Los casos más sonados de quiebras en el último lustro
Yanber, Aldesa y Viajes Colón: 3 empresas con insuficiencia patrimonial
El Juzgado Concursal ordenó que se abra un proceso de liquidación para la empresa Viajes Colón y todo su conglomerado de servicios turísticos.
Este proceso de quiebra, como ocurre en la mayoría de estos casos, llegó porque los tribunales detectaron que la compañía no contaba con los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones, incluidas deudas a acreedores públicos y privados.
Ante este tipo de condiciones, los tribunales optan por declarar la quiebra, al considerar que se trata de la salida más responsable para salvaguardar los derechos de la propia compañía y de las personas afectadas por esta.
El proceso de quiebra, en el caso de Viajes Colón, empezó por gestiones legales externas. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) realizó los trámites, al encontrar que la empresa le adeudaba altas cantidades, al igual que lo hacía con el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según publicó La Nación, los montos adeudados por Viajes Colón hasta el 24 de noviembre pasado, eran de ¢1.256 millones en cargas sociales y ¢556 millones en procesos administrativos con Tributación.
Sin embargo, los casos de “quiebra” no son aislados y también pueden surgir por iniciativa de las empresas, cuando perciben que ya no tienen mayores posibilidades.
EF le presenta los casos más llamativos de los últimos cinco años.
❚ YANBER
Yanber fue una empresa dedicada a la industria del plástico que llegó a contabilizar 65 años de operaciones en el país y que parecía sólida hasta que, en junio del 2015, acudió al Juzgado Concursal para solicitar un convenio preventivo que en ese momento intentaba evitar la quiebra.
Este trámite no logró su objetivo y, en febrero del 2016, el dueño de la compañía, Samuel Yankelewitz, terminó cediendo las acciones de la firma a 18 bancos privados como pago por el endeudamiento que la empresa no podía afrontar.
Una vez traspasada la compañía, su dirección fue asumida por nuevos empresarios, pero la empresa terminó cayendo en quiebra porque se detectaron maquillajes contables.
Esa situación provocó investigaciones legislativas y judiciales (estas últimas, por los presuntos delitos de estafa contra entidades financieras), pues los acuerdos aceptados por los bancos habrían resultado ruinosos para estos.
Según la sentencia de quiebra de la compañía, solo el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica lograron recuperar parte del dinero que les adeudaba la compañía; pero el pasivo que dejó sin atender era de $70 millones hasta ese momento.
De ese total, hasta $14 millones correspondían al Ministerio de Hacienda y la CCSS.
❚ ALDESA
Aldesa fue una empresa de asesoría bursátil que también trabajó directamente en el mercado de valores.
Los problemas financieros de la compañía se hicieron palpables en marzo del 2019, cuando Javier Chaves, presidente de la compañía, acudió a instancias judiciales alegando problemas de liquidez que ameritaban un plan de reestructuración.
Aldesa planteó suspender por tres años los pagos a un grupo de más de 500 inversionistas de proyectos inmobiliarios de naturaleza privada, por unos $200 millones. Entretanto, la compañía esperaba reorganizar sus finanzas y cerrar su puesto de bolsa, que había dejado de ser rentable.
La empresa tenía problemas de endeudamiento con varios de sus proyectos, incluido el desarrollo inmobiliario Monte del Barco (en Papagayo, Guanacaste), una iniciativa de corte turístico de 432 hectáreas de terrenos que terminó siendo calificada como “inviable” por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) en junio del 2022 y nunca logró edificar un solo inmueble.
Pese a planes de la entidad para intentar enmendar sus problemas, Aldesa fue declarada en quiebra por el Juzgado Concursal. Esto ocurrió en julio del 2022.
En ese momento, se dio por abierto el concurso para la fase de liquidación de las empresas que formaban parte del grupo de interés económico y se dio un plazo de 15 días a los inversionistas para apersonarse si deseaban ser beneficiarios de la liquidación de las propiedades y aún no eran parte de algún otro proceso de reparación.
Ante la situación de insolvencia, desde 2019 muchas personas afectadas denunciaron a Aldesa y su administración ante las autoridades judiciales y ante la Sugeval, alegando que habrían sido víctimas de infracciones a normas bursátiles y de una presunta estafa con negocios ruinosos.
Estas investigaciones ya se tradujeron en una acusación por parte de la Fiscalía contra 22 personas, así como en multas millonarias por parte de la Sugeval en contra de la compañía y seis de sus exfuncionarios.
❚ BANCRÉDITO
Este no fue un caso de quiebra en términos estrictos, pues se trató de una institución estatal. Por eso, no siguió los mismos procedimientos que las empresas privadas en los juzgados concursales.
El Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) fue cerrado por la Asamblea Legislativa en setiembre del 2018, luego de que se determinó su condición de insolvencia, a pesar de que gobiernos anteriores intentaron aplicarle planes de salvamento.
La situación del banco estatal empeoró por la emisión de préstamos riesgosos a empresas, lo cual profundizó sus pérdidas.
La entidad financiera le debía ¢132.000 millones al Ministerio de Hacienda, recibidos por la entidad para intentar paliar sus problemas financieros.
Antes de su cierre, el Conassif había ordenado la intervención del Banco y, en marzo del 2018, se determinó que la institución era inviable. A partir de este proceso, el gobierno de turno decidió plantear la absorción de Bancrédito por parte del Banco de Costa Rica.
Como parte de su cierre, Bancrédito liquidó a los 149 empleados que quedaban en la entidad, devolvió sus ahorros a sus clientes y tanto la cartera de crédito como sus inmuebles pasaron al BCR.
Este caso también fue trasladado al Poder Judicial y la Fiscalía acusó, este año, al expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018) junto a otros cuatro funcionarios, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.
Se les cuestiona por las inversiones de dinero público en la institución, a pesar de su debilidad comprobada. El trámite judicial sigue en curso.
Insuficiencia patrimonial
Cuando una persona o empresa enfrenta dificultades económicas y no posee los recursos para hacer frente a sus deudas, tiene la opción de declararse en insuficiencia patrimonial. Este paso desencadena un proceso concursal, el cual tiene consecuencias tanto para el deudor como para sus acreedores.
Lo importante de este proceso es que le ofrece al deudor la protección legal y la oportunidad de reorganizar su situación financiera. El objetivo es que, de manera transparente, enfrente las deudas y proteja los derechos de los acreedores involucrados.
Para llevar a cabo este proceso, es importante conocer que la Ley Concursal de Costa Rica (9.957) establece en su artículo 5 las condiciones para determinar si una persona o empresa está en este tipo de situación.
Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero, explicó que el término “quiebra” ya no se utiliza. Ahora lo correcto es llamarlo “insuficiencia patrimonial”.