Banda daba ¢35.000 a mujeres por meter droga a La Reforma ¿Cómo operaba?
AGrupo narco era dirigido por un exrecluso y dos privados de libertad APolicía de la cárcel fue detenido como sospechoso de ser parte de organización
Una banda pagaba ¢35.000 a mujeres por cada ingreso al Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, para que estas metieran marihuana, cocaína, crack y ketamina en esa cárcel.
Así lo dio a conocer elOrganismo de Investigación Judicial (OIJ) el martes, luego de 13 allanamientos realizados en distintas partes del país como Purral e Ipís de Goicoechea, Garabito de León XIII, en Tibás; La Aurora de Alajuelita, Guararí de Heredia, Llano Azul de Upala, Fray Casiano, en Puntarenas y La Reforma.
En la diligencia, las autoridades detuvieron a 11 personas: un hombre que salió de la cárcel en febrero del 2016, un oficial de la Policía Penitenciaria y nueve mujeres, una de 71 años.
Además, se vinculó a cuatro privados de libertad con la organización, por lo que las celdas en las que se encuentran también fueron intervenidas.
Michael Soto, subdirector del OIJ, manifestó que la agrupación tenía tres líderes: un exrecluso apellidado Requenes Ocón, quien se encargaba de todala logística de la banda, y dos reos de apellidos Alvarado Masís y Quirós Lara, responsables de la comercialización de droga en la cárcel.
El jerarca policial detalló que Alvarado Masís y Quirós Lara contaban con el apoyo de dos presos más, identificados con los apellidos Omares Dávila y Alvarado Gutiérrez, para operar en los ámbitos de mínima seguridad A y B.
Investigación. Soto precisó que la investigación realizada desde abril del 2017 determinó que, de las nueve mujeres, al menos dos de ellas eran familiares de los sujetos en la cárcel, e interactuaban constantemente con la organización para recibir el pago económico por introducir la droga al centro penal.
“Un taco de droga puede te- El OIJ desarticuló un grupo que se dedicaba a introducir y vender droga en La Reforma. ner un valor en el mercado externo de ¢350.000 y la ganancia para las personas que lo introducían era de un 10%; es decir unos ¢35.000. Empero, dentro de la cárcel la droga adquiere un precio mayor, por las limitaciones que hay, entonces para la organización la ganancia se duplica”, explicó el subdirector de la Policía Judicial.
Soto dijo que, por semana, las nueve mujeres ingresaban entre dos y tres veces cada una, así que las ganancias del grupo eran bastante elevadas.
Las mujeres reclutadas por el grupo eran movilizadas en un vehículo que fue decomisado en los allanamientos. Cuando las contactaron, no tenían antecedentes, pues el objetivo era que las autoridades penitenciarias no sospecharan de ellas. No obstante, conforme avanzó la pesquisa, algunas de ellas empezaron a sumar hechos delictivos en sus expedientes.
Tanto el OIJ como la Fiscalía General de la República manifestaron que el policía penitenciario relacionado con el caso, de apellidos Arias Matamoros, se encargaba de facilitar el ingreso de las mujeres al centro penal y, además, alertaba sobre requisas para que los sujetos escondieran la droga.