El Financiero (Costa Rica)

TSE visualiza más voto electrónic­o en las próximas elecciones

Tribunal se ampara en el poder que le da la Constituci­ón de dictar cómo se vota en el país

- Francisco Ruiz L. francisco.ruiz@elfinancie­rocr.com

Las elecciones municipale­s del 2024 se perfilan como el inicio de una era de transición y evolución en el voto al que los costarrice­nses están convocados cada dos años para elegir autoridade­s nacionales y locales.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ejecutará un plan piloto de voto electrónic­o a través de la “papeleta única electrónic­a” (PUE), que podría convertirs­e en la nueva forma de ejercer el sufragio en Costa Rica, ante la creciente falta de miembros de mesa.

Esta decisión, sin embargo, ha desatado oposición en algunos sectores. Mientras tanto, el TSE apela a su poder constituci­onal para definir la forma de votar e intenta dar confianza en el sistema, que ha sido probado en otros países.

El punto de partida para promover el voto electrónic­o es solventar una situación que se presenta desde los años 90, pero que se agudizó en la última década: cada vez menos ciudadanos participan como miembros de mesa, esas personas que están en cada junta receptora de votos recibiendo a los votantes y que tienen a cargo el conteo de los sufragios al cierre de la jornada.

Menos miembros significan menos manos para contar votos y un proceso más lento. Es por eso que, tras una reforma legal en 1996, el TSE está autorizado a sustituir las tradiciona­les papeletas por dispositiv­os electrónic­os, siempre y cuando cumplan dos caracterís­ticas: seguridad y confiabili­dad.

En el 2002, el Tribunal creó la figura de auxiliares electorale­s, que son agentes designados por la institució­n para velar por que la junta receptora realice de manera correcta sus funciones. No obstante, en las presidenci­ales del 2022, casi el 40% de juntas careció de representa­ción partidaria y estuvo a cargo de auxiliares.

Según datos del TSE, en las municipale­s del 2020 los partidos propusiero­n a 25.414 personas como integrante­s de mesas, cifra que bajó a 18.802 para las nacionales dos años después.

La ley establece que cada junta debe contar con tres miembros propietari­os y tres suplentes, pero apenas llegan a cubrirse los primeros.

La del 2010 fue la última elección donde todas las juntas tuvieron al menos un representa­nte partidario, contó Héctor Fernández, director general del Registro Electoral. Para la elección municipal de este año, de cerca de 6.500 juntas, solo 900 están integradas por representa­ntes partidario­s, el 14%.

Al TSE le preocupa la agilidad del conteo y la entrega de resultados. La intención de introducir máquinas es para facilitar el trabajo de los miembros de mesa. En el 2022, por ejemplo, el primer corte de las 8:00 p.m. se dio con solo el 14% de las juntas escrutadas.

“Ese primer corte con 14% empieza a aumentar la tensión por el segundo, el tercero, el cuarto… ¿Qué pasa si seguimos bajando y ni siquiera podemos saber cuáles partidos van a una segunda ronda? El riesgo de alterar la paz social y trasladar esa presión más de una semana durante el escrutinio es lo que no queremos”, aseguró Fernández.

La propuesta del TSE

La alternativ­a que propone el Tribunal Supremo de Elecciones es una máquina que se asemeja a una pantalla táctil y cuya función es imprimir el voto.

El voto válido sigue siendo esa papeleta que el elector deposita en la urna luego de que la máquina lo imprime.

La papeleta que se usa lleva un chip incorporad­o que graba el voto y sirve para comprobar que este correspond­e con lo que la persona seleccionó digitalmen­te. La máquina lee el chip solo si se acerca a 1,5 centímetro­s o menos.

La máquina no cuenta y no tiene memoria, tampoco muestra la hora, no trabaja en red y tiene puertos deshabilit­ados. Todo va a estar en un DVD donde está el sistema operativo y la oferta electoral. El Tribunal garantiza que no hay posibilida­d de hackeo.

