Prisionera de un grillete electrónico durante 92 horas
ACaminar con un aparato atrae no solo miradas curiosas, sino que genera desconfianza y temor entre las personas . Aunque la periodista se salió de la zona permitida, el dispositivo pocas veces alertó
Estoy en una pequeña sala dentro del edificio de la Policía Penitenciaria, en San José centro. Estoy sentada frente a Nilson Gomes, encargado de colocar las tobilleras electrónicas a los reos.
Soy Katherine Chaves Ríos. Tengo 23 años y unas cuantas deudas por pagar. Un día se me presentó una oferta “buena” en remuneración, pero bastante comprometedora: meter droga a una cárcel.
Las circunstancias de la vida me hicieron animarme y hoy lo estoy pagando.
Me sentenciaron a andar cinco días monitoreada con una tobillera electrónica. ¿Por qué tan poco tiempo? Porque, en realidad, esto es solo un experimento periodístico. RVEA RECUADRO
Como parte del ejercicio, el Ministerio de Justicia me dio cita para colocarme el dispositivo el lunes 13 de marzo, a las 6 p. m.
Gomes tiene que hacerme una entrevista para determinar cuál es mi arraigo domiciliar y laboral, pero, por tratarse de una prueba, omite esa parte. Tampoco hace la ficha policial (tomar fotografía, apuntar peso y estatura).
Me pregunta en cuál pierna quiero llevar el dispositivo. Le indico que en la derecha y, sin mucha demora, el funcionario se acerca y mide con una cinta métrica el tobillo. Eso le permite conocer cuál es la faja que me sirve; es decir, una que no quede ni muy floja, ni muy apretada.
Se retira por unos minutos y, cuando vuelve, ya trae en sus manos el aparato que se convertirá en mi vigilante por los pró- ximos cinco días.
Gomes conecta un extremo de la cinta al dispositivo negro. Luego, rodea mi tobillo con esa tira y conecta el otro extremo.
“Ya está siendo monitoreada”, advierte Gomes. Son cuatro palabras que, sin proponérselo, se convierten en un peso extra sobre los hombros de cualquiera. Pero lo que uno puede creer que pasará a partir de ese instante es nada comparado con lo que realmente sucede.
Ahora, y hasta el viernes 17 de marzo, soy parte de los 100 reos que son vigilados por el Ministerio de Justicia mediante una tobillera electrónica.
El costo diario de usar cada dispositivo es de $18 (unos ¢10.000) para dicha entidad.
Paralelamente a la colocación del aparato, un oficial de la Policía Penitenciaria pone en el sistema mi zona de inclusión; es decir, los únicos lugares donde tengo permitido circular.
Este proceso no es visto por el reo porque se hace en otra sala.
Mis sitios autorizados son La Uruca, San Pedro, Tibás, San Pablo deHeredia, San José centro y el parque de la Paz.
Si un reo se aleja de su zona de inclusión, el aparato comienza a vibrar y, si hace caso omiso, la Fuerza Pública lo iría a buscar. Vamos a ver qué ocurre.