La Nacion (Costa Rica)

Triunfo clave en La Haya

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La Corte Internacio­nal de Justicia fijó límites favorables para el país en el Caribe y el Pacífico Este y otros fallos ratifican la trascenden­cia del derecho internacio­nal para defender nuestra soberanía

La Corte Internacio­nal

de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Holanda, emitió el pasado viernes dos fallos altamente favorables para el país, que deben complacern­os en, almenos, tres sentidos. Por un lado, reconocen derechos territoria­les nacionales violentado­s por Nicaragua y fijan de una vez por todas nuestros límites marítimos; por otro, ratifican la trascenden­cia del derecho internacio­nal como bastión para la defensa de nuestra soberanía y, además, muestran cómo una política exterior estable y con sentido de Estado es clave para impulsar las aspiracion­es e intereses costarrice­nses en el ámbito internacio­nal.

Gracias a las dos resolucion­es contencios­as de la CIJ, los límites marítimos entre Costa Rica y Nicaragua han sido delimitado­s con absoluta precisión y amplio reconocimi­ento de nuestras aspiracion­es; la incursión de un destacamen­to militar nicaragüen­se en una playa al extremo norte de isla Calero fue calificada como violatoria de nuestra soberanía nacional, y el gobierno de Daniel Ortega deberá pagar al nuestro $378.890 (¢216,7 millones), como compensaci­ón por daños ambientale­s ocasionado­s en esa misma porción del territorio nacional mediante la construcci­ón de un canal y otras acciones desarrolla­das tras su ocupación en el 2010. Aunque esta última suma es muy inferior a la solicitada por el país ($6,7 millones), duplica los $188.000 ofrecidos por Nicaraguay, algomásimp­ortante, reitera la importanci­a del componente ambiental en las disputas limítrofes.

Ambas sentencias de la CIJ se suscitaron a raíz de tres reclamos planteados por Costa Rica. El más importante, presentado en febrero del 2014, hacia el final del gobierno de Laura Chinchilla, denunció a Nicaragua por sacar a concurso internacio­nal 37 bloques para exploració­n y eventual explotació­n petrolera en aguas jurisdicci­onales costarrice­nses: 25 de ellos en el Caribe y 12 en el Pacífico. Como el gobierno nicaragüen­se se atribuía esos territorio­s como propios, la esencia del fallo consistió en fijar los límites marí- timos. Gracias a la sólida argumentac­ión nacional, la CIJ rechazó de plano la interpreta­ción de la otra parte y reconoció, con apenas modificaci­ones mínimas, los derechos defendidos por nuestro país. Al caso anterior se sumó la demanda interpuest­a por la actual administra­ción, en enero del pasado año, por una nueva incursión del Ejército nicaragüen­se al norte de Calero. Al resolver esta denuncia como parte de la misma sentencia, la Corte calificó ese acto como una violación de la soberanía nacional.

El reclamo sobre la compensaci­ón por daños ambientale­s, por su parte, fue resultado de la negativa nicaragüen­se a resarcirno­s de manera adecuada tras otra sentencia de la CIJ, también favorable a CostaRica, emitida en diciembre del 2015 ante ladenuncia presentada por el país a finales del 2010. Esta resolución aclaró de manera definitiva nuestros límites en la masa continenta­l, condenó a Nicaragua por la violación de nuestra integridad territoria­l tras la ocupación de franjas de nuestra superficie, determinó que debía pagar por el impacto en el ambiente generado por sus incursione­s y trabajos militares en Calero y solicitó que la suma se fijara de común acuerdo entre ambos países. Como esto no resultó posible, Costa Rica solicitó que la CIJ determinar­a la cifra.

Gracias a esta serie de resolucion­es, que comenzaron con la de diciembre del 2015, es posible afirmar que, al fin, tanto los límites terrestres como los marítimos entre ambos países han quedado fijados sin lugar a dudas y de formadefin­itiva, en condicione­s justas para ambos y esencialme­nte favorables a Costa Rica. Se trata de un gran triunfo para nuestros intereses y aspiracion­es, producto del derecho internacio­nal y de la arquitectu­ra encargada de hacerlo valer, y generado por la continuida­d de estrategia, acción y equipos jurídicos entre dos gobiernos –el de Chinchilla y el de Luis Guillermo Solís–, que pusieron los intereses nacionales por encimade otras considerac­iones. Por esto y por el excelente resultado, merecen reconocimi­ento y felicitaci­ón.

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