Docentes recibirían sabático o pasantías como incentivos
Estudio sugirió conceder este tipo de alicientes en vez de los económicos
El Ministerio de Educación Pública (MEP) analiza ofrecer a los docentes “incentivos no financieros”, adicionales a los que existen, con el fin de “reconocer la calidad educativa y aumentar los niveles de equidad en el sistema”.
Se trata, por ejemplo, de capacitaciones y pasantías, explicó Marco Fallas, viceministro administrativo del MEP.
También, se analiza crear una réplica del Premio Mauro Fernández, que ofrece el MEP al docente que destaca por su excelencia profesional, el cual otorga un año sabático.
La idea sería buscar educadores que destaquen por labores específicas, y reconocerlos con el sabático para que puedan desarrollar sus capacidades.
Precisamente, el VI Informe del Estado de la Educación, divulgado en agosto, reiteró recomendaciones del estudio del 2015, en el sentido de que el MEP debe apelar a factores no financieros para diseñar un nuevo programa de incentivos y así vincularlos con resultados.
La diferencia es que la recomendación se dio, entre otras razones, por el contexto fiscal restrictivo del Gobierno y, en es- te caso, dichos incentivos no financieros propuestos serían adicionales a los que ya paga la institución, no sustitutos.
¿Qué son y cuánto representan? Cada año, entre recargos e incentivos, el MEP paga ¢447.000 millones, un 35% del gasto por remuneraciones de la entidad.
Hoy existen 50 tipos de recargos, que entreganhasta un50% adicional al salario base, entre esos, impartir lecciones de 60 minutos (¢15.000 millones al año); participar en comités de evaluación (¢4.000 millones); trabajar en un aula virtual (¢53 millones); ser promotor deportivo (¢52 millones) o hacer labores administrativas en la Dirección (¢1.720 millones).
A estos hay que sumar incentivos como zonaje, que se da a quienes trabajan en áreas calificadas como “incómodas o insalubres”, así como otros por calidad del desempeño (anualidad) y por índice de desarrollo social (IDS) que compensa amaestros asignados a zonas más pobres.
El pago de anualidades le cuesta unos ¢139.000 millones por año al Ministerio de Educación; el zonaje, ¢6.500 millones, y el IDS, ¢27.700 millones.
Además, el MEP negocia con sindicatos otro incentivo por “peligrosidad”, por trabajar en zonas con distintos factores de riesgo, como desastres.
El Estado de la Educación criticó que estos incentivos representan un gran gasto, pero no se traducen en mejoras de la calidad de la educación.