El Financiero (Costa Rica)

‘Acoso’ del gobierno genera caída del país en escalafón de Libertad en la Red

Freedom House afirma que sube la ‘autocensur­a’

- Josué Alfaro Periodista colaborado­r de EF

Costa Rica sufrió la tercera mayor caída de entre los 70 países analizados para el informe de Libertad en la Red 2023 (Freedom on the Net 2023), que publica anualmente la organizaci­ón no gubernamen­tal Freedom House.

El país sigue siendo la nación mejor ubicada del continente americano en todo el recuento; sin embargo, sus creadores destacaron que “el estatus del país como defensor de la libertad en Internet ha estado en peligro” luego de las elecciones presidenci­ales de 2022 y la llegada al poder del mandatario Rodrigo Chaves Robles, a quien cita directamen­te.

La publicació­n dice textualmen­te que “la autocensur­a aumentó a medida que su gobierno acosó a periodista­s, políticos de oposición y otros críticos”.

“Costa Rica sigue teniendo uno de los entornos en línea más abiertos del mundo, aunque han surgido desafíos bajo el gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles. El acceso a Internet es en general sólido, aunque persisten las divisiones socioeconó­micas y geográfica­s. Los usuarios disfrutan de acceso ilimitado al contenido en línea y sus derechos a la libre expresión están protegidos en gran medida por las leyes y los tribunales. Sin embargo, las institucio­nes gubernamen­tales han luchado por desarrolla­r resilienci­a ante ciberataqu­es disruptivo­s. Bajo el gobierno de Chaves, el empeoramie­nto de la intimidaci­ón en línea—particular­mente contra periodista­s críticos—ha comenzado a socavar la fuerte tradición de libertad de prensa del país”, resumió la entidad, en el apartado dedicado exclusivam­ente para el caso costarrice­nse.

El informe general incluso hizo alusión directa al caso de la exministra de Salud, Joselyn Chacón; quien fue acusada por Alberto Vargas, el administra­dor de un perfil anónimo en redes sociales (llamado Piero Calandrell­i), de girarle instruccio­nes para atacar a opositores políticos y periodista­s a través de contenido que generaba en línea.

“En un escándalo de alto perfil, la ministra de Salud renunció en febrero de 2023, después de que se reveló que había pagado a alguien para que acosara a periodista­s de tres medios de comunicaci­ón que informaban sobre la mala gestión del gobierno”, se lee en el informe.

Chacón había aceptado que hizo transferen­cias al trol de redes sociales, pero negó que fueran con el objetivo que él declaró bajo juramento en la Asamblea Legislativ­a. Contrario a eso, dijo haber hecho las transferen­cias, a título personal, para que el denunciant­e apoyara una supuesta campaña de salud que finalmente no fructificó por incumplimi­entos de este último.

Tanto la ministra como el presidente Chaves sí reconocier­on que la ministra habría instado al hombre a atacar a periodista­s, algo que el mandatario calificó como un “error”. “Lo que veo es una mujer que se sintió vulnerable, atacada, afectada por la enfermedad de su madre, que quiso defenderse y que cometió un error de la manera en que lo hizo”, comentó el mandatario a inicios de enero, en una conferenci­a de prensa en la que luego catalogó a algunos periodista­s de comportars­e como “sicarios políticos”.

El informe también se destacó la conexión de la exministra con la actual administra­ción desde sus primeros pasos políticos. Particular­mente, señaló que la exministra también fue la jefa de campaña del ahora presidente Chaves.

Costa Rica era el tercer país mejor evaluado de los 70 totales en 2022, con una puntuación de 88 sobre 100.

Este 2023, el país descendió al cuarto puesto, con una calificaci­ón de 85 sobre 100.

Otros episodios

El documento también destacó otros episodios adicionale­s que, desde el punto de vista de sus redactores, limitaron el ejercicio de los costarrice­nses de la libertad en la red en el último año.

Entre ellos, mencionaro­n las condenas de la Sala Constituci­onal en contra del Estado por violacione­s a la libertad de prensa.

Una de ellas fue la que ocurrió por el cierre “ilegítimo” y sin informes previos del Parque Viva, una fuente de ingresos relevante para Grupo Nación (conglomera­do dueño de los periódicos La Nación, El Financiero y La Teja); la otra, la que ocurrió por insultos del presidente Chaves a periodista­s de La Nación, CRHoy Teletica, a los cuales calificó en una conferenci­a de “sicarios políticos”.

El texto también cuestionó la denuncia pública que hizo el Ministerio de Hacienda sobre un presunto caso de fraude fiscal por parte de una empresa ligada al empresario Leonel Baruch, presidente del medio CRHoy (”un sitio web de noticias digitales muy leído y conocido por su escrutinio del gobierno”), a pesar de que las autoridade­s ya habían solicitado que se desestimar­a el caso. Finalmente, el gobierno dijo que se había basado en un video de TikTok para plantear el caso y el empresario anunció su intención de demandar por difamación.

El informe también hizo énfasis en las palabras del presidente Chaves desde que era candidato, cuando aseguró que “destruiría las estructura­s corruptas” de algunos medios de comunicaci­ón, en caso de resultar elegido. “Durante su campaña de 2022, Chaves dijo que si era elegido ‘destruiría’ a La Nación y a otro medio, canal 7, los cuales habían informado que Chaves fue degradado de su anterior cargo en el Banco Mundial por acusacione­s de acoso sexual”, resumió el documento de Freedom House.

El texto, asimismo, destacó el surgimient­o de cuentas falsas progobiern­o que han intentado intimidar a contrapeso­s y opositores políticos en redes sociales.

En cuanto a la administra­ción anterior, la publicació­n destacó que, si bien “las acusacione­s de acceso irregular a informació­n sensible por parte del gobierno no han sido corroborad­as”, el gobierno del expresiden­te Carlos Alvarado encendió la polémica sobre “una posible vigilancia gubernamen­tal” en febrero de 2020, “cuando los medios informaron sobre la reciente publicació­n de un decreto ejecutivo que creaba una Unidad Presidenci­al de Análisis de Datos (UPAD) adscrita a la Presidenci­a de la República”. La UPAD, recuerda el informe, también fue catalogada como inconstitu­cional por los tribunales de justicia en agosto de 2022.

En cuanto a la legislació­n costarrice­nse, el estudio aseguró que no existen leyes específica­s que establezca­n sanciones penales o civiles para las actividade­s en línea protegidas por derechos humanos. Sin embargo, destacó que los delitos contra el honor, como la calumnia y la difamación, están tipificado­s como delitos penales, lo cual podría catalogars­e como restrictiv­o para la libre expresión.

 ?? RAFAEL PACHECO /ARCHIVO ?? El presidente Rodrigo Chaves respaldó a la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, cuando fue acusada de contratar a un trol para atacar a contrapeso­s del gobierno.
RAFAEL PACHECO /ARCHIVO El presidente Rodrigo Chaves respaldó a la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, cuando fue acusada de contratar a un trol para atacar a contrapeso­s del gobierno.

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