Legisladores darán prioridad a 11 proyectos en materia de seguridad
‘EF’ resume la lista de prioridades presentadas por las distintas fracciones
La crisis de seguridad por la que atraviesa el país se sale de las manos de las autoridades. Ya se superó el récord de 700 homicidios y aún falta poco más de dos meses para que acabe el año.
De hecho, según la más reciente encuesta del CIEP UCR, para setiembre pasado, un 27,8% de la población consideró que la inseguridad y la delincuencia son los principales problemas del país. Además, un 62% de los consultados opinó que el gobierno de Rodrigo Chaves tiene “poca” o “ninguna” capacidad para resolverlos.
Para intentar hacerle frente a la coyuntura, los diputados, representantes de la Corte Suprema y de los ministerios de Seguridad y Justicia, definieron una hoja de ruta con varios proyectos de ley que serán prioritarios en la Asamblea Legislativa en las próximas semanas.
La idea es que este compilado de proyectos, denominado “Recuperemos Costa Rica”, avance lo más rápido posible, tomando en cuenta que en noviembre se inicia el periodo de sesiones extraordinarias, que es cuando el gobierno tiene el control de la agenda por tres meses. Se presentaron más de 30 proyectos de ley basados en tres ejes: lucha contra el dinero del delito y narco, normas penales y normas procesales penales.
Sentencias completas
Los diputados también recibieron una propuesta del Poder Judicial que plantea establecer las normas para la ejecución de la pena, es decir, el tratamiento de los delincuentes una vez sentenciados y que garantice el cumplimiento de la sentencia.
“La ley regula la ejecución de las sanciones penales y las medidas de seguridad, impuestas por los tribunales de justicia conforme las disposiciones constitucionales y legales, teniendo como finalidad asegurar su cumplimiento y procurar la inserción social de la persona sentenciada”, señala el documento.
Este proyecto ahora debe ser presentado por algún legislador para poder asignarle expediente y que empiece su discusión.
Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, comentó que lo importante no es priorizar los proyectos, sino avanzar en las iniciativas de manera coordinada entre los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
Otro de los planes mencionados en los últimos meses es la regulación de los llamados préstamos gota a gota (créditos informales).
Con el expediente 23.575 se pretende sancionar con entre seis meses y dos años o con de 20 a 80 días de multa a quien preste dinero a otra persona y se aproveche de su estado de necesidad para cobrarle intereses desproporcionados o solicitarle alguna garantía extorsiva.
Por otro lado, el proyecto plantea que también se sancionará con seis meses a dos años de prisión, o con veinte a ochenta días de multa a quien se dedica habitualmente o no al negocio de préstamos y sus respectivos cobros y no lleve la contabilidad según la ley.
Además, se plantea que cuando existan amenazas, privación de libertad o lesiones para cobrar estos préstamos se podrá sancionar al ofensor con una condena de tres a diez años de prisión. La pena será de cuatro a doce años si el delito es cometido por una estructura de crimen organizado.
Agenda del gobierno
Desde que empezó la administración de presidente Rodrigo Chaves, se les ha dado prioridad a cinco proyectos en materia de seguridad, pero no todos fueron incluidos en la agenda de los diputados.
Las iniciativas tienen que ver con la extradición de nacionales por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo; reformar la Ley de Control de Armas, modernización de las escuchas telefónicas para actividades criminales; adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad violenta y contener a los delincuentes que representan un peligro para la sociedad.
Con la llegada de las sesiones extraordinarias, los expedientes excluidos de la propuesta final podrían convocarse; dependerá del criterio del Ejecutivo.
Según Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo, los proyectos que se convoquen a partir de noviembre serán los que “más rápidamente impacten en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”.
Una de las propuestas más sonadas en la agenda del oficialismo es la reforma a la Ley de Armas y Explosivos (expediente 23.689), la cual establece que están inhibidas de portar y tener armas las personas que:
1 Estén cumpliendo una sentencia en prisión.
2 Hayan sido elevadas a juicio por delitos contra la vida, sexuales, contra la propiedad y la libertad, entre otros.
3 Tengan menos de 18 años (se autorizan armas de fuego para la práctica deportiva para mayores de 14 años que cuenten con autorización).
4 Tengan un impedimento mental o físico debidamente declarado por autoridad médica.
5 Posean antecedentes penales o policiales por delitos contra la propiedad, entre otros.
6 Se les hayan impuesto medidas de protección por conductas de violencia doméstica.
Se plantean penas de tres hasta cinco años de prisión a quien mantenga bajo su posesión, en forma ilegítima, un arma de fuego permitida que no se encuentre debidamente inscrita. La pena se agravará hasta en un tercio si se posee un arma de fuego inscrita a nombre de un tercero y ha sido reportada por el propietario como extraviada o sustraída.
También, se sentenciaría con de dos a cuatro años de prisión a quien porte un arma de fuego permitida, debidamente inscrita, pero sin contar con el debido permiso.
Finalmente, se impondrían penas de diez a sesenta días multa, a quien omita denunciar o reportar la pérdida, el extravío o la sustracción de un arma de fuego. Esta omisión generará la cancelación de la matrícula y el permiso de portación.
No hay tiempo que perder en la lucha contra la criminalidad y por ello se le dará vía rápida a la discusión de las propuestas urgentemente. Una vez que las iniciativas tengan viabilidad, no encontrarían mayores obstáculos en el Congreso.
Según Alejandro Pacheco, líder del PUSC, cada viernes en la reunión de jefaturas de fracción se dará seguimiento a los proyectos para su aprobación.