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Dos proyectos de ley tendientes a integrar a los consumidores en la Junta Directiva de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) levantan roncha entrevarios sectores involucrados.
El choque se da porque, en los dos casos, se aprovecharía para incrementar el aporte, con el objetivo de financiar la entidad, y se gravan las importaciones con ese mismo fin.
Una de las propuestas data del 2014 y fue presentada por la entonces diputada liberacionista Annie Saborío y la otra fue recientemente puesta en la corriente legislativa con el apoyo de la legisladora Marlene Madrigal (Acción Ciudadana).
El objetivo central de las iniciativas es cumplir con una resolución de la Sala Constitucional, la cual ordenó dar participación a los consumidores en la Junta Directiva de la Corporación Arrocera Nacional.
Sin embargo, las propuestas pretenden aprovechar para modificar algunos otros aspectos en la ley de Conarroz.
Álgido. Los que más choque provocan se relacionan con el financiamiento de la Corporación, la cual recibe, actualmente, un 1,5% del valor del arroz entregado a la industria.
Los planes proponen aumentar ese aporte al 2,5% compartido entre la agroindustria y los productores y uno de ellos establece un “aporte de compensa- ción” del 5% sobre el valor de las importaciones por declaratoria de desabasto.
También se reduce la cantidad de miembros de la Junta Directiva de Conarroz y se ajustan aspectos como que las propias industrias arroceras sean las que realizan las pruebas de calidaddel arrozquecompran a los productores.
Eduardo Rojas, representante de los industriales ante la Junta Directiva de Conarroz, consideró que ninguno de los dos proyectos los satisface.
El presidente de la Asociación Consumidores de Costa Rica, Erick Ulate, dijo que están totalmente de acuerdo con la integración de un representante de ese sector en Conarroz.
La legisladora Madrigal consideró que, por ejemplo, se debe dar a un ente aparte el análisis de la calidad del arroz, pues la industria es juez y parte.