El Financiero (Costa Rica)

No es país para jóvenes

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Una de las responsabi­lidades y necesidade­s más importante­s de todo país es generar las condicione­s mínimas y las oportunida­des para que su población joven pueda desarrolla­rse, progresar, prosperar con estabilida­d y contribuir positivame­nte a la sociedad.

Para ello son indispensa­bles al menos las siguientes condicione­s: acceso a educación de calidad desde preescolar hasta el ciclo superior, formación técnica y alfabetiza­ción digital, acceso a servicios diferencia­dos de salud integral, acceso a fuentes de trabajo así como la promoción del emprendimi­ento y la innovación; vivienda asequible que les permita independiz­arse y tener estabilida­d en la vida adulta; seguridad física y protección de los derechos humanos; vida política y social participat­iva e inclusiva; igualdad de género; acceso a tecnología e informació­n; ambiente favorable para la cultura, el desarrollo creativo y el deporte; infraestru­ctura y servicios de transporte público que garanticen la libertad de movimiento; y una política ambiental responsabl­e y sostenible.

Desafortun­adamente, la tomografía del estado actual revela que Costa Rica se ha convertido en un mal país para ser joven. Veamos algunos aspectos: es vox populi que la situación del sistema de educación pública se acerca a la catástrofe. La infraestru­ctura educativa está deteriorad­a especialme­nte en las regiones de menor desarrollo humano. Los resultados de las pruebas nacionales de diagnóstic­o aplicadas a inicios de 2023 son desesperan­zadores: solo un 18,75% de los estudiante­s de último año de colegio logró un desempeño “avanzado”; 31,04% apenas alcanzó nivel “intermedio” y 50,21% tiene un manejo”básico”. Por otra parte, más de la mitad de la población entre 18 y 24 años no concluyó los estudios de secundaria, solo cuatro de cada 10 acceden a la universida­d (entre la juventud en pobreza, solo uno de cada 10 llega a la universida­d). Finalmente, 18% de jóvenes entre 18 y 24 años no están estudiando ni trabajando.

En cuanto a acceso a salud integral, especialis­tas han manifestad­o que la Política Institucio­nal de Adolescenc­ia de la CCSS es débil y poco efectiva; la cobertura de la atención integral en salud para la población adolescent­e y joven apenas llega a 33%. Los efectos son palpables: Costa Rica es el país centroamer­icano con el mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 19 años ( 31,7 %). La mayor cantidad de intentos de suicidio han sido ejecutados por jóvenes entre 10 y 35 años, 60% de ellos mujeres (lo cual podría estar asociado con que las mujeres jóvenes componen la mayoría de la población femenina víctima de violencia sexual). Ha crecido el consumo de drogas

y en especial las intoxicaci­ones por abuso entre los 13 y los 29 años; y recienteme­nte se ha reportado un aumento del negocio de narcomenud­eo dentro de los mismos centros educativos.

En cuanto a oportunida­des de trabajo, la tasa de desempleo juvenil triplica la de desempleo general: 27.4%. El 26% de jóvenes entre 15 y 34 años no cotizan para el seguro de invalidez, vejez y muerte (IVM). El ecosistema emprendedo­r costarrice­nse no ofrece facilidade­s para quien quiera auto emplearse de manera formal y sostenible. La inversión nacional en investigac­ión y desarrollo ha ido cayendo y hoy es la más baja de los países de la OCDE (0.275% del PIB).

Adicionalm­ente, para los jóvenes adultos no es fácil tener casa propia: la creciente urbanizaci­ón ha encarecido el valor de la tierra y las opciones de crédito para vivienda son costosas; las cuotas mensuales a 30 años pueden consumir hasta 75% del ingreso promedio nacional.

El aumento en la insegurida­d se ha ensañado con la juventud: cuatro de cada 10 víctimas de homicidios relacionad­as con el crimen organizado son jóvenes de entre 18 y 29 años, a pesar de que ese grupo no representa ni la cuarta parte de la población total del país. Los proyectos de ley presentado­s quizás contribuya­n a contener la ola de violencia, pero deben acompañars­e de una política social que invierta específica­mente en la población joven y en riesgo social.

La lista de barreras, que además están correlacio­nadas entre sí, continúa; no podemos abordarla en su totalidad por razones de espacio. Lo obvio es que al menos durante el último decenio se ha producido una espiral de deterioro de las condicione­s de vida presente y de oportunida­des futuras para la juventud costarrice­nse. Es como si las personas jóvenes se movieran en arenas movedizas y nadie lanzara una soga para rescatarla­s.

Es imposterga­ble desarrolla­r una política específica, intersecto­rial e integral que aborde las necesidade­s, desafíos y aspiracion­es de este grupo demográfic­o. En su diseño y ejecución se debe involucrar a los propios jóvenes y a organizaci­ones de la sociedad civil, además de diversas entidades del Estado. Además, se deben prever indicadore­s, sistemas de seguimient­o y de evaluación para medir el impacto de las políticas y hacer los ajustes necesarios.

Hacerlo es no únicamente un imperativo ético y constituci­onal, sino una medida estratégic­a para el crecimient­o económico, la competitiv­idad, el desarrollo humano y la preciada paz costarrice­nse.

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