Semiconductores: Una oportunidad de oro
El plan para convertir a Costa Rica en el “Silicon Valley” de la región latinoamericana, o al menos en un eslabón importante de la cadena, tiene mucho sentido.
Las razones abundan. Por un lado, las condiciones geopolíticas actuales, enmarcadas en los conflictos surgidos de la relación entre Estados Unidos y China, así como en las limitaciones y riesgos evidenciados durante la pandemia de la covid-19, han favorecido una restructuración profunda de las cadenas globales de valor y la relocalización de los centros de producción de algunos sectores de alta tecnología en áreas más cercanas (nearshoring) y más amigables (friendshoring) al mercado norteamericano.
Por otro lado, esta transformación, promovida abierta y claramente por el gobierno estadounidense sin distingo de partidos políticos, empata fácilmente con la política comercial y de atracción de inversiones que por décadas ha regido en el país, gobierno tras gobierno, hasta convertirse, dichosamente, en una política de Estado.
Pocos cuestionan ya la necesidad y conveniencia de la apertura comercial, la seguridad jurídica que brindan los acuerdos comerciales o el papel fundamental que juegan los incentivos que contempla el régimen de zonas francas.
Asimismo, el establecimiento de Intel en suelo nacional desde hace casi treinta años y su positiva experiencia otorgan un sello de garantía en cuanto al cumplimiento de condiciones mínimas para lograr ese cometido.
Así, junto con México, Costa Rica es quizás el país mejor posicionado en la región para sacar ventaja de las nuevas realidades.
La reciente visita de la Secretaria de Comercio de los EE.UU., Gina Raimondo; la designación de Costa Rica como un país seguro para invertir en la producción de semiconductores en el 2023; y la asignación de fondos de la denominada Chips Act, vigente desde agosto del 2022, en un monto considerable para que la Universidad Estatal de Arizona establezca programas de entrenamiento y capacitación de la fuerza laboral en materia de semiconductores en países del continente, son todas señales inequívocas de la apuesta de aquel país en las ventajas que aquí se ofrecen.
Con todo, no debemos ignorar que para ser exitosos enfrentamos grandes retos internos: la disponibilidad de mano de obra calificada es insuficiente para atender la demanda que podría generarse; existen limitaciones importantes en el suministro de energía de calidad a costos razonables; la infraestructura física, así como la conectividad y el transporte público, evidencian rezagos mayúsculos; y la maraña burocrática que nos carcome parece insondable.
Ninguno de esos problemas es nuevo, como tampoco lo son las dificultades que hemos tenido para lograr acuerdos que nos permitan avanzar al paso que las circunstancias exigen.
La capacidad del gobierno para corregir las evidentes falencias de su gestión y reorientar sus esfuerzos hacia objetivos de mayor calado estará a prueba.
Finalmente, tampoco pueden obviarse las implicaciones que esta nueva modalidad de integración podría tener para la política exterior del país y el multilateralismo.
Hasta ahora, Costa Rica ha sabido mantener un delicado balance con las tres potencias económicas: Estados Unidos, la Unión Europea y China, tanto a través de los acuerdos que tenemos con cada uno de ellos como con el sistema multilateral y los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), siendo estos últimos cruciales para el país, dada su pequeñez y debilidad frente a esos socios más grandes y poderosos.
Socavar el multilateralismo, por más dificultades que hoy esté sufriendo, o embarcarnos en un distanciamiento forzado con alguno de esos socios comerciales, no son buenas noticias.
Es posible que no tengamos alternativa, pero es importante que tomemos consciencia de las consecuencias de esa decisión.