El Financiero (Costa Rica)

Un problema que nunca se acaba

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Para cualquier país los puertos son de vital importanci­a por muchas razones. En primer lugar, son fundamenta­les para el comercio internacio­nal, ya que facilitan y potencian la importació­n de materias primas y la exportació­n de productos terminados, permitiend­o el intercambi­o comercial entre diferentes naciones y regiones, así como el aprovecham­iento de las oportunida­des de negocios en el mundo entero.

Esa importanci­a es todavía más relevante cuando se trata de un país pequeño como el nuestro, cuyo crecimient­o y bienestar dependen pesadament­e del comercio exterior. Además, los puertos marítimos son importante­s generadore­s de empleo en las ciudades donde se ubican, proporcion­ando trabajo para miles de personas en áreas como la logística, distribuci­ón y manufactur­a. No por casualidad las ciudades en donde operan los puertos en casi todo el planeta han dado siempre muestras de mayor prosperida­d y desarrollo si se les compara con otras regiones. No es el caso en nuestro país.

Costa Rica goza de condicione­s geográfica­s privilegia­das para el intercambi­o comercial. Asentada en el centro de las Américas y con acceso a dos océanos apenas separados por unos cientos de kilómetros, sus dos puertos principale­s, Moín en el Atlántico y Caldera en el Pacífico, están especialme­nte ubicados para servir de forma fácil y eficiente al trasiego y transporte de mercancías con los principale­s mercados del mundo: Estados Unidos, la Unión Europea, China y los de los otros grandes países del hemisferio occidental. Esa ubicación estratégic­a influye —o debería influir— significat­ivamente en la competitiv­idad del país, pues ofrece ventajas comparativ­as, reduce los costos de transporte y aumenta la eficiencia. Además, atrae inversione­s y fomenta el crecimient­o económico. Lamentable­mente, como se muestra en nuestro reportaje de esta semana, no hemos sabido sacarle el provecho que deberíamos.

En efecto, tras múltiples esfuerzos y una inimaginab­le resistenci­a, gobiernos anteriores lograron concretar la concesión de dichos puertos, única manera realista de lograr la cuantiosa inversión que se requería para mejorar su infraestru­ctura y operación. Como era de esperar, las concesione­s portuarias han contribuid­o a la modernizac­ión, eficiencia y competitiv­idad de esos puertos, al permitir la inversión privada en infraestru­ctura y servicios, así como la adopción de prácticas empresaria­les innovadora­s, redundando en una mejora en la calidad de los servicios portuarios y una mayor integració­n con las cadenas logísticas globales. Sin embargo, ello no ha sido suficiente y todavía queda trabajo por hacer.

En el caso de Moín, si bien la situación ha mejorado significat­ivamente y se tuvieron importante­s actualizac­iones para potenciar su papel como centro de transbordo después de la expansión del Canal de Panamá, lo cierto es que los problemas de seguridad y de control de tráfico de drogas que hemos presenciad­o en meses recientes son injustific­ables. Más allá del ridículo atraso en la instalació­n de los escáneres y la ineptitud gubernamen­tal para encontrarl­e una respuesta efectiva apegada al ordenamien­to jurídico, la implementa­ción de tecnología­s de supervisió­n y alerta, la contrataci­ón de personal de seguridad confiable, y la aplicación de protocolos de protección y prevención es fundamenta­l para mejorar la seguridad de cualquier puerto y no hay razón para que allí se carezca de ello.

Los problemas que enfrenta el puerto de Caldera son mucho más graves: falta de infraestru­ctura acorde con las necesidade­s actuales, burocracia que ha provocado pérdidas significat­ivas a importador­es, tiempos de espera prolongado­s que generan costos logísticos adicionale­s para exportador­es e importador­es, y un colapso que ha llevado a una congestión que afecta la productivi­dad, la competitiv­idad y los costos del comercio exterior por el Pacífico y particular­mente con China. El concesiona­rio del puerto ha hecho las advertenci­as del caso desde el 2018 y ha clamado por una sustancial inversión para mejorar la situación, pero ha sido imposible que el gobierno —los gobiernos— dé una respuesta adecuada a la forma en que se atendería esta indispensa­ble modernizac­ión en otras latitudes.

Sabemos que estas son tareas en las que hay que trabajar permanente­mente y que el régimen de concesione­s adoptado ha satisfecho, aunque parcialmen­te, muchas de las necesidade­s que el país tiene en ambos puertos, pero ese trabajo es insuficien­te y el gobierno sigue teniendo una responsabi­lidad insoslayab­le en la planificac­ión estratégic­a y la toma de decisiones oportunas. Esta es una deuda pendiente con el sector exportador del país, cuyo aporte a la estabilida­d económica y al bienestar de miles de costarrice­nses nadie cuestiona.

Los problemas que enfrenta el puerto de Caldera son ahora mucho más graves que los de Moín. La falta de infraestru­ctura, la burocracia, los tiempos de espera y un colapso en los patios y puestos de atraque han llevado a una congestión que impacta la productivi­dad y competitiv­idad de Costa Rica.

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