El Financiero (Costa Rica)

Nuevo desafío de cara al cierre fiscal

- Carla Coghi ccoghi@deloitte.com Socia Directora de Deloitte Costa Rica

Los contribuye­ntes deberá enfrentar el cierre del año fiscal 2023. Es importante recordar que el periodo ordinario del impuesto a las utilidades comprende del 1.º de enero al 31 de diciembre de cada año, por lo que ya inicia la época de determinac­ión de esta obligación, la cual conlleva retos para los encargados de la contabilid­ad.

Uno de los desafíos es determinar correctame­nte el impuesto, para lo cual es necesario tener al día los cambios internos de la empresa, como podrían ser nuevos productos, implementa­ción de estrategia­s comerciale­s o ampliación de mercados. Además, es fundamenta­l considerar las modificaci­ones de la normativa fiscal y económica del país o países donde se desarrolle la actividad económica del contribuye­nte.

Para el próximo cierre fiscal se debe prestar especial atención a las implicacio­nes de la reforma del artículo 1.º de la Ley del Impuesto sobre la Renta (N° 7.092), que entró en vigencia con la publicació­n de la ley N° 10.381.

Este cambio obliga a revisar con detenimien­to dónde se están desarrolla­ndo las actividade­s económicas de los contribuye­ntes, porque, eventualme­nte, y dependiend­o de la situación de algunos ingresos, estos deberían considerar­se como no gravables.

Luego de que la Ley N° 10.381 reforzara el principio de territoria­lidad, los contribuye­ntes esperan que la norma se aplique tal y como se detalla en esta nueva legislació­n, a fin de evitar interpreta­ciones que podrían tener un impacto en la operación del contribuye­nte y que podrían terminar en procesos administra­tivos largos que son cuantiosos.

En el caso del sujeto pasivo es necesario recordar el concepto de “sustancia económica”, por lo que no se deben crear entidades de papel para distorsion­ar la realidad económica de los negocios.

Ahora bien, una adecuada sustancia económica se considera cuando una empresa: emplea recursos humanos acordes en número, calificaci­ón y remuneraci­ón para administra­r los activos de inversión y cuenta con recursos adecuados para el desarrollo de esta actividad en territorio nacional; toma decisiones estratégic­as y soporta los riesgos en territorio nacional e incurre en gastos.

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