Una página sirvió de base para desestimar causa por cemento
Un informe de la Auditoría Interna del Banco de Costa Rica (BCR), de una sola página y siete de anexos, sirvió de base para que la Fiscalía General pidiera desestimar la denuncia contra dos diputados, relacionada con el préstamo otorgado para importar cemento chino.
Con ese documento, el fiscal general suspendido, Jorge Chavarría, solicitó a la Sala Tercera esa desestimación, el 30 de enero de este año.
Enoctubre, esa misma Sala ordenó reabrir la causa contra los legisladores Víctor Morales Zapata, antes del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), y Otto Guevara, además actual candidato presidencial del Movimiento Libertario.
A ellos se les atribuyen presuntos delitos en perjuicio de la función pública.
El informe de la Auditoría del BCR, del que La Nacióntiene copia, data del 18 de noviembre 2016. Fue enviado a la ahora exfiscala subrogante, Berenice Smith, remitido por el auditor general corporativo interino, José Manuel Rodríguez.
Allí, concluyó que no existían anomalías con las dos líneas de crédito, con tope de hasta $30 millones, dadas en el 2015 a la empresa Sinocem, de Juan Carlos Bolaños, para importar cemento desde China. Sin embargo, advierte de que se trata de un informe preliminar.
“A la fecha, no hemos detectado ni tenido conocimiento de algún aspecto o irregularidad que afecte de manera ilegal la estabilidad financiera del Banco”, redactó el auditor bancario. Como sustento, adjuntó unmemorando del 14 de setiembre del 2016, en el que expuso los resultados “satisfactorios” del análisis hecho a las líneas de crédito de Sinocem, uno de los 42 financiamientos más grandes que entonces tenía el BCR.
En ese reporte de la Auditoría del BCR a la Fiscalía no se menciona ninguno de los cuatro correos electrónicos que las funcionarias del Banco, Adriana Castro y Bettina Rivero, escribieron a sus superiores para alertar de incongruencias entre el dinero que el Banco le había girado a Sinocem y la cantidad de cemento que ingresaba al país procedente de China.
Solo se cita que se hizo una revisión de procedimientos definidos para el control de inventario y calidad de cemento por parte de la empresa fiscalizadora Novatecnia, y también, de las condiciones definidas en la comisión de confianza para el control de los dineros producto de las ventas del cemento.
Rodríguez, quien compareció este jueves ante diputados, declaró que conoció las alertas de las ejecutivas Castro y Rivero, pero no pudo precisar si eso ocurrió antes o después de enviar su informe a la Fiscalía.
Agregó que, un mes después de remitir ese documento, en diciembre, emitió el primer reporte en que se cuestionaba la forma de manejo de los préstamos.
Alegatos. Segúnel auditor, el informe enviado a Smith solo se refería a una revisión de la “normativa aplicable” a la línea de crédito y que hasta ahora revisan más documentación.
Señaló que la Fiscalía no le pidió un informe exhaustivo.
El diputado Ronny Monge le preguntó por qué no invirtió más tiempo en la investigación, a lo que respondió que el Ministerio Público solo le pidió un documento que él ya le había enviado a la Junta Directiva y a la Administración del BCR.
Agregó que, en adelante, la Auditoría hizo varios informes y que los miembros del Comité de Crédito fueron informados.
El documento enviado a la Fiscalía resalta la decisión del BCRde contratar una firmaexterna para fiscalizar los inventarios del cemento importado y la participación de dos subgerentes en el proceso de autorización de los desembolsos.
Al cierre del 2016, el BCR había girado casi $39 millones a Sinocem, pero la firma solo importó $9,7 millones en cemento.
Rodríguez dijo que el informe fue para cumplir las normas sobre otorgamiento de financiamientos, aunque aclaró que en ese entonces todavía faltaban los resultados de análisis de seguimiento que hacían en las áreas comerciales, al tiempo que faltaba actualizar las valoraciones financieras y capacidad de pago de Sinocem y otras empresas del Grupo JCB, que figuran como codeudoras.