Aval para producir marihuana costaría hasta $2,5 millones
Estado adjudicaría 228 concesiones por las que habría que pagar desde $5.000
El proyecto de ley que legalizaría la producción de cannabis con fines medicinales, industriales y alimentarios, le permitiría al Gobierno cobrar hasta $2,5 millones por una concesión para plantar, investigar y desarrollar productos de este tipo.
La iniciativa, que tuvo un avance considerable la semana pasada en la Asamblea Legislativa, restringiría el negocio a 228 concesiones para quienes paguen entre $5.000 y $2,5 millones.
Las licencias para explotar la planta de la marihuana se incluyen en el texto que acogieron, el martes pasado, los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos, quienes dictaminarán el expediente paraenviarlo adiscusión en el plenario del Congreso.
Además de subir el precio de las concesiones, el texto sustitutivo también elimina un instituto público del cannabis y asigna la rectoría y el control sobre la marihuana medicinal al Ministerio de Salud.
El diputado Marvin Atencio, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y principal promotor de la iniciativa, explicó que parte de la intención es aumentar los recursos que el Estado podría recibir por el precio de las concesiones y las licitaciones.
Según la versión del oficialista, la iniciativa tiene el apoyo de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
Aunque, en principio, el Frente Amplio no presenta oposición al proyecto, la diputada Suray Carrillo interpuso mociones que frenaron su avance hacia la aprobación del dictamen, uno de los trámites finales en la Comisión de Jurídicos.
Precios. La concesión más costosa es la de tipo A, la cual permite no solo cultivar cannabis y cáñamo, sino también desarrollar laboratorios para fitomejoramiento, reproducción o investigación de estas plantas, así como abrir establecimientos farmacéuticos y exportar productos manufacturados.
Por esta concesión, de las que se pondrían ocho a disposición, el Estado podría cobrar $2,5 millones, luego de una licitación en la que se cumpla con ciertos requisitos. El permiso tendría una validez de cuatro años.
Los concesionarios de tipo A tendrían el dominio sobre la mitad de la producción nacional de cannabis, pero, al igual que todos los demás concesionarios, deberían venderle producto a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ante la demanda de medicamentos.
Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, explicó la posición de su partido: “No nos oponemos al uso del cannabis medicinal. Nos oponemos a ese proyecto en particular que le daría un rango y protección legal a un cartel de ocho empresas, que son las que podrían pagar los $2,5 millones que costaría cada licencia. ¿A quiénes les van a montar ese negocio?”.
Los defensores del proyecto plantean que, al avalarse el consumo medicinal, se reducirían elconsumode drogas, elcomercio ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado.
El plan empezó su trámite en el Congreso en agosto del 2014, de la mano de Atencio, pero ha afrontado durante su camino numerosos ataques y presuntos intentos de comercializar licencias o concesiones ilegalmente.
Con el proyecto se obliga al Estado a fijar medidas de control y regulación del cannabis psicoactivo o los derivados que excedan o transgredan los parámetros del proyecto.