Policía recibía $1.000 por buscar donantes de riñón
Mujer vendió uno suyo en ¢6 millones para pagar deuda y luego reclutó a 8 conocidos
Maureen Cordero trabajaba como policía de la Fuerza Pública y hacía fletes en carro durante su tiempo libre.
Cuando su pareja murió asesinada, Cordero quedó con deudas: las suyas y las de su compañero.
Una red, supuestamente, le ofreció a ella ¢6 millones por uno de sus riñones y, debido a las condiciones económicas en que estaba, aceptó. Le quitaron el órgano el 13 de octubre del 2009 en un hospital privado, según la Fiscalía, y se lo trasplantaron, en ese mismo centro médico, a un hombre de nacionalidad griega.
En una fecha que no se precisa, entre el 2010 y el 2011, la mujer policía recibiría otro ofrecimiento: por cada persona que reclutara para la extracción de un riñón, ella ganaría $1.000.
Así, reclutó al menos a ocho personas de su círculo más cercano, provenientes de Tirrases, Curridabat, Alajuelita y Desamparados.
Esa red, aparentemente, canceló a esas personas ¢10 millones por riñón, y Cordero recibió comisión por cada una.
De víctima a imputada. Según detalla el relato de la acusación de la Fiscalía, en el juicio que se sigue por el delito de trata de personas para extracción ilícita de órganos, Cordero pasó de víctima a imputada al ejercer de intermediaria ante el supuesto líder de la organización: el médico especialista en Nefrología Francisco José Mora Palma.
Aparentemente, el ofrecimiento de los $1.000 provino de Mora Palma, quien además le habría pedido informar a los candidatos a la extracción del órgano que se les pagarían ¢10 millones por el procedimiento.
La Fiscalía tiene a esta mujer comovíctima-imputada con acción penal suspendida con criterio de oportunidad.
Ella acordó declarar en este juicio todo lo que está consignado en la relación de hechos que forma parte de la acusación del Ministerio Público contra los cinco imputados: Mora Palma; los urólogos Maximiliano Mauro Stamati y Fabián Fonseca Guzmán; el especialista vascular-periférico, Víctor Hugo Monge Monge, y el comerciante griego Dimóstenes Katsigiannis Karkasi.
Los abogados defensores de los cinco imputados se han querido traer abajo el criterio de oportunidad bajo el cual la Fiscalía tiene a Cordero, pues alegan “actividades procesales defectuosas” del ente acusador.
Hasta ahora, los jueces responsables de ver este caso no se han pronunciado sobre esta petición de la defensa.