Contraloría‘ marca la cancha’ a agencia de ONU a cargo de obras
Inmunidad no los exime Contralora dice que protección especial de ese organismo no lo libra de control nacional Funciona como unidad ejecutora Oficina maneja $134 millones en proyectos, entre ellos, viaductos y puentes en la GAM
Hace tres años, en el 2014, el Gobierno contrató a una agencia de la ONU para lograr construir puentes, viaductos y otras obras públicas con mayor celeridad, con menos trámites.
Se trata de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), de la Organización de Naciones Unidas.
Incluso, el 17 de junio del 2015, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) firmó el acuerdo y confió en que todo se haría más rápido porque los contratos para construir, dijo, “no tendrán que pasar por la Contraloría General de la República (CGR)”.
No obstante, en una carta enviada el 1.° de junio pasado a UNOPS, la contralora general de la República, Marta Acosta, le marcó la cancha a la agencia.
Le dijo, claramente, que su condición de organismo internacional adscrito a la ONU y su inmunidad, no lo eximen de la fiscalización pues desde que se convirtió en “gestor de proyectos, administrando fondos pú- blicos”, entró en el ojo de la CGR. UNOPS tiene aquí contratos para gestionar obras públicas por $134 millones.
Entre los proyectos, están la ampliación de los puentes sobre el río Virilla en Lindora y la ruta 32, en Tibás (el del Saprissa) y la construcción de tres pasos a desnivel en la Circunvalación.
Sin embargo, solo el paso en Lindora ha recibido orden de inicio. El resto sigue atorado en los procesos de expropiación.
Categoría especial. Desde junio del 2013, UNOPS argumenta que su condición de ente internacional lo faculta para utilizar sus mecanismos de contratación sin pasar por la fiscalización de la Contraloría.
Además, la Carta de las Naciones Unidas, firmada por Costa Rica desde 1945, le garantiza inmunidad que lo exime de afrontar procesos judiciales por eventuales incumplimientos.
La Carta fija que las instalaciones de cualquier ente de ONU son inviolables, sus bienes no pueden ser sometidos a allanamientos de ningún tipo.
También tienen derecho de declarar sus archivos confidenciales o inviolables y sus funcionarios gozan de inmunidad “contra todo proceso judicial” relacionado con sus obligaciones oficiales en el país.
Advertencia. Pero Marta Acosta le señaló a UNOPS que tal condición no la exonera de someterse a los controles de la Ley de Contratación Administrativa, pues maneja fondos públicos.
En la nota enviada a Jean François Laurent, director interino de la oficina en Costa Rica, enfatiza que la Contraloría tiene la potestad de ajustar los carteles de licitación, corregir la adjudicación de contratos en caso de ser necesario o auditar el uso de fondos públicos asignados a UNOPS.
“Este órgano contralor no encuentra obstáculo para que sujetos de derecho internacional público apliquen sus normas propias de adquisiciones (...). Sin perder de vista que se trata de fondos públicos que son transferidos para la administración y realización de proyectos, lo que obliga a respetar los principios constitucionales de la contratación administrativa”, afirmó Acosta por escrito.
Reiteró que la agencia debe someterse a fiscalización que permita verificar el cumplimiento de metas y objetivos.
“Al igual que en cualquier otro contrato, la Administración debe diseñar y fijar los mecanismos adecuados para la fiscalización de la ejecución; no solo por el carácter público de los fondos transferidos sino considerando que debe velar por el cumplimiento de los objetivos para los cuales se ha contratado a UNOPS”, añadió en el oficio.
Representantes de UNOPS consultados por este diario, se negaron a opinar de la carta.