Fiscalía tramita denuncia contra tres jerarcas del Infocoop
AAuditoría Interna del Instituto presentó los argumentos la semana pasada
El Ministerio Público confirmó que tramita una denuncia penal contra tres altos jerarcas del Infocoop por frenar los procesos de cobro judicial que el Instituto había iniciado contra cuatro cooperativas vinculadas al dirigente cooperativo y de Liberación Nacional (PLN) Rodolfo Navas.
Los funcionarios denunciados son el director ejecutivo, Gustavo Fernández; el subdirector ejecutivo, Francisco Guillén, y el gerente de Financiamiento, Alejandro Jiménez. Todos ellos fueron colocados en estos cargos durante la intervención del Gobierno al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó a La
Nación, estemartes, que la denuncia, presentada el 24 de octubre pasado por la Auditoría Interna del Infocoop, la tramita la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción bajo la causa 17-000104-1218-PE.
El caso. En marzo pasado, el director ejecutivo Gustavo Fernández autorizó que se paralizaran las gestiones de cobro contra las empresas Gecse, Unicoop, La Catalina y Consorcio Hotelero CCH, que en conjunto debían ¢2.915 millones.
Fernández tomó la decisión por una solicitud del subdirector Francisco Guillén, quien entonces se desempeñaba como gerente de Financiamiento.
Todas estas cooperativas están vinculadas al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop R. L.), gerenciado por Rodolfo Navas, exdiputado del PLN y dirigente cooperativista durante más de 30 años.
Las gestiones de cobro judicial de esas operaciones se reactivaron a finales de octubre pasado, después de que dos directores de la junta interventora, designada por Casa Presidencial, preguntaran por la extensa morosidad en los pagos que presentaban y los escasos indicios de negociación que había.
Actualmente, la suma de las deudas de esas cuatro cooperativas, más intereses moratorios, asciende a los ¢3.280 millones.
A finales de febrero, cuando el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, ordenó la intervención del Infocoop, una de las primeras acciones que ejecutaron los directores nombrados a dedo por el mandatario fue despedir a Ronald Fonseca y designar en su lugar a Gustavo Fernández, quien, finalmente, ordenó detener la ejecución de garantías contra las empresas vinculadas a Rodolfo Navas. Defensa. La semana pasada, el presidente de la junta interventora, el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, negó que hubiera existido tráfico de influencias en la decisión de frenar el cobro judicial, la cual se tomó, dijo, con base en criterios de carácter técnico.
En esa misma conferencia, Gustavo Fernández admitió que paralizó el remate de las propiedades que Gecse había puesto a responder para obtener el financiamiento del Infocoop, porque el Instituto quería salvar a la universidad cooperativa Fundepos, la cual administra esa empresa, aunque negó cualquier preferencia hacia el consorcio de Navas.
Asimismo, el director ejecutivo alegó que tomó la decisión de paralizar el cobro judicial a Gecse porque esta cumple una labor de “interés social”, al otorgarles becas de estudio a unas 700 personas ligadas con empresas cooperativas.