La información privada en poder del BCCR
Esta semana, El Financiero reporta qué tipo de información privada de individuos ha recibido el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y desde cuándo.
De forma semanal desde 2016, la entidad acoge datos de los activos y pasivos de todos los clientes de los intermediarios financieros. Más recientemente, el BCCR ha recibido la información de empleo y salarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y las declaraciones de impuestos y comprobantes electrónicos de los sistemas del Ministerio de Hacienda.
La polémica alrededor de la exigencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de recibir información personal privada sin anonimizar está lejos de ser resuelta. La realidad es que la reticencia de las entidades financieras a entregar dicha información trasciende las restricciones legales y constitucionales, como el resguardo del secreto bancario, y más bien responden a la desconfianza sobre el uso que el ente emisor le daría a dicha información y a su capacidad de resguardar su confidencialidad.
El BCCR tiene culpa en esta situación y, por el contrario, su accionar de las últimas semanas ha provocado una mayor inconformidad y desconfianza. Las explicaciones brindadas, lejos de aclarar las necesidades de uso de información identificable, ha traído mayores interrogantes, al punto que instituciones que antes proveían este tipo de información han dejado de suministrarla.
Por ejemplo, funcionarios del BCCR han dicho que los datos identificables en cuestión se requieren para construir indicadores como la tasa básica pasiva, la tasa activa negociada, la tasa pasiva negociada y la tasa anual máxima de interés, entre otras. Sin embargo, todos estos indicadores son promedios que requieren el monto de los depósitos y de los préstamos, pero no es necesario conocer la identificación de las personas, y esa información la han enviado las instituciones financieras por años. Es decir, este caso no debió haberse usado para justificar la necesidad de suministrar información sin anonimizar.
Otro ejemplo utilizado por el BCCR para exigir información confidencial se fundamenta en la necesidad para la realización de estudios económicos. Sin embargo, la ley invocada por el BCCR (Ley del
Sistema de Estadísticas Nacional cuyo ente rector es el Instituto Nacional de Estadística y Censos; el INEC), establece el requisito de brindar información privada para la construcción de estadísticas y no para realizar estudios. Además, en algunos de esos estudios citados por el BCCR en sendos documentos participaron investigadores externos a la institución sin que exista la confianza sobre el tipo de acceso y resguardo que se le dio a la información confidencial.
Por último, hace unos días, el BCCR organizó un evento virtual en conjunto con el director de estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En dicho foro, el representante de la OCDE insistió en la importancia de contar con información identificable para mejorar las estadísticas y promover mejores políticas públicas. Así, identificar a las personas con un número único permite cruzar distintas bases de datos, sin lo cual sería imposible relacionar fuentes de información y llegar a resultados.
Una conclusión de dicho evento es que, según la OCDE, lo que se requiere es un número único de identificación, pero no se necesita conocer a quién pertenece ese número. Los objetivos del BCCR de contar con información privada individualizada identificable se podrían alcanzar si se desarrolla una herramienta informática de encriptación en donde cada uno de los proveedores de la información le agregue una parte a un número de identificación único, de forma que la identidad original solo se podría recuperar si todas las partes se ponen de acuerdo para revelar su algoritmo, lo cual aseguraría la privacidad del individuo.
A pesar de que existen este tipo de soluciones, el BCCR ha decido forzar la entrega de la información privada por la vía judicial. Como consecuencia, en la Asamblea Legislativa se discuten reformas legales específicas para evitar que el BCCR cuente con este tipo de información y eliminar cualquier interpretación de leyes de carácter general sobre el uso de información privada para la construcción de estadísticas, lo cual es el argumento legal empleado por el BCCR para acusar penalmente a la Superintendenta General de Entidades Financieras y al Gerente General del Banco Nacional. Esta solución informática coincide con la opinión de la OCDE de que “a la estadística no le interesa identificar a las personas” y al mismo tiempo permitiría acabar con el morbo alrededor del mal uso que se le puede dar a información confidencial.