Librarse rápido de policías corruptos cuesta caro al país
¢402 millones en cuatro años 168 oficiales vinculados con delitos fueron despedidos con responsabilidad patronal Su permanencia sería un riesgo Medida procura impedir que agentes tengan acceso a armas e información sensible
Tres oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos el sábado 3 de febrero, porque, supuestamente, intentaron robarle cocaína a otro sujeto, y, un día después, un juez los envió a prisión preventiva.
El lunes siguiente, el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, firmó el despido de los funcionarios, con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política. Dicha norma faculta a dicho jerarca a prescindir de los servicios de los empleados por pérdida de confianza, sin realizarles ningún proceso administrativo.
Sin embargo, tales destituciones rápidas cuestan caro, pues se trata de despidos con responsabilidad patronal.
Así, aunque sean sospechosos que afrontan investigacio- nes judiciales, el Ministerio de Seguridad Pública debe pagarles cesantía, vacaciones no disfrutadas, lo que corresponda de aguinaldo y salario escolar.
Desde el 2014 y hasta el 7 de febrero pasado, 168 oficiales fueron despedidos al invocarse el artículo 140 constitucional. El monto desembolsado asciende a ¢402 millones, según datos suministrados por el Ministerio.
Si bien es una salida “más costosa”, se usa porque permite un trámite expedito del despido, sin investigación interna, explicó Jeiner Villalobos, director de la Asesoría Jurídica del Ministerio.
“Desearía mostener otras armasjurídicas para nopagar, pero con esto nos evitamos esperar los resultados tanto de un procedimiento administrativo comode uno penal (…). Porque, si en el juicio se absuelve a la persona, entonces nos tendríamos que dejar en la planilla a una persona cuestionada, manchada, señalada”, expresó. Según Villalobos, para el Ministerio es preferible gastar este dinero y librarse de estas personas que ya no gozan de su confianza, que mantenerlas en la entidad, con acceso a armas y a información de operativos y sitios de venta de droga. Gustavo Mata, ministro de Seguridad, confirmó esa política: “No nos hemos quedado con los brazos cruzados; cuando se tienen sospechas, se hace valer este derecho, sin importar nada más”. Un criterio diferente tiene Minor Anchía, representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), en Seguridad Pública, quien estima que se ha “abusado” de una herramienta jurídica para impedir el derecho de defensa de los oficiales. En diciembre del 2016, Anchía acudió a la Sala IV para impugnar el despido de 115 poli- cías considerados corruptos.
Ese mismo mes, los magistrados declararon sin lugar el reclamo, mediante el voto 2016-018906, el cual ratificó que la Constitución Política permite al ministro hacer ese tipo de despidos cuando hay pérdida de confianza en los subalternos.
Dificultades.
Normalmente, cuando un funcionario público comete una falta, se le abre un procedimiento administrativo, en el cual se concluirá si el caso se archiva o si se le sanciona con suspensión o despido.
Ese no es el mejor camino cuando se trata de policías que habrían incurrido en delitos, de acuerdo con Villalobos.
“Si fueran fallas normales, se abre una investigación, pero no podemos hacer eso cuando se trata de temas penales y menos cuando es por homicidios o narco”, apuntó.
¿Por qué? La respuesta es muy sencilla para el director: en el Ministerio no existen las herramientas suficientes para determinar si alguien cometió o no ese tipo de fallas. “Muchas veces, el fiscal no nos puede dar información porque están en proceso de investigación y eso esmuy lógico y razonable, pero ¿qué es lo que pasa? Que, por eso, para resolver algo administrativamente, tenemos que esperar el resultado del proceso penal y el expediente se quedaría abierto hasta por años”, explicó. A pesar de estas complicaciones, Anchía insistió en que la mejor solución, ante posibles casos de corrupción o de otros delitos, es realizar un procedimiento administrativo, pero darle celeridad. Pero, más allá de que el policía pueda defenderse, Anchía apuntó que aplicar el procedimiento administrativo también es importante, porque, cuando se toma una decisión, existe un fundamento importante y es más difícil que “se la traigan abajo”. En el 2017, Seguridad Pública tenía 15.684 oficiales, lo que representó un gasto de ¢163.000 millones. Para el 2018, se tienen
“SI UN POLICÍA, QUE ES EL ENCARGADO DE DAR SEGURIDAD Y ES EL QUE DA CONFIANZA A LA POBLACIÓN, ESTÁ CUESTIONADO, ¿CÓMO ES POSIBLE QUE ESA PERSONA VUELVA A LA CALLE Y TENGAMOS QUE TENERLE CONFIANZA? NO ES POSIBLE. Jeiner Villalobos Director jurídico Seguridad Pública “SE DEBE ACUDIR AL DEBIDO PROCESO, DE FORMA TAL QUE LA PERSONA PUEDA EJERCER SU DERECHO DE DEFENSA Y, SI SE LOGRA DETERMINAR QUE HAY RESPONSABILIDAD Y PÉRDIDA DE IDONEIDAD, ESA PERSONA DEBE SER SEPARADA. Minor Anchía Dirigente sindical
proyectados 16.647 puestos policiales y el presupuesto destinado para pagar esa planilla es de ¢192.791 millones.
Con el fin de mejorar los controles sobre la conducta de los policías, Seguridad tienecomunicación con la Fiscalía para obtener información inmediata sobre la captura de oficiales acusados de hechos ilícitos.