Cartel de licitación para red de alta velocidad 5G va a paso lento en Sutel
Documento no se ha publicado ni tampoco normas complementarias
El cartel para que operadores privados de telecomunicaciones ofrezcan servicios inalámbricos de quinta generación (5G) sigue pendiente de publicación.
La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), a cargo del diseño y realización de la licitación de las frecuencias, aún no lo publica. La meta de la entidad era elegir las compañías adjudicatarias este mes, tras el análisis de las ofertas, para enviar la recomendación al Poder Ejecutivo.
El borrador del cartel recibió diferentes tipos de observaciones por parte de operadores y otros entes interesados, en julio pasado.
Un estudio de mercado (de este 2023) y una propuesta de incentivos para estandarizar las normas de despliegue de infraestructura (noviembre pasado) apuntan a un desafío mucho mayor: los trámites municipales.
“Con los reglamentos municipales no se logran principios simétricos”, afirma Edwin Estrada, abogado consultor en telecomunicaciones.
Eso debería resolverse con la Ley para Incentivar y Promover la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones en Costa Rica (N.° 10.216), aprobada en el 2022. El problema es que el reglamento de esta ley aún no ve la luz.
Tampoco, otros reglamentos complementarios a cargo de los ministerios de Obras Públicas y de Hacienda, que permitirían incluir ductos para redes de telecomunicaciones en los proyectos de obras públicas y para permisos en bienes e inmuebles del Estado.
Sutel considera necesario contar con un esquema de incentivos que promuevan la adopción de la normativa existente, reglamentos estandarizados e indicadores comparativos.
“Una vez aprobado el reglamento de la Ley 10.216, hace falta definir una política pública y trabajar con las municipalidades porque muchas desconocen esa ley”, advirtió Estrada.
En junio anterior, la organización 5G Américas informó de que las conexiones de 5G alcanzan 1.200 millones en el mundo y que llegarían a 1.900 millones al término del 2023, y a 6.800 millones en el 2027.
A nivel global se contabilizaban 267 redes 5G comerciales, de las cuales 14 están en América del Norte y 28, en América Latina y el Caribe.
Diagnóstico del caos
Los estudios recalcan varias situaciones que enfrenta el despliegue de redes de telecomunicaciones y que afectarían las de 5G de operadores privados.
1 Alta concentración de radiobases en pocos cantones. El 51% de los sitios de radiobases para telefonía móvil se concentran en 17 cantones: San José, Alajuela, San Carlos, Pérez Zeledón, Puntarenas, Pococí, Cartago, Santa Cruz, Heredia, Desamparados, Escazú, Limón, Nicoya, Sarapiquí, Turrubares, Santa Ana y Liberia.
2 Alta heterogeneidad en despliegue de fibra óptica.
La fibra óptica es fundamental para la conexión de los equipos de emisión de señal de 5G.
El estudio de Sutel encuentra que hay una alta heterogeneidad en la disposición de la fibra óptica y que apenas ocho cantones superan los 1.000 kilómetros de fibra óptica por cada 100.000 habitantes.
En un cantón (Cartago) se tenían más de 3.600 kilómetros de fibra óptica. El segundo lugar (San José) apenas supera los 2.100 kilómetros y el tercero (Alajuela), los 1.100 kilómetros.
En otros cinco cantones (Desamparados, Escazú, Santa Cruz, Santa Ana y El Guarco) apenas se superan los 600 kilómetros. El resto de cantones están por debajo de este nivel. 3
Municipalidades ‘pellizcadas’. Los cantones que suelen atraer más inversión en infraestructura de telecomunicaciones tienden a establecer más reglas o requisitos locales para la instalación de radiobases y el despliegue de redes de fibra óptica.
En el polo opuesto estarían algunos cantones con menor instalación o inversión en infraestructura de telecomunicaciones, probablemente con el deseo de llevar más inversión en radiobases y fibra óptica. 4
Cargas innecesarias y demoras.
Los principales problemas que se presentan a nivel municipal, con respecto a los trámites para instalar infraestructura de telecomunicaciones, son:
Carga innecesaria de requerimientos sobre información a la que la municipalidad ya tiene acceso.
Demoras en tiempos de respuesta sin causa justificada.
Discrecionalidad y falta de transparencia de los procesos; la decisión de otorgar el permiso puede que no esté sujeta a criterios técnicos.
Los reglamentos tienen vacíos o dan espacio a interpretaciones subjetivas de los funcionarios, quienes suelen pedir documentos o trámites adicionales a los establecidos en la regulación.
Para obtener obtener la documentación exigida (usos de suelo, energía y agua, planos de catastro y otros que pida el funcionario municipal), se debe recurrir a diferentes instancias. No hay una ventanilla única (y menos, digital).
Falta de coordinación interna en las municipalidades.
Desconocimiento de los funcionarios municipales sobre las diferencias entre permisos para la construcción de una torre de telecomunicaciones y permisos para construcción de postes para despliegue de fibra óptica.
Rechazo de algunos municipios a la instalación de postes o la instalación de infraestructura.
Reglas preferenciales al operador incumbente (el Instituto Costarricense de Electricidad). El Instituto toma ventaja: ya anunció la comercialización de sus servicios 5G para el 2024.
5 Normativa nacional.
Existe normativa a nivel nacional en este campo (Ley N.° 10.216), cuyo propósito es ordenar y armonizar las normas de infraestructura de telecomunicaciones. También pretente que las entidades públicas que intervienen en los trámites y requisitos trabajen de manera coordinada. Además, que el rector del sector (el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones) paute los criterios técnicos y las disposiciones relacionadas con el despliegue de infraestructura.
Existe, además, un amplio conjunto de leyes, reglamentos y resoluciones relacionadas con el asuntoque establecen tres principios fundamentales:
Que la infraestructura de telecomunicaciones tiene relevancia que excede la esfera cantonal.
Que la regulación del sector es una competencia nacional (no cantonal).
Que las “normas locales no pueden exceder lo que es de alcance nacional”.
6 Desorden normativo.
Aun así, el estudio de mercado de Sutel identificó que hay 33 reglamentos utilizados por las municipalidades.
“Una empresa que desea llevar a cabo despliegues en diferentes zonas del país debe conocer y adaptar las disposiciones de hasta 33 reglamentos”, dice el documento.