Archivado plan para frenar contrabando de tabaco
quería instaurar sistema para detectar la subdeclaración de impuestos
El Ministerio de Salud archivó el proceso de contratación directadeun sistemadetrazabilidad que permitiría frenar el contrabando de tabaco y generar recursos al fisco.
La ministra de Salud, Karen Mayorga, adujo razones de contingencia fiscal en una carta del 25 de agosto, dirigida a la proveedora de ese ministerio, Vanessa Arroyo, y de la cual tiene copia este diario.
En ese documento, Mayorga califica el servicio como “no prioritario” para el Ministerio de Salud, y asegura que “no es conveniente ni oportuno que la institución realice tan elevada erogación”.
La funcionaria se ampara, a su vez, en el decreto ejecutivo de contingencia fiscal, número 40540-H.
El trámite al que hace referencia la ministra es la Contratación Directa 2017 CD-000028-000900001 para el desarrollo, implementación y operación del proyecto Trazabilidad fiscal de la Ley 9028, que es la Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, aprobada en el 2012 por la Asamblea Legislativa.
El proceso de compras Mer-Link menciona un monto de ¢460 millones, pero fuentes cercanas al Ministerio de Salud dicen que el costo anual de implementar dicho sistema sería de ¢1.500 millones.
Este plan de trazabilidad permite seguir desde su origen y mediante un código de alta seguridad la ruta del producto; en este caso, de cigarrillos.
Según la Red Nacional Antitabaco (Renata), las ventajas más importantes de un sistema con esas características incluyen la detección de prácticas ilegales para la comercialización de tabaco, reducción de los incentivos para evadir el pago de impuestos o subdeclarar y aumento en la recaudación fiscal.
En respuesta escrita enviada a este medio, Mayorga amplía los criterios externados en el oficio a la proveedora, del 25 de agosto.
“(...) Me preocupa enormemente que esta administración activa vaya a efectuar una erogación tan elevada a cargo del presupuesto institucional (re- cursos públicos) con base en un procedimiento administrativo de contratación directa”, dijo.
Por eso, un día después, según la ministra, instruyó a la Proveeduría institucional para que archivara el proceso de contratación administrativa.
“La licitación pública viene a ser un proceso de contratación más amplio y transparente que la contratación directa , y que permite una participación abierta (...) por lo que se da una competencia en cuanto a la oferta del servicio que se pretende contratar y, claro está, en cuanto al precio ofertado.
’’Esto hace posible que en-
“UNA LUCHA EFECTIVA CONTRA EL COMERCIO ILÍCITO DE CIGARRILLOS DEBE COMENZAR POR DOTAR DE RECURSOS ADECUADOS A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD QUE SE HAN DEDICADO Y SE DEDICAN INCANSABLEMENTE A INCAUTAR ESTE TIPO DE PRODUCTOS, COMO LO ES LA
cotarricense’’ POLICÍA DE CONTROL FISCAL. Arturo Fernández Vocero de la tabacalera
tren varios oferentes y no solo uno, la administración pueda escoger la oferta que mejor convenga a sus intereses y al fin público”, afirmó Mayorga.
La ministra aseguró que programará una reunión –sin precisar la fecha– con los ministros de Hacienda, Presidencia y Planificación Nacional "para analizar en conjunto la conveniencia –desde el punto de vista fiscal– de promover una licitación pública para contratar el proyecto de trazabilidad fiscal".
Renata asegura que detrás de todo hay presión de la industria tabacalera para detener el proyecto , y llamó la atención del Gobiernosobre las intenciones de tales empresarios.
Dicha red envió una carta a los diputados, el 29 de agosto, advirtiendo sobre la situación.
Por otro lado, diferentes grupos empresariales e industriales manifestaron su oposición al sistema de trazabilidad. Entre ellos, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y la Tabacalera Costarricense.
En tanto, la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), dijo que “cualquier iniciativa contra el contrabando debe ser analizada en la Comisión Mixta de Comercio Ilícito”.