TSE visualiza más voto electrónico en las próximas elecciones
Tribunal se ampara en el poder que le da la Constitución de dictar cómo se vota en el país
Las elecciones municipales del 2024 se perfilan como el inicio de una era de transición y evolución en el voto al que los costarricenses están convocados cada dos años para elegir autoridades nacionales y locales.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ejecutará un plan piloto de voto electrónico a través de la “papeleta única electrónica” (PUE), que podría convertirse en la nueva forma de ejercer el sufragio en Costa Rica, ante la creciente falta de miembros de mesa.
Esta decisión, sin embargo, ha desatado oposición en algunos sectores. Mientras tanto, el TSE apela a su poder constitucional para definir la forma de votar e intenta dar confianza en el sistema, que ha sido probado en otros países.
El punto de partida para promover el voto electrónico es solventar una situación que se presenta desde los años 90, pero que se agudizó en la última década: cada vez menos ciudadanos participan como miembros de mesa, esas personas que están en cada junta receptora de votos recibiendo a los votantes y que tienen a cargo el conteo de los sufragios al cierre de la jornada.
Menos miembros significan menos manos para contar votos y un proceso más lento. Es por eso que, tras una reforma legal en 1996, el TSE está autorizado a sustituir las tradicionales papeletas por dispositivos electrónicos, siempre y cuando cumplan dos características: seguridad y confiabilidad.
En el 2002, el Tribunal creó la figura de auxiliares electorales, que son agentes designados por la institución para velar por que la junta receptora realice de manera correcta sus funciones. No obstante, en las presidenciales del 2022, casi el 40% de juntas careció de representación partidaria y estuvo a cargo de auxiliares.
Según datos del TSE, en las municipales del 2020 los partidos propusieron a 25.414 personas como integrantes de mesas, cifra que bajó a 18.802 para las nacionales dos años después.
La ley establece que cada junta debe contar con tres miembros propietarios y tres suplentes, pero apenas llegan a cubrirse los primeros.
La del 2010 fue la última elección donde todas las juntas tuvieron al menos un representante partidario, contó Héctor Fernández, director general del Registro Electoral. Para la elección municipal de este año, de cerca de 6.500 juntas, solo 900 están integradas por representantes partidarios, el 14%.
Al TSE le preocupa la agilidad del conteo y la entrega de resultados. La intención de introducir máquinas es para facilitar el trabajo de los miembros de mesa. En el 2022, por ejemplo, el primer corte de las 8:00 p.m. se dio con solo el 14% de las juntas escrutadas.
“Ese primer corte con 14% empieza a aumentar la tensión por el segundo, el tercero, el cuarto… ¿Qué pasa si seguimos bajando y ni siquiera podemos saber cuáles partidos van a una segunda ronda? El riesgo de alterar la paz social y trasladar esa presión más de una semana durante el escrutinio es lo que no queremos”, aseguró Fernández.
La propuesta del TSE
La alternativa que propone el Tribunal Supremo de Elecciones es una máquina que se asemeja a una pantalla táctil y cuya función es imprimir el voto.
El voto válido sigue siendo esa papeleta que el elector deposita en la urna luego de que la máquina lo imprime.
La papeleta que se usa lleva un chip incorporado que graba el voto y sirve para comprobar que este corresponde con lo que la persona seleccionó digitalmente. La máquina lee el chip solo si se acerca a 1,5 centímetros o menos.
La máquina no cuenta y no tiene memoria, tampoco muestra la hora, no trabaja en red y tiene puertos deshabilitados. Todo va a estar en un DVD donde está el sistema operativo y la oferta electoral. El Tribunal garantiza que no hay posibilidad de hackeo.
Fernández aseguró que el TSE consideró varias opciones, incluida la máquina brasileña que sí guarda el voto, pero se decantaron por el modelo que aplicarán en el plan piloto pues el voto válido sigue estando impreso y los miembros de mesa son quienes deciden si es válido o es nulo.
En la máquina brasileña, el ciudadano debe confiar en que lo que eligió es lo que se guardó efectivamente como su voto, pues no recibe ninguna prueba que lo respalde. Al final de la votación, los encargados de mesa imprimen un tipo de váucher con los resultados que la máquina computa.
Otro aspecto que defiende el TSE es que la máquina que está aplicando en Costa Rica no es un prototipo, sino que ya ha sido probado en elecciones en otros países y el dispositivo ha tenido mejoras.
A futuro, el TSE visualiza este método de voto como la nueva norma en Costa Rica, pero todo dependerá de los resultados del plan piloto en las elecciones municipales.
De tener éxito, la entidad hará los estudios de mercado para calcular los costos de expandir la aplicación en tres escenarios: a 1.000, 2.000 y 3.000 mesas. Este último número representaría tener voto electrónico en casi la mitad de las juntas electorales del país.
Fuerzas opuestas
El proyecto de la PUE no ha caído bien en todos los sectores. Una de las voces críticas es la del diputado David Segura, del Partido Nueva República (PNR), quien presentó un recurso de reconsideración para que el TSE anulara su propia decisión de aprobar el Manual General de la Implementación de la PUE.
El TSE, sin embargo, rechazó el recurso y determinó que es improcedente.
Los reclamos también han llegado hasta la Sala IV. Esa instancia ha recibido un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad contra esta tecnología. El primero ya fue rechazado y el segundo todavía está en estudio.
Uno de los argumentos esgrimidos por los recurrentes es que la implementación del voto electrónico violenta la legalidad de las votaciones.
El abogado constitucionalista Esteban Alfaro afirmó que llevar este caso a la Sala IV expone una limitación competencial y la descartó como una vía correcta para intentar detener este proceso.
Fernández admitió que preveían resistencia y reclamó que en redes sociales hay falta de información. No obstante, el TSE ampara su actual en el poder que le da la Constitución.
“En Costa Rica, por disposición del artículo 9 de la Constitución Política, el TSE tiene competencia exclusiva y excluyente en materia electoral. Es como si fuese un poder de la República más y en materia electoral tiene la última palabra”, comentó Alfaro.
Otro de los argumentos que se usan contra el voto electrónico es su costo.
El plan piloto de la PUE implica una inversión de $1,9 millones, pero el TSE asegura que si se implementara en todo el país el costo no aumentaría en la misma proporción pues el servicio es el mismo, solo que con más máquinas.
El Tribunal aún no tiene la estimación del precio por tener la PUE en las más de 6.000 mesas, para lo que necesita un estudio. Como referencia está el costo que asume Paraguay, de $500 por mesa, pero se contrata para dos elecciones, por lo que la inversión se diluye.
La intención de la entidad sería también tener un solo contrato para dos elecciones: una municipal y una presidencial. La logística total de una elección con papel ronda entre $10 y $11 millones. Para el 2024, solo la impresión de papeletas costó más de $2 millones.
No obstante, el funcionario afirmó que con la venta de servicios del TSE de solo un año se sufraga el costo de implementar el voto electrónico.
En la práctica, el TSE es la última instancia para intentar detener esta tecnología, pero un canal abierto para los opositores es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, contó Alfaro. No obstante, es un proceso engorroso y lento, con requisitos complicados.