Diputados tendrían prohibición de crear ‘gastos a ciegas’
La cuarta reunión entre el Poder Ejecutivo y los jefes de fracción para discutir una reforma fiscal, produjo, este jueves, los primeros avances en la materia, antes de empezar a destrabar asuntos más complicados, como el empleo público y los impuestos.
En una cita breve, Gobierno y diputados acordaron impulsar una reforma al Reglamento legislativo que obligaría a los parlamentarios a definir una fuente de financiamiento en todos los proyectos que creen obligaciones al Estado y, en consecuencia, les prohibiría crearle gastos a ciegas.
Aunque Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana ( PUSC), el Movimiento Libertario y Acción Ciudadana ( PAC) están de acuerdo con el Ejecutivo para intentar aprobar esa iniciativa el próximo lunes, el Frente Amplio se mantiene fuera de ese convenio político.
El jefe del FA, Francisco Camacho, alega que se debe mantener la flexibilidad en el gasto de parte de las instituciones, así como la potestad de definir las fuentes de financiamiento para los gastos específicos. No obstante, alegó que no bloquearían el avance de la iniciativa, si los demás partidos consolidan los votos necesarios.
Otro acuerdo. El Ejecutivo y los partidos políticos coinciden en el avance de la reforma para establecer la responsabilidad fiscal en la Constitución Política.
Ese plan podría ser aprobado definitivamente después del 8 de mayo del 2018, debido a que se trata de una reforma constitucional que debe pasar por un periodo de lecturas previo.
Se trata de un proyecto del PUSC que establece la obligación constitucional de aprobar los presupuestos nacionales con 29 votos, cuando los gastos presupuestados superen los ingresos tributarios probables en más del 3% del PIB.
La iniciativa dice que, cuando eso suceda, se deberán definir reglas para contener los gastos ordinarios y de subejecución presupuestaria, para limitar los gastos no esenciales, porcentajes máximos de subejecución y límites a las exoneraciones o subsidios, así como reglas para contener el crecimiento del empleo público.
Esos cambios se introducirían en el artículo 176 de la Carta Magna.