30% del fondo de pensiones judiciales debe ir al Estado
Por condiciones del mercado bursátil tico, el porcentaje ‘es razonable’, dijo Corte
El 30% del fondo de pensiones judiciales deberá ser invertido en bonos del Estado, el cual está necesitado de recursos. Así lo acordaron los diputados al final del trámite de la reforma legal a este régimen jubilatorio, a finales de octubre.
Al crear un nuevo artículo, el 240 bis, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los legisladores asignan facultades legales específicas de inversión del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Corte. Entre estas, fijaron un piso mínimo para la inversión de recursos en bonos estatales.
Este proyecto de reforma a las pensiones judiciales, con ese nuevo artículo, se aprobó en primer debate el lunes por la mañana, con el voto favorable de 31 de los 38 congresistas presentes al votar.
Hasta agosto, el fondo jubilatorio constaba de ¢453.666 millones, según los estados financieros del régimen.
Al establecerse que, al menos un30% delos recursos del fondo debe ser invertido en “títulos emitidos por el sector público”, un mínimo de ¢136.000 millones serán colocados en bonos de inversión del Estado.
En cuanto a este piso, laCorte Suprema de Justicia consideró que el porcentaje “es razonable” por las condiciones del “mercado bursátil costarricense, donde participan lamayoría de emisores públicos”. Así lo expuso la institución en una declaración enviada a este diario.
Por otra parte, entre las facultades legales autorizadas por los diputados a los administradores del fondo, se aprobó disponer de hasta un 25% del dinero en operaciones de crédito, pero no por vía directa, tal como lo pretendía el diputado Jorge Arguedas, del Frente Amplio.
Eso significa que el fondo de pensiones podrá prestar dinero a través de bancos estatales, cooperativas, cajas de ahorro, asociaciones y sindicatos de servidores judiciales, hasta un total de ¢113.000 millones.
La administración del fondo estará en manos de un nuevo órgano creado por representantes de la Corte y de sus gremios.
La moción donde se establecen las autorizaciones para dar préstamos y hacer inversiones con recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones fue propuesta por el Partido Liberación Nacional (PLN) y aprobada con apoyo del Frente Amplio.
Dudas. Aunque legisladoras como Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Natalia Díaz, del Movimiento Libertario, tienen dudas de crear estas autorizaciones por vía de ley, en el Poder Judicial no tienen mayor problema.
La oficina de prensa de la Corte indicó que actualmente están habilitados para prestar dinero, hasta un 20% del fondo, según la Política de Inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. “Se considera que el nivel definido no contradice significativamente la posición ya adoptada por la administración actual del citado fondo”, dijo la Corte.
Además de préstamos personales, de vivienda y de otros tipos, la ley reitera la autorización para que se preste dinero al Poder Judicial a fin de comprar terrenos, ampliar remodelaciones, reforzar o construir edificios para la Corte.
Noobstante las autorizaciones legales, la junta administradora a cargo del fondo estará obligada a hacer un estudio anual de su cartera de créditos, según los parámetros de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y que deberá estar bajo supervisión de la Super-intendenciade Pensiones (Supén).
Los actuarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) opinan que “la eventual participación del fondo en operaciones de crédito debe analizarse con sumo cuidado”.
La libertaria Díaz insistió en que, según consideran los actuarios de laUCR, no es conveniente estar dando préstamos con dineros del fondo jubilatorio, una vez que entre en vigencia la nueva ley, bajo el argumento de que lo primero es consolidar la sostenibilidad y después pensar en inversiones.