‘Otros’, la opaca categoría que el Banco Central quiere desvelar
Ente emisor requerirá para ello la identificación de quiénes compran y venden dólares
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) requerirá el número de identificación de todas las personas que compren o vendan dólares en las ventanillas privadas a partir abril.
El fin, dice, será identificar qué hay detrás de la cuenta “Otros”, una clasificación de transacciones que ha levantado polémica en las últimas semanas debido a su opacidad y al aumento de su monto.
En los últimos seis años, casi la mitad de operaciones cambiaras privadas han caído bajo el velo de “Otros” sin poder ser identificadas correctamente.
¿Qué es?
Aunque suele llamarse una “cuenta”, se trata más de una categorización. Cada vez que una persona (física o jurídica) compra o vende dólares en el mercado privado (bancos, cooperativas, mutuales, casas de cambio o financieras), debe registrarse el motivo de la transacción para que sea compartido con el BCCR.
Hay 29 categorías (exportaciones, importaciones, pago de salarios, remesas; tarjetas de crédito) y está “Otros”, que agrupa las operaciones que no pertenecen a ninguna de las otras 28. El problema está en que las reglas actuales son laxas es su categorización, lo cual permite que haya imprecisión en los datos.
Para comenzar, quién categoriza las compras depende de cada intermediario. En algunas lo hace la entidad financiera por medio de la información – a veces limitada – que posee de sus clientes y en otras es el usuario quien lo hace. Esto entorpece que haya uniformidad en los registros. Además, no es posible clasificar una sola transacción con dos motivos.
Entre el 2017 y el 2023, “Otros” acumuló el 48% de los orígenes y el 45% de los destinos de las transacciones cambiarias privadas.
La polémica
En las últimas semanas han aumentado las solicitudes para esclarecer cuál es el origen de esa categoría debido al crecimiento en su volumen y la posible apreciación del colón que algunos creen que está propiciando.
Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), publicó en un artículo de opinión, en La Nación, que “es imperativo entonces que el Banco Central detalle de manera transparente el origen e importancia de la partida Otros”.
José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), también criticó la opacidad en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio. “Al decir ‘Otros’, sin ninguna justificación, puede haber dinero de todo tipo. El Banco Central debería pedirles a los bancos el desglose (...)”.
El aumento en la inseguridad y los temores por una posible sofisticación de estructuras criminales – narcotráfico, principalmente – han hecho que algunos teman que el incremento en la entrada de dólares al mercado costarricense tenga que ver con el auge de actividades ilícitas.
Róger Madrigal, presidente del BCCR, mencionó en conferencia de prensa el 19 de febrero que, de momento, no han encontrado evidencia de que el superávit de divisas venga del narcotráfico u otras actividades ilegales. Sostuvo que el mayor flujo de la moneda extranjera se explica por factores económicos como el crecimiento del turismo, las exportaciones y la inversión extranjera.
También agregó que no tienen indicios de que existan flujos de dineros ilícitos escondidos en la categoría “Otros”.
Revelar la información
Para esclarecer el origen de los movimientos, el BCCR acordó pedirles a las entidades financieras que le compartan el número de identificación de todas las transacciones cambiarias que hagan sus clientes.
Entonces será el Banco Central el que cruzará esa información con bases de datos que ya posee – también con número de identificación – para asignar una actividad económica a cada una de las compras o ventas de dólares.
En general, los datos en posesión del BCCR se pueden dividir en dos tipos: los registros administrativos que obtiene de otras entidades (información bancaria, salarial y hacendaria) y la información que recopila directamente de la población, ya sea porque son usuarios de sus servicios – como el Central Directo – o porque la brindaron por medio de encuestas.
Entre la nueva información que recibirán está, además de la cédula, el identificador único de la transacción, nombre del servicio a través del cual se ejecutó la operación, provincia, cantón, entre otros.
Posición de los bancos
El Financiero le consultó a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) cuál es su posición con respecto a la necesidad de enviar las transacciones con número de cédula, dado que en el 2023 se opuso a compartir información individualizada de sus clientes.
“La organización gremial solicitó al BCCR garantía de utilizar la información en estricto apego al objetivo del requerimiento, sin obviar que la institución pública es un competidor de la banca comercial en el mercado de divisas”, respondió la ABC por medio de un comunicado de prensa.
Mario Gómez, asesor jurídico de la Asociación, agregó que el Banco Central tiene el poder, y el deber, de administrar y resguardar adecuadamente la información que se le suministrará de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales que protegen el uso de los datos de las personas.
En setiembre del 2023, la ABC instó a sus entidades asociadas a no compartir con el BCCR información financiera con número de identificación de ahorrantes y deudores, a pesar que desde el 2016 y el 2018, respectivamente, lo hacían de forma semanal.
Esta decisión se tomó después de que estallara la polémica por solicitudes de información crediticia con alto detalle y sin anonimizar que el Central les hizo a todos los intermediarios financieros. Actualmente dicha solicitud está siendo evaluada por la Sala Constitucional.
Ante consultas hechas por este medio, el BAC respondió que su posición es la misma que la de la ABC; el Banco de Costa Rica (BCR) comentó que ya trabaja en los ajustes necesarios para enviar dicha información.
La oficina de prensa del Banco Popular informó de que esta entidad respeta lo que definen los órganos de dirección superior del sector y el Banco Nacional mencionó que la solicitud está amparada en el artículo 86 de la Ley Orgánica del BCCR, pero le piden al ente emisor que custodie “con el mayor cuidado y recelo” la información que le remitan los intermediarios.
“Es una clasificación inadecuada del origen o el destino de los fondos”.
Hazel Valverde Gerenta general del BCCR