MEP renuncia al control para tratar de acelerar obras
Procesos de construcción abreviados no logran su objetivo
Padres de familia o vecinos de la comunidad, muy voluntariosos pero sin conocimiento del mercado de la construcción ni de contratación administrativa, son quienes toman las decisiones para levantar edificios escolares que pueden costar casi ¢4.000 millones.
Son ellos, los miembros de las Juntas de Educación, los que contratan al ingeniero a cargo de la construcción, hacen licitaciones para escoger las empresas que aportarán la mano de obra y los materiales.
Ellos son los encargados de elegir los mejores precios del mercado y la mejor calidad.
Tales obras se realizan mediante los llamados procesos de contratación abreviados, que fueron concebidos para levantar edificaciones menores.
Los citados mecanismos se han convertido en la opción preferida para las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), pues solo en el 2017 los usó en el 95% (175 de 184) de los proyectos que entraron a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE).
Enla actualidad, esos sistemasse usan para proyectos de gran complejidad, que implican la erogación de muchos recursos públicos.
Los procesos abreviados contemplan menos trámites y menos controles para que, como su nombre lo dice, sean más ágiles.
Todas estas circunstancias podrían explicar por qué proyectos desarrollados con procesos abreviados presentan sobreprecios, retrasos importantes, construcciones nuevas con alto deterioro u obras inconