Proyecto busca bajar impuesto a electrodomésticos, automóviles y otros
Iniciativa reforma tributo selectivo de consumo
En 1972, el gobierno liderado por José Figueres Ferrer aprobó un impuesto dirigido a bienes que en ese momento eran considerados de lujo, pero que cinco décadas más tarde prácticamente son de primera necesidad o de uso popular.
Champús, jabones, televisores, lavadoras o cremas de afeitar están sujetas al impuesto selectivo de consumo; se trata de una lista de bienes que actualmente pagan tarifas que van desde el 5% hasta el 95% de su valor de importación o fabricación.
Si bien esta ley se reformó 10 años después, lo cierto es que hoy parece necesitar más ajustes.
Actualmente, hay un proyecto de ley, presentado por el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP) Jorge Dengo, que pretende reducir esas tasas a una casi universal del 5%. Únicamente los cigarrillos y otros derivados del tabaco tendrían un trato diferente.
“El impuesto está conceptualmente desfasado. Lo importante es que se determine cuáles deberían ser las tarifas adecuadas y cuáles bienes deberían estar afectos y por qué, procurando una rebaja en los impuestos que se traduzca en productos más baratos para la gente”, explicó el diputado proponente.
La tarifa a pagar está relacionada con la partida arancelaria de cada producto, en el caso de los bienes importados, y el precio de venta al contado del fabricante, si se trata de un producto gravado elaborado en Costa Rica. Por ello, hay escalas distintas actualmente; es decir, no es un tributo global, como el del valor agregado.
Según el Ministerio de Hacienda, la liquidación del impuesto es mensual y funciona así:
Cuando se trata de importaciones, el pago se realiza en el momento previo a desalmacenar las mercancías.
En la venta de mercancías de producción nacional sujetas al impuesto selectivo de consumo, los fabricantes deben liquidar y pagar el impuesto durante los primeros quince días de cada mes, por todas las ventas efectuadas en el mes anterior.
El impuesto se autoliquida mediante el formulario D-106, disponible en el sitio web de Hacienda.
“El impuesto golpea directamente los costos porque las empresas lo tienen que asumir; no hay forma de reducirlo, a menos que sea a través de un tratado de libre comercio, y afecta los precios de las mercancías. Definitivamente, tiene que actualizarse”, señaló Jaime Morales, gerente de comercio exterior de la firma Grant Thornton.
En números
Es difícil cuantificar cuál sería el efecto real que el cambio tendría en los precios de los productos, porque el espíritu de la ley busca modificar solo las tarifas vigentes; no es una reforma del cobro o administración del impuesto.
“Este impuesto no se ve reflejado en la factura de compra como tal, ni es que los precios de los bienes bajarán un 30% o un porcentaje determinado, sino que va a depender de la partida arancelaria y la tarifa actual aplicada al bien en específico”, precisó Bernal Alfaro, especialista en derecho de la firma Leus Legal.
Los vehículos son de los bienes más castigados por este impuesto, ya que la tasa impositiva va desde el 23% hasta el 48%. El porcentaje depende del uso del automotor o de si el modelo es nuevo o usado.
Peso en la recaudación
En el 2023, el impuesto selectivo de consumo tuvo un peso del 4,3% en el total de recaudación por ingresos tributarios del Gobierno. En términos monetarios, significó ¢274.395 millones.
Estas cifras representan un crecimiento del 26,3% y una diferencia de ¢57.083 millones (0,1% de la producción del 2023) con respecto al mismo periodo del 2022; sin embargo, se debe tomar en cuenta que los datos del 2022 no están completos debido al ataque cibernético que sufrió Hacienda a mediados de ese año.
Al revisar las cifras de los últimos años, la recaudación de este tributo en el 2023 fue la segunda más alta desde el 2017.
El Financiero le consultó a Hacienda su posición sobre esta posible reforma; sin embargo, al cierre de edición no emitió criterio. La cartera aseguró que el 22 de febrero recibió el proyecto para su análisis.