4 empresas acusadas por trocha contratadas para daños de huracán
ICE les adjudica parte del alquiler de maquinaria para reparar vías y cauces Instituto alega que no existe prohibición para contratar a estas constructoras
Cuatro empresas acusadas por el Ministerio Público debido al caso de la trocha fronteriza, fueron contratadas por el Gobierno para desarrollar obras de reconstrucción tras el paso del huracán Otto, el 24 de noviembre del 2016.
El ICE, entidad a la que Casa Presidencial le encargó la recuperación de caminos y puentes, así como la limpieza de cauces, escogió estas firmas mediante contrataciones expeditas, sin cumplir con las normas tradicionales de la contratación con el Estado.
Se trata de Dinaju, Excavaciones Also, Constructora San Carlos y Hermanos Herrera Barrantes Constructora, a las cuales el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) les ha pagado ¢412 millones.
El monto equivale a un 23% de los ¢1.790 millones invertidos en alquiler de excavadoras, vagonetas y tractores entre abril y octubre de este año.
Así se constató luego de cotejar la lista de los 58 proveedores contratados por el ICE en las labores de reconstrucción con las 25 empresas demandadas civilmente por la Fiscalía bajo el argumento de que, en apariencia, cobraron facturas falsas de alquiler de maquinaria en la construcción de la ruta 1856 Juan Mora Porras.
A su vez, los representantes de estas cuatro compañías están acusados penalmente.
El ICE desarrolla 43 obras de reconstrucción en los cantones de Upala, Corredores, Bagaces, La Cruz y Pococí, producto de un convenio que firmó con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
La lista de proveedores por Otto fue suministrada por el presidente del Instituto, Carlos Obregón, al diputado Mario Redondo, del Partido Alianza De- mócrata Cristiana, el pasado 11 de noviembre y contiene datos con corte al 30 de octubre.
“Estos trabajos no se catalogan como servicios de contratación administrativa en la forma tradicional que normalmente se conoce”, le escribió Obregón al legislador, quien criticó el mecanismo utilizado.
“Este tipo de convenios entre instituciones públicas es un mecanismo perverso. Se permite que se subcontraten servicios de forma expedita y brincándose todos los controles que establece la Ley de Contratación Administrativa”, dijo Redondo.
Sin traba. El ICE sostiene que no existía ningún impedimento legal para contratar las compañías acusadas por la trocha.
“El proceso de contratación se rige bajo principios de legalidad y de acuerdo con la normativa que rige la materia, solo el oferente que esté cubierto por alguna causal de prohibición de contratar con la Administración, o bien se encuentre inhabilitado por una Autoridad competente, tiene impedimento para participar en los procedimientos de contratación administrativa” ( sic), contestó la ofi- cina de prensa del Instituto.
La Contraloría General de la República informó de que no existen procedimientos de prohibición para contratar a estas empresas porque no se ha auditado su situación.
La trocha era un camino que se iba a extender a lo largo de 160 km en forma paralela a la frontera con Nicaragua. La Fiscalía estima que tuvo un costo superior a los ¢20.000 millones y que el perjuicio económico para el Estado fue de ¢1.234 millones.
Al tiempo que las empresas figuran como demanda das civiles, el Ministerio Público acusó penalmente a 26 personas. Entre ellas, tres funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad, dos particulares que fingieron ser supervisores de las obras, y 21 empresarios contratados para los trabajos. Además, un esposo, una esposa y una hija de los implicados también fueron demandados civilmente.
La Fiscalía les atribuye a los acusados los supuestos delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia en contra de la Hacienda Pública y legitimación de capitales.