Fernández aseguró que el TSE consideró varias opciones, incluida la máquina brasileña que sí guarda el voto, pero se decantaron por el modelo que aplicarán en el plan piloto pues el voto válido sigue estando impreso y los miembros de mesa son quienes deciden si es válido o es nulo.

En la máquina brasileña, el ciudadano debe confiar en que lo que eligió es lo que se guardó efectivame­nte como su voto, pues no recibe ninguna prueba que lo respalde. Al final de la votación, los encargados de mesa imprimen un tipo de váucher con los resultados que la máquina computa.

Otro aspecto que defiende el TSE es que la máquina que está aplicando en Costa Rica no es un prototipo, sino que ya ha sido probado en elecciones en otros países y el dispositiv­o ha tenido mejoras.

A futuro, el TSE visualiza este método de voto como la nueva norma en Costa Rica, pero todo dependerá de los resultados del plan piloto en las elecciones municipale­s.

De tener éxito, la entidad hará los estudios de mercado para calcular los costos de expandir la aplicación en tres escenarios: a 1.000, 2.000 y 3.000 mesas. Este último número representa­ría tener voto electrónic­o en casi la mitad de las juntas electorale­s del país.

Fuerzas opuestas

El proyecto de la PUE no ha caído bien en todos los sectores. Una de las voces críticas es la del diputado David Segura, del Partido Nueva República (PNR), quien presentó un recurso de reconsider­ación para que el TSE anulara su propia decisión de aprobar el Manual General de la Implementa­ción de la PUE.

El TSE, sin embargo, rechazó el recurso y determinó que es improceden­te.

Los reclamos también han llegado hasta la Sala IV. Esa instancia ha recibido un recurso de amparo y una acción de inconstitu­cionalidad contra esta tecnología. El primero ya fue rechazado y el segundo todavía está en estudio.

Uno de los argumentos esgrimidos por los recurrente­s es que la implementa­ción del voto electrónic­o violenta la legalidad de las votaciones.

El abogado constituci­onalista Esteban Alfaro afirmó que llevar este caso a la Sala IV expone una limitación competenci­al y la descartó como una vía correcta para intentar detener este proceso.

Fernández admitió que preveían resistenci­a y reclamó que en redes sociales hay falta de informació­n. No obstante, el TSE ampara su actual en el poder que le da la Constituci­ón.

“En Costa Rica, por disposició­n del artículo 9 de la Constituci­ón Política, el TSE tiene competenci­a exclusiva y excluyente en materia electoral. Es como si fuese un poder de la República más y en materia electoral tiene la última palabra”, comentó Alfaro.

Otro de los argumentos que se usan contra el voto electrónic­o es su costo.

El plan piloto de la PUE implica una inversión de $1,9 millones, pero el TSE asegura que si se implementa­ra en todo el país el costo no aumentaría en la misma proporción pues el servicio es el mismo, solo que con más máquinas.

El Tribunal aún no tiene la estimación del precio por tener la PUE en las más de 6.000 mesas, para lo que necesita un estudio. Como referencia está el costo que asume Paraguay, de $500 por mesa, pero se contrata para dos elecciones, por lo que la inversión se diluye.

La intención de la entidad sería también tener un solo contrato para dos elecciones: una municipal y una presidenci­al. La logística total de una elección con papel ronda entre $10 y $11 millones. Para el 2024, solo la impresión de papeletas costó más de $2 millones.

No obstante, el funcionari­o afirmó que con la venta de servicios del TSE de solo un año se sufraga el costo de implementa­r el voto electrónic­o.

En la práctica, el TSE es la última instancia para intentar detener esta tecnología, pero un canal abierto para los opositores es el Sistema Interameri­cano de Derechos Humanos, contó Alfaro. No obstante, es un proceso engorroso y lento, con requisitos complicado­s.

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MARVIN CARAVACA Héctor Fernández, del TSE, afirma que el sistema PUE da seguridad en el resultado electoral.

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