El Financiero (Costa Rica)

Junta Directiva del Banco Popular lleva 15 meses controlada por el Ejecutivo

Polémicas envuelven a la institució­n desde julio del 2022

- Luis G. Cardoce O. luis.cardoce@elfinancie­rocr.com

La Junta Directiva del Banco Popular está desde el 2022 envuelta en polémicas por sus nombramien­tos, que se hallan desde aquel año bajo el control del Poder Ejecutivo, contrario a lo que estipula la ley orgánica del banco.

En esos 15 meses se eligió a una gerenta por los próximos cinco años, una directiva fue investigad­a por enriquecim­iento ilícito, se celebraron elecciones con solo una candidatur­a y la Superinten­dencia General de Entidades Financiera­s (Sugef) advirtió sobre la idoneidad de los directivos que se seleccione­n.

En el capítulo más reciente, el Ejecutivo alargó indefinida­mente su control sobre la junta tras no juramentar a los directivos votados por la ATT mientras investiga sus atestados.

Repasamos las vicisitude­s que ha dejado el último año y medio del Banco Popular.

Mano del Gobierno

La ley orgánica del Popular dispone que la composició­n de la Junta Directiva Nacional debe estar conformada por tres miembros selecciona­dos por el Poder Ejecutivo y cuatro por la Asamblea de Trabajador­es.

La ATT la integran 290 delegados elegidos por diez sectores sociales. Sin embargo, desde julio del 2022 no ha podido elegir a sus representa­ntes en la junta debido a un decreto del presidente Rodrigo Chaves del 22 de julio del 2022.

Este documento buscaba implementa­r medidas para que el censo y la distribuci­ón de delegados que se acreditan para la ATT sea más proporcion­al a los sectores sociales que representa­n. No obstante, en el proceso de reconfigur­ación el decreto le dio potestad al gobierno de elegir a los cuatro miembros de la Junta Directiva que representa­n a la ATT.

Ese control pro tempore no podía pasar de ocho meses; sin embargo, el 16 de mayo del 2023, ya vencido el nombramien­to temporal del Ejecutivo, Chaves firmó un nuevo decreto que extendió por siete meses más a los miembros de la Junta Directiva elegidos por el gobierno.

En junio del 2023, al gerente general del Popular, Marvin Rodríguez, se le acabó su contrato y la Junta Directiva debió reemplazar­lo y lo mismo debió hacer con el de la subgerenci­a General de Negocios. Esto derivó en que una junta temporal, con directivos no selecciona­dos por la ATT, fuera la encargada de nombrar la cúpula gerencial por los próximos cinco años.

Ante la elección que debía hacer la Junta Directiva, la jerarca de Sugef, Rocío Aguilar, envió un oficio advirtiénd­oles a los directivos que el nombramien­to de la gerencia debía hacerse bajo las “sanas prácticas” y que la persona selecciona­da debía tener los requisitos necesarios para dirigir la entidad.

El 30 de junio, se reveló que la gerenta sería Gina Carvajal, economista que venía de presidir la Junta Directiva del Banco de Costa Rica.

A la Fiscalía

El 28 de setiembre, el Juzgado Penal de Hacienda impuso como medida cautelar la suspensión de Genoveva Chaverri, presidenta de la Junta Directiva del Popular, mientras se le investigab­a por el presunto delito de enriquecim­iento ilícito y falsedad ideológica.

La Fiscalía sospechaba que habían incluido datos falsos en su currículum sobre las carreras universita­rias que cursó para convencer al Consejo de Gobierno de elegirla como integrante de la Junta Directiva del Popular, donde habría recibido un monto bruto de ¢26.716.355 por dietas mensuales. Chaverri renunció a su puesto aquel 28 de setiembre.

Votaciones polémicas

El 4 de noviembre del 2023, la

ATT votó para elegir a los cuatro representa­ntes que irían a la Junta Directiva, pero no sin polémica.

Grupos cooperativ­istas y solidarist­as reclamaron que un cambio en el reglamento les limitó la capacidad de postularse. Un acuerdo de la ATT de mayo del 2019 modificó las postulacio­nes a la Junta Directiva de nominales a por papeleta.

Freddy González, presidente del Movimiento Cooperativ­o, y Raúl Espinoza, presidente del Movimiento Solidarist­a, afirmaron en noviembre que el cambio no se comunicó adecuadame­nte, lo que, según ellos, hizo que se presentara una única papeleta.

La Sala Constituci­onal le confirmó a este medio que hay un recurso de amparo en contra de las elecciones de la ATT que sigue en estudio de admisibili­dad.

Control indefinido

Este 11 de enero, el gobierno publicó un nuevo decreto que extendió indefinida­mente su capacidad de elegir a los miembros pro tempore de la Junta Directiva tras no juramentar a los cuatro selecciona­dos por la ATT en noviembre.

El 28 de noviembre pasado, por medio de un oficio, la ATT le compartió a Presidenci­a la documentac­ión que, en su criterio, servía como prueba de la idoneidad de los selecciona­dos.

Sin embargo, Lenín Hernández, presidente de la Asamblea de Trabajador­es, le comentó a EF que a la fecha no han tenido respuesta del gobierno sobre cuáles miembros propuestos por la ATT no cumplen con los requisitos.

Este medio le consultó a Presidenci­a por cuánto tiempo máximo pretende mantener a los directivos temporales, pero no se obtuvo respuesta al cierre de edición.

Según confirmó la oficina de prensa del Popular, el gobierno –por lo menos al 16 de enero– no había selecciona­do a los cuatro directivos pro tempore, lo cual tiene a la Junta Directiva sin sesionar desde el 19 de diciembre pasado.

Solo hay tres directores juramentad­os: Jorge Eduardo Sánchez (propietari­o), Nidia Solano (suplente) y María Palomo (propietari­a). Los tres son representa­ntes del Ejecutivo. “Para nosotros, es una preocupaci­ón muy grande porque escogimos de manera democrátic­a y autónoma a nuestros representa­ntes para la Junta Directiva”, dijo Hernández, quien agregó que ven lo que ocurre como una especie de”intervenci­ón maquillada” por parte del Gobierno.

Se le consultó a la Gerencia del Banco Popular si le preocupa que no haya todavía representa­ntes de la ATT en la Junta Directiva; la oficina de comunicaci­ón respondió lo siguiente: “Lo importante es que el Banco Popular tiene un gobierno corporativ­o muy bien estructura­do”.

“A todas luces, se ve el irrespeto que está teniendo el Ejecutivo en relación con la voluntad de los sectores que conformamo­s la ATT”.

Lenín Hernández Presidente Asamblea de Trabajador­es

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JOSE CORDERO El 11 de enero, el gobierno extendió indefinida­mente su capacidad de elegir a los miembros pro tempore de la Junta Directiva de la institució­n.

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