Saturación de celdas judiciales enoja a jefe de OIJ
Alega que esos recintos son hechos para albergar a detenidos por periodos muy cortos Justicia sostiene que el Poder Judicial pidió el cierre técnico de 14 de las 17 cárceles
El homicidio de un hombre en celdas judiciales de Limón enojó al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, quien denunció hacinamiento en esos recintos por la inacción del Ministerio de Justicia.
Según el jerarca, el problema radica en que los jueces imponen penas de prisión preventiva, pero los sospechosos permanecen recluidos en los circuitos judiciales por la falta de espacio en la cárcel para indiciados de San Sebastián.
“Las cárceles nuestras están previstas solo para recibir detenidos por periodos cortos; eso significa que esimpensableque una persona esté bajo nuestra custodia por más de 24 o 48 horas, porque las celdas no permiten que las personas se ejerciten, que tengan acceso a luz, visitas médicas, de familiares y eso genera unproblema”, explicó Espinoza, visiblemente molesto.
El jerarca destacó que estar aprehendido durante mucho tiempo en las celdas judiciales genera estrés y reacciones violentas de parte de algunos privados de libertad.
Espinoza reclamó que, ante esta situación, el Ministerio de Justicia no acata las decisiones de los jueces y el problema se ha hecho insostenible en los últimos 12 meses.
“No sé si no hay cárceles, si las que se construyeron no son suficientes o tienen una tendencia distinta, porque, al final, nosotros lo que necesitamos es que si un juez dicta una sentencia o una prisión preventiva, se cumpla.
”El OIJ está realizando funciones delPoder Ejecutivoyeso puede provocar riñas y generar consecuencias de toda naturaleza, como eventuales muertes, violaciones y todo lo que podamos imaginar, que tiene connotación negativa”, manifestó Espinoza.
Agregó que el hacinamiento se está volviendo una bomba de tiempo y que, a pesar de que el OIJ ha presentado en lo que va de este año, al menos 44 recursos de habeas corpus, no han recibido una solución.
“Lo que queremos es que la Sala Constitucional obligue al Ministerio de Justicia y Paz a recibir a los detenidos”, enfatizó.
Ver para adentro. Marco Feoli, ministro de Justicia, salió al paso de las críticas y aseguró que Espinoza debería hacer ese señalamiento dentro del Poder Judicial, pues son los juzgadores de Ejecución de la Pena quienes ordenaron el cierre técnico de 14 de los 17 centros penales del país. “Eso nos deja sin margen de acción, porque no podemos ingresar reclusos ahí y las opciones comienzan a limitarse”, adujo el jerarca.
Agregó que los jueces penales envían “cada vez a más gente a prisión preventiva”.
En la actualidad, el hacinamiento en el sistema penitenciario ronda el 30%.
Para Espinoza, lamuerte de Jonathan López Brenes –quien ingresó a las celdas del OIJ de Limón el 17 de febrero por cuna agresión con arma de fuego y murió en una riña este domingo– es solo un ejemplo del problema que viven actualmente. Él teme que se sobrepase la capacidad en las celdas.
“La capacidad instalada que tenemos es para cuidar personas en juicios, en audiencias, no para mantenerlos bajo contención física por dos o tres semanas mientras al Ministerio de Justicia se le ocurre recibirlos”, reiteró Espinoza.
“LA CAPACIDAD INSTALADA QUE TENEMOS ES PARA CUIDAR PERSONAS EN JUICIOS, EN AUDIENCIAS, NO PARA MANTENERLOS BAJO CONTENCIÓN FÍSICA POR DOS O TRES SEMANAS MIENTRAS AL MINISTERIO DE JUSTICIA SE LE OCURRE RECIBIRLOS. Wálter Espinoza Director del OIJ
“LO QUE PASA ES QUE CUANDO UNO SE OFUSCA Y PIERDE LA PERSPECTIVA, NO VE QUE EL PROBLEMA DE LAS PRISIONES PREVENTIVAS DE COSTA RICA ES UN TEMA QUE TIENE QUE LLAMAR A LA REFLEXIÓN A TODOS, PERO, FUNDAMENTALMENTE, AL PODER JUDICIAL. Marco Feoli Ministro de Justicia y Paz
Dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fueron detenidos este lunes como sospechosos de intentar vender información sobre una causa aún abierta de crimen organizado.
Según Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial, los funcionarios pretendían cobrar $15.000 (unos ¢8.625.000) por los datos.
Los agentes fueron identificados con los apellidos Córdoba Quesada yDíaz Vega, quienes trabajaban en la Unidad de Recolección Policial de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del OIJ desde hace 10 y 15 años, respectivamente.
Ellos, en apariencia, mostraron parte de la documentación del caso que se investigaba a una tercera persona. Sin embargo, nunca recibieron el dinero ni dieron la información, confirmó Espinoza.
Además de los agentes, también fue detenida una mujer de apellidos Márquez Wilson, quien es la dueña de la casa donde se realizó la reunión entre los policías y los compradores de la información.
Por estos hechos, la Fiscalía señaló que se les atribuyen los delitos de concusión y de divulgación de secretos.
En el caso de la mujer, también se le achaca la comisión de esos delitos porque, pese a que no es funcionaria pública, se le aplica la figura penal denominada comunicabilidad de las circunstancias. Esto significa que al actuar con dos servidores públicos, rigen para ella los mismos tipos penales.
La indagación comenzó en noviembre, cuando una persona, que, al parecer, fue partícipe de la negociación, denunció el hecho ante las autoridades.
Según explicó Espinoza, desde que ingresó la información, ellos empezaron la pesquisa y descubrieron que esos dos oficiales tenían una relación cercana con el caso.
La causa todavía sigue abierta, por lo que Espinoza prefirió no dar mayor detalle. Lo único quesí aseguró esqueesta situación no afectó “para nada” la investigación.
Descartó que los dos oficiales interfirieran o negociaran en investigaciones pasadas en las que estuvieron involucrados.
Alos dos agentes arrestados, la Inspección Judicial les abrió la causa disciplinaria 18-00371-031, confirmó anoche la oficina de prensa del Poder Judicial.