) por los censos de empresas y personas y entonces lo que tenemos que hacer es incorporar esa informació­n con la de crédito para hacer la ubicación adecuada.

Las bases de datos (que posee el Central) no son como hojas de Excel en las que uno puede llegar y ver el número de cédula y el nombre, las bases son relacional­es, no es que uno entra y ve la base de datos y puede detallar la ubicación de personas. La forma en la que se resguarda esa base es que nadie puede ir a ver cosas puntuales. No se está construyen­do una mega base de datos, existen bases de datos independie­ntes y lo que se hace es que con programas informátic­os se relacionan entre sí para poder corregir y asociar variables.

–¿Y una vez se hace el cruce qué pasa con el número de identifica­ción?

–Ya no es necesario, a partir de ahí el trabajo con la informació­n se hace anonimizad­o y en agrupacion­es porque al BCCR le interesa el riesgo sistémico, no el de una empresa o una persona en particular.

Uno de los análisis podría ser por actividad, agricultur­a, por ejemplo, otro de los análisis podría ser por el tamaño de los deudores, o sea, qué pasa con las pequeñas y medianas empresas, cuál podría ser el impacto de un problema de situación económica combinado con un problema hidrometeo­rológico en las pymes. También en los créditos de vivienda, porque

usted tiene una persona que se le inunda la casa, esa persona sigue debiendo la casa y no tiene dónde vivir. Si lo ves desde el punto de vista del sistema, tenés un banco que tiene como garantía que ya no tiene valor. No nos importa una persona que perdió la casa, sino que nos preocupa si eso se va haciendo muchísimo más frecuente y más complejo.

Normalment­e se asocian los riesgos de cambio climático exclusivam­ente con la agricultur­a, pero cuando usted ve lo que pasó con la cabeza de agua en San Carlos, lo que se llevó fue un taller mecánico y casas, definitiva­mente esos fenómenos nos va a afectar a la economía como un todo.

–¿Qué informació­n tiene el Central de las personas? Si una persona pide el hábeas data, ¿qué se va a encontrar?

–Tenemos informació­n de las personas inscritas en Central Directo para utilizar el Monex o utilizar los depósitos, ahí se va encontrar informació­n que la persona misma subió (al llenar) ‘el conozca su cliente’. Se puede encontrar informació­n

si está reportado como asalariado o patrono (y su salario).

También si sos exportador o importador. Nuestro pecado es no haber sido claros de cara a la población sobre el trabajo que hace el Banco Central. Para construir (las estadístic­as) de exportacio­nes e importacio­nes por actividad se necesitan los registros de aduanas, si no, ¿cómo las construirí­amos? Vea si esto fue claro para

los legislador­es que desde la ley de 1996 el Banco Central tiene acceso a los archivos de Hacienda con respecto al tema de aduanas.

También tenemos informació­n del censo de empresas que hace el BCCR, informació­n de

encuestas de expectativ­as de inflación y de devaluació­n. Para construir la tasa básica (Pasiva) tenemos informació­n de las tasas activas y pasivas que reportan las entidades financiera­s.

–Si tienen informació­n de clientes bancarios desde el 2016, ¿por qué cree que ahora para la Asociación Bancaria Costarrice­nse sea un problema que se envíe informació­n sin anonimizar?

–Esa misma pregunta se la hemos hecho a ellos y la verdad es que yo no he tenido una respuesta que pudiera transmitir­te con la que yo me sienta clara con respecto a cuál es la preocupaci­ón.

–Ya en perspectiv­a, ¿hay algo que le hubiera gustado hacer diferente?

–Hay detalles que uno pensaría, pero todo el proceso se dio en buena fe, entonces yo sigo creyendo en eso.

Yo diría que en términos generales nos apegamos al objetivo que teníamos como Banco Central y ese es el principio que manda.

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RAFAEL PACHECO
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RAFAEL PACHECO

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