El temor de una tica a ser deportada de EE. UU.
La costarricense Monserrath Campos llegó aEstados Unidos a los seis años, junto a su madre y su hermana, con una visa de turista que, al vencer, las convirtió en indocumentadas.
Ella no se dio cuenta de lo que significaba ese estatus hasta que tenía 18 años.
Campos, oriunda de San Ramónde Alajuela, es parte de los 790.000 jóvenes migrantes protegidos de la deportación gracias al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
Estos muchachos, provenientes de distintos países, tienen en común el hechode que fueron llevados ilegalmente por sus padres a Estados Unidos cuando eran todavía niños.
Cambio de política. El DACA le permitió a esta costarricense conseguir un permiso de trabajo y continuar estudiando luego de terminar la secundaria.
Sin embargo, desde el año pasado, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el cese del beneficio aprobado por Barack Obama, sus días corren en torno a la incertidumbre.
“Yo me vine en junio del 2000 y en setiembre estaba comen- zando primer grado, me gradué de octavo y de high school (secundaria) con honores. Después me di cuenta de mi estatus; me di cuenta de que era indocumentada, que no podía aspirar a becas, préstamos o un trabajo, eso fue en junio del 2012”, contó la joven, quien hoy tiene 24 años. El decreto del entonces presidente Obama entró en vigencia el 12 de agosto de ese año. De inmediato, Monserrath inició los trámites para obtener el permiso, el cual se renueva cada dos años y tiene un costo de $495. Además de trabajar, el permiso le ofrece seguro social y la posibilidad de recorrer Estados Unidos, pues el DACA también brinda la oportunidad de obtener la licencia de conducir, la cual es válida para viajar dentro del país. No obstante, desde los seis años, Monserrath no ha podido venir a Costa Rica, porque sabe que, si lo hace, no podría regresar a Estados Unidos.
No hay camino. La joven reside enPaterson, Nueva Jersey, yactualmente trabaja en un restaurante al tiempo que estudia Administración.
Su hermana y su madre no tienen problemas migratorios, pues la primera se casó con un estadounidense, lo que le permitió obtener la residencia y, a la vez, iniciar el trámite para reclamar la de su mamá.
“Para mí no hay ningún camino, amenos de que yo me case, pero eso sería mentirle al Gobierno”, contestó Campos sobre qué pasaría con ella si el Senado no llega a un acuerdo que permita mantener la protección a estos jóvenes, pues el programa vence el 5 de marzo de este año.
El Partido Demócrata está presionando a los republicanos para hallar una solución para los también llamado dreamers (soñadores). Ante la falta de acuerdo, el pasado sábado 20 de enero, los demócratas bloquearon un plan para aprobar el presupuesto del Gobierno, lo cual provocó un cierre parcial de la Administración federal.
“Lo mejor que puedo hacer es esperar, para ver si nos van a dar amnistía o no nos dan ninguna ayuda. Yo me voy a quedar aquí; si a mí me dejaran en el aeropuerto en Alajuela, yo no sé cómo llegar a mi casa; allá no tengo nada”, dijo Campos.
“La gente tiene que entender que somos personas, no soy una estadística. Yo quiero trabajar, lo necesito para seguir estudiando, a mí me gustaría votar y esa oportunidad solo se la dan a los ciudadanos (... ). La gente tiene que entender que a nosotros, si nos devuelven, no tenemos nada; algunos ni siquiera saben el lenguaje”, añadió.