Ira en Guatemala por reformas para proteger a políticos
Responsables por delitos penados con hasta 10 años pueden evitar cárcel El Congreso se reúne hoy en la tarde y podría dar marcha atrás a su decisión
CIUDAD DE GUATEMALA. AFP Y AP. - Decenas de guatemaltecos iracundos salieron ayer a las calles de la capital en rechazo a reformas al Código Penal aprobadas por el Congreso, que blindan a políticos de posibles acusaciones de financiamiento ilegal y exoneran de cárcel a los autores de una serie de delitos, entre ellos violación, robo agravado y algunos casos de homicidio.
El procurador de los Derechos Humanos, Julio Rodas, pidió el jueves a la Corte de Constitucionalidad (CC) que detenga esas modificaciones e interpuso un recurso de amparo ante la que es la máxima instancia judicial del país.
Los manifestantes, por su lado, exigieron al presidente Jimmy Morales vetar las reformas.
Quemando monigotes que representaban a congresistas, además de colocar un ataúd y flores mortuorias frente al Congreso, los manifestantes lanzaron consignas para repudiar la acción de los diputados, la cual calificaron como un “pacto de corruptos”.
El miércoles, 107 de los 158 diputados acordaron, con carácter de urgencia, que el delito de financiamiento electoral ilícito no castigue directamente a los secretarios generales de los partidos y recarga la eventual culpa a los contadores de cada organización política.
La votación ocurrió dos días después de que el Congreso rechazó un pedido de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guate- mala (Cicig, órgano adscrito a Naciones Unidas) para levantarle la inmunidad al presidente Morales para ser investigado, penalmente, por financiamiento ilícito en su campaña electoral en el 2015, cuando fue candidato por el partido derechista FCN- Nación. Morales era secretario general del Partido durante la campaña. Evadir prisión. En una acción que los críticos vieron como una maniobra para proteger al presidente y a los políticos de posibles acciones penales futuras, los legisladores avalaron por mayoría reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurra en el delito de financiamiento electoral ilícito. Además, el Congreso aprobó otro cambio al Código Penal. Hasta ahora, un delito penado con hasta cinco años de prisión puede ser excarcelable mediante el pago de fianza, pero los legisladores ampliaron el margen para aplicar esa normaa los delitos sancionados con hasta 10 años de cárcel.
El Ministerio Público advirtió de que con la reforma quedarán al menos 400 delitos exonerados de cumplir prisión, entre ellos la extorsión, el robo agravado, algunos casos de homicidio, el peculado, la malversación, la violación y el cohecho y la pornografía infantil, etc.
Las modificaciones “propician la existencia de estructuras criminales”, expresó la procuradora general, Anabella Morfin, quien instó al mandatario a vetar los cambios.
Morales, por medio de un video difundido en redes sociales, declaró que analizará las modificaciones y, de resultar “nocivas para el pueblo”, usará el recurso del veto presidencial.
En tanto, Óscar Chinchilla, presidente del Congreso, convocó de urgencia al pleno de los diputados para hoy por la tarde discutan y den marcha atrás con los cambios. Agregó que llevarían a cabo un procedimiento establecido en la ley para que las reformas puedan suspenderse y archivarse definitivamente.
La decisión del Congreso no sentó bien en varios sectores, incluida la reacción del embajador de Estados Unidos.
“¿De verdad? ¿Urgencia nacional? ¡Qué vergüenza!”, manifestó el embajador, Todd Robinson, en un mensaje en su cuenta de Twitter.