Solidarismo acepta supervisión ‘proporcional’ de la Sugef
Controles diferirían, pues asociaciones no hacen intermediación financiera abierta Superintendente: fiscalización debe ser acorde a características jurídicas de entidades
El solidarismo tico aceptó una supervisión financiera “proporcional” a sus actividades, lo cual significa la puesta en marcha de controles, pero distintos a los de la banca, pues las asociaciones no realizan intermediación abierta (captan ahorro y prestan dinero).
De esa manera reaccionó el movimiento solidarista a la iniciativa de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de establecerle algún sistema de control, tal como lo manda la ley.
La idea también se impulsa ante la creciente importancia de ese sector en la economía, pues administra una cartera de créditos de $2.000 millones.
GuidoAlberto Monge, vicepresidente ejecutivo del Movimiento Solidarista Costarricense, advirtió de que están anuentes a la supervisión mientras se reconozca que el solidarismo es un conglomerado muy diferente, al no reali- zar intermediación financiera abierta.
El superintendente de la Sugef, Javier Cascante, consideró que la supervisión debe ajustarse a las características jurídicas y operativas que tiene cada uno de los sujetos.
En tanto, Marco Hernández, director general de Entidades Financieras en la Sugef, indicó a los solidaristas, en el congreso del sector realizado el 2 de noviembre, que se dividirá a las asociaciones en tres niveles, y cada uno tendrá una supervisión distinta.
Pese al mandato legal de velar por el buen funcionamiento de las asociaciones, un acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), de 1995, pospuso la definición y puesta en vigencia de la supervisión.
Desde entonces, las organizaciones solidaristas gozan de exención total de este proceso.
Actualmente, la iniciativa de la Sugef está en análisis del Conassif. De aprobarse en esa instancia, la Superintendencia quedaría habilitada para realizar los controles.
Costo del programa. Hernández fue cuestionado acerca del costo de esta supervisión y su impacto en las finanzas de las asociaciones, pero dijo que aún no se tiene un dato al respecto.
Aseguró que la Sugef tratará de que sea el menor costo posible, aunque reconoció que ten- drá algún impacto.
La clasificación de las asociaciones en tres grupos, agregó Hernández, se hará bajo dosparámetros: el volumen de activos y su relación con el Sistema Financiero Nacional, tanto en créditos como en inversiones.
En el primer grupo estarán lasmásgrandes y conmásrelación con el sistema financiero. Estas deberán aportar informa- ción mensual a la Sugef y tendrán una visita de los inspectores al menos una vez al año.
El segundo grupo estará constituido por entidades con un nivel de activos importante, pero sobre las cuales habría un nivel menor de supervisión. A estas se les pedirá información trimestral y tendrán un seguimiento de los datos financieros.
En el tercer bloque estará la mayoría de asociaciones, según Hernández. Son organizaciones pequeñas, con poca relevancia en el sistema financiero y la economía del país. A estas solo se les pedirán reportes y estadísticas de forma trimestral.
Unas 1.450 asociaciones solidaristas operan en el país, de acuerdo con los registros del Movimiento, basados en las inscripciones ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Datos al cierre del 2016 indican que el patrimonio de esas agrupaciones ascendía a $6.425 millones y representaban a 340.000 trabajadores afiliados.
Monge explicó que se pretende un equilibrio entre la autorregulación que ya tiene el sector y los parámetros de una gestión integral de riesgo. Recordó que, por propia iniciativa, el sector ya impulsó controles y mejoras en gobierno corporativo.
Hernández adelantó que será un proceso gradual.