Las razones de los autobuseros

No es el negocio la principal preocupación de los empresarios, según dicen, sino el empleo, los requerimientos de la población discapacitada y el óptimo servicio

“¿Quince mil empleos?

Eso es cerrar el servicio completo. Absurdo. Si el negocio es tan malo, que devuelvan las líneas para licitarlas. Es más, que participen en el concurso, pero si llegan otros ofreciendo el servicio más barato, les van a ganar”, sentenció el ex regulador general DennisMeléndez frente a lasnuevas razones esgrimidas por los autobuseros para impedir la aplicación del nuevo modelo tarifario, desarrollado a lo largo de años y tres veces defendido en la Sala Constitucional.

Según el Foro Nacional deTransporte Público, la aplicación del modelo costará esos 15.000 empleos y, además, no podrán invertir en el mantenimiento de las rampas para discapacitados ni en la renovación de la flotilla. No es el negocio la principal preocupación de los empresarios, sino el empleo, los requerimientos de la población discapacitada y el óptimo servicio al cual tiene derecho el usuario.

Meléndez no se traga el cuento. La metodología reconoce la depreciación de los autobuses hasta el sétimo año y eso no conduce al envejecimiento de la flotilla. Las nuevas disposiciones tan solo parten de una realidad incuestionable: los autobuses no pasan al basurero después de siete años de servicio. Siguen utilizándose hasta los 15 años y siempre hay empresarios más modestos interesados en comprar equipos usados.

El exregulador estimó como una “bajeza” argumentar una afectación a los discapacitados y señaló que el modelo toma en cuenta el bajo costo de mantenimiento de los autobuses nuevos durante los primeros tres años de operación, por razones obvias.

Mario Badilla, vocero del Foro, no supo explicar cómo calcularon el número de supuestos despidos y admitió que se trata tan solo de una “estimación”. Esa estimación se estrella contra el reto lanzado por Meléndez: si el negocio es así de malo, devuelvan las concesio- nes. Menos especulativos son los millones de viajes semanales pagados por los usuarios, entre ellos los costarricenses más humildes, para llegar a sus trabajos. Son ellos los beneficiarios de una metodología justa, ojalá basada en datos independientes y no los informes de demanda presentados por los propios empresarios.

Pero el Foro tiene otros argumentos: si la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) insistiera en el nuevo modelo, “nos obligaría a una situación de huelga”. Los autobuseros ganarían por la fuerza lo que no han podido lograr en la Sala Constitucional y en interminables rondas de conversaciones.

Un paro del transporte público tendría graves implicaciones para el país. De eso no cabe duda, pero el miedo no puede ser razón para permitir el abuso. Si se llegara a un paro, el gobierno debe estar preparado para garantizar la continuidad del servicio y emprender las acciones previstas por ley. Quizá, en esa circunstancia, en lugar de devolver las concesiones, como sugiere el exregulador, los empresarios podrían ponerlas en riesgo de ser canceladas, si acaso, porque muchos de ellos están en condición de simples permisionarios.

En un artículo reciente, publicado en este diario, Meléndez reveló: “Se sospecha que las tarifas actuales, fijadas con una metodología obsoleta, en muchos casos pueden ser hasta un 40% más altas de lo que deberían”. Para cerrar el artículo, el exregulador declara: “Y después nos preguntamos por qué tenemos tan mala distribución del ingreso en el país. Es hora de actuar para disminuir tanta expoliación a las clases más pobres”. En efecto, es hora de hacerlo y la demora no puede justificarse más tiempo, aun bajo amenaza de huelga. Las autoridades no deben intimidarse y un paro, si a eso se llega, bien vale la pena para resolver problemas de tan larga data.

Si esas razones no bastan y la Aresep insistiera en aplicar el nuevo modelo tarifario, “nos obligaría a una situación de huelga”, afirman