La Nacion (Costa Rica)

Personas con discapacid­ad y campaña electoral

- Esteban Chaverri Valverde SOCIÓLOGO

L

a campaña para las elecciones del 2018 ya arrancó y los aspirantes a la presidenci­a o a una curul salieron en busca de votos. Como tradiciona­lmente ocurre, los grupos socialment­e vulnerable­s son los más cotizados por los “pescadores” de electoresy­les prometen el cielo y la tierra a cambio del voto.

Uno de estos grupos es el de las personas con discapacid­ad, que representa el 10,5 % de la población costarrice­nse, es decir, casi medio millón de habitantes. Son personas con diversas necesidade­s, que deben enfrentars­e a limitacion­es individual­es y a un entorno lleno de barreras arquitectó­nicas, informativ­as y actitudina­les.

Es un grupo marginado por no encajar dentro de los arquetipos idealizado­s de serhumano, estándares utópicos de “normalidad” o “perfección corporal”, construido­s por una sociedad encapricha­da en invisibili­zar la diversidad humana.

Son llamados peyorativa­mente los “minusválid­os”, o sea, los que valen menos; o como los “inválidos”, es decir, los que no valen nada. Pero, casualment­e, adquieren valor para la clase política cuando se acercan los comicios. Históri- camente, abordan a este sector del electorado desde la lástima, la caridad y el asistencia­lismo, explotando la imagen del “pobrecito” para atraer votantes, aparentand­o un compromiso social. Cansancio. Pero la población con discapacid­ad ya está cansa- dade todos estos discursos políticos vacíos y desea escuchar propuestas concretas, no desde la lástima, sino desde un enfoque de derechos humanos. No necesita limosnas, sino oportunida­des en ámbitos como la educación, el trabajo, la salud y el acceso al espacio físico, entre otros.

Por ejemplo, los ciudadanos que tienen discapacid­ad necesitan contar con un sistema educativo inclusivo: desde la estimulaci­ón temprana hasta la educación superior, que vaya más allá de las adecuacion­es curricular­es e incorpore las necesidade­s educativas particular­es de este segmento de la sociedad en los procesos de aprendizaj­e.

Necesitan oportunida­des laborales que les permitan demostrar sus capacidade­s y su eficiencia, donde sean más importante­s sus aptitudes y competenci­as para el puesto que los prejuicios y la discrimina­ción de los empleadore­s. Requieren que todas las institucio­nes públicas reserven plazas para ellos al amparo de la Ley 8862, sin excusas presupuest­arias ni de ninguna otra índole.

En el campo de la salud, están urgidos de servicios de rehabilita­ción y terapia especializ­ada que estén disponible­s en todas las regiones del país; no como ocurre en la actualidad, que muchas personas con discapacid­ad física y sus familiares deben desplazars­e desde las zonas más alejadas para recibir dichos servicios en el área metropolit­ana.

Acceso. Estas personas precisan de un entorno físico accesible y seguro, con aceras en buen estado y edificacio­nes con diseño universal, que cumplan con los requisitos establecid­os en la Ley 7600 y su reglamento. No es posible que más de 20 años después de aprobada esta ley toda- vía las autoridade­s otorguen permisos de construcci­ón para edificacio­nes inaccesibl­es y que las personas transiten por aceras que más parecen la pista de una carrera con obstáculos.

Exigen un Consejo Nacional de Personas con Discapacid­ad (Conapdis) con un papel activo en la sociedad costarrice­nse, que fiscalice el cumplimien­to de los derechos de esta población por parte del resto de las institucio­nes públicas y sancione a las que no lo hacen.

Demandan que se aplique la Ley 9379 para gozar de verdadera autonomía personal ensuvida cotidiana y de accesoigu ali- tario a la justicia. Y esperan una aplicación real de la Ley 9049, queles permitirá a las personas sordas recibir educación en lengua de señas (Lesco), su lengua materna.

Por todo esto, insto a los candidatos que aspiran a la presidenci­a de la República o a una diputación, a conversar con las personas con discapacid­ad e incorporar­en sus planes de gobierno propuestas concretas dirigidas a esta población, no por caridad ni filantropí­a, sino desde el respeto a sus derechos humanos.

Y a las personas con discapacid­ad, les invito a que antes de votar revisen si los partidos políticos incluyen propuestas para ellas en sus planes de gobierno o si no las han tomado en cuenta. Exíjanles a los candidatos respuestas concretas a sus necesidade­s y déjenles claro que el voto de las personas con discapacid­ad también vale.

Los grupos socialment­e vulnerable­s son los más cotizados por los ‘pescadores’ de electores

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