Hacienda insiste en renta global mientras población rechaza más tributos
Encuesta de la UCR revela postura de los ticos
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, insiste en la importancia de aplicar reformas al impuesto sobre la renta e instaurar el sistema popularmente conocido como “renta global”.
Entre otras cuestiones, este modelo permitiría gravar a las personas por todas sus ganancias laborales en conjunto (independientes y asalariadas) y subiría a un 30% la tasa que pagan las pequeñas y medianas empresas (pymes), que actualmente pueden liquidar solo entre un 5% y un 20%, si reportan ingresos anuales inferiores a ¢120 millones.
Sin embargo, el escenario no es el óptimo si se toma en cuenta a la opinión pública. En caso de que el Poder Ejecutivo quiera seguir empujando este cambio, tendrá que hacerlo frente a una población esquiva a cambios que impliquen subidas tributarias.
Así lo determinó un estudio publicado por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) en diciembre del año pasado. Determinó, con base en una encuesta aplicada en octubre, que hasta un 69% de la población cree que el desempeño del gobierno administrando impuestos es “malo” y hasta un 60,4% considera que en el país se tributa demasiado para la calidad de los servicios públicos que se reciben.
El estudio también determinó que hasta dos de cada tres costarricenses ni siquiera estarían dispuestos a pagar más aranceles para mejorar la infraestructura del país, a pesar de los beneficios que ello generaría en términos de calidad de vida y de productividad.
Este estudio contempló entrevistas a una muestra de 631 personas mayores de 18 años, para una cobertura del 97% de esa población, según se lee en la metodología; así como un error de muestreo de 1,8 puntos porcentuales.
Rechazo
Las opiniones negativas en materia de impuestos, sin embargo, no son una cuestión única de este momento. Por el contrario, son usuales.
Basta con recordar las opiniones de la población en setiembre del 2018, en plena época de shock para las finanzas públicas estatales.
Según las encuestas de opinión política del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) en aquel entonces, hasta un 86% de la población calificaba la situación fiscal del país como “muy grave” en aquel y un 11% como “algo grave”.
Sin embargo, las soluciones que implicaran nuevos impuestos eran poco populares.
La mayoría de la población (un 55%) decía estar en desacuerdo con la afirmación de que una solución al problema era “recortar gastos y cobrar más impuestos al mismo tiempo, pues no alcanzaba con ninguna de ellas por separado”; mientras que soluciones como recortar el gasto público o evitar la evasión fiscal eran mucho más populares.
El 93% de los encuestados, de ese entonces, consideraba que se debían “recortar gastos del gobierno antes que aprobar más impuestos”; mientras que un 81% apuntaba a “cobrar mejor los impuestos que ya existían sin crear nuevos”.
La única posible solución aprobada por la ciudadanía, era la posibilidad de instaurar o aumentar los gravámenes a personas y grupos más adinerados. Nueve de cada diez encuestados en aquella época decía estar a favor de una solución a la crisis fiscal que implicara “cobrar más impuestos a los que más ganan”.
Hace seis años finalmente se aprobó la reforma fiscal impulsada por el gobierno de Carlos Alvarado. Esta implicó cuestiones como la instauración del impuesto al valor agregado (IVA) en lugar del viejo impuesto de ventas, el establecimiento de impuestos sobre ganancias de capital y la fijación de la regla fiscal para frenar el crecimiento del gasto público en momentos de estrechez financiera.
Ahora, la situación fiscal es menos crítica, pero la opinión de la población sobre reformas que impliquen subidas de impuestos son desfavorables.
Además, persisten opiniones altamente extendidas de que la evasión de impuestos es un problema importante y de que existen pocos castigos para quienes lo hacen.
De acuerdo con la más reciente encuesta publicada, un 64,5% de la población piensa que la principal causa de los problemas financieros del Estado es la evasión; al mismo tiempo que un 53,4% asegura que es “poco” o “nada” probable que una persona o empresa sea sancionada por no pagar correctamente sus obligaciones fiscales.
Renta global
¿Qué propone el gobierno actual en materia de impuestos? El plan de renta global que impulsa el Ejecutivo implica subidas y reducciones de impuestos para diferentes sectores.
El gobierno plantea: Establecer un modelo cedular, en el cual una misma persona pague por todas sus rentas al mismo tiempo y ya no por separado, con diferentes tarifas.
Subir a un 30% la tasa que pagan las pymes, que actualmente pueden tributar entre un 5% y un 20% cuando registran ingresos inferiores a los ¢120 millones anuales.
Equiparar el mínimo exento de renta para los trabajadores asalariados e independientes, aumentando el límite de los segundos de unos ¢344.000 a unos ¢929.000 mensuales.
Establecer un impuesto del 15% sobre las rentas de no residentes, que actualmente se gestiona como el Impuesto sobre las Remesas al Exterior.
Según Acosta, la reforma planteada sería la primera enmienda integral sobre el esquema tributario, que está vigente desde 1988 y se podría considerar “arcaico”.
“La Ley del Impuesto sobre la Renta actual es de 1988 y solamente tenemos reformas parciales”, afirmó el jerarca ante los diputados de la comisión especial que analiza la propuesta de enmienda.
“Hay que entender que había un sistema económico muy diferente al que existe hoy; en 1988 era incipiente el concepto de las zonas francas, por ejemplo, y había mucha más imposición basada en la producción y menos en los servicios”, dijo en ese foro.
En su criterio, el concepto actual de renta se aplica sobre diferentes productos, no permite tasar a las personas y las empresas sobre su verdadera capacidad de pagar impuestos.
“¿Qué significa esto? Que una persona que tiene diferentes fuentes de ingreso no necesariamente va a pagar lo que podría. Una persona que tiene únicamente un salario puede que pague más que una persona que tiene un salario más bajo y también rendimientos de capital; y eso tiene trascendencia, porque no se está capturando la capacidad contributiva real y no es justo, porque las personas no están pagando en función de su ingreso efectivo, sino de manera distorsionada”, apuntó
La viceministra de Ingresos, Priscila Zamora, señaló que con el nuevo modelo que propone Hacienda, cada persona estaría “sujeta a un único impuesto para los distintos tipos de renta”, y que únicamente conviene separar las rentas pasivas de las personas físicas para evitar fugas de inversiones.
“Esto es lo que en ocasiones anteriores se hablaba de renta global ‘dual’ (...) sacar un pedazo de esa base imponible, que es una base especial, en el caso único de las personas físicas, y darles un tratamiento diferenciado con una tasa menor, con la finalidad de que no haya un incentivo para que estos capitales dejen de ser invertidos en el país”, concluyó.
Las rentas pasivas son aquellas que no se derivan directamente del trabajo y responden a cuestiones como ingresos por alquileres, rendimientos de instrumentos financieros y similares.
Diputados de fracciones como el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA) han criticado la subida de la tasa menor a las pymes y cuestionan que el gobierno niegue que parte del proyecto implica subir la carga impositiva a un sector de la población.
La legisladora verdiblanca Paulina Ramírez incluso aseguró que deberían mantenerse tarifas bajas, tomando en cuenta que la mera unión de rentas laborales (independientes y asalariadas) implicará un aumento en la recepción de ingresos estatales.
Actualmente, el plan gubernamental apenas está en etapa de comisión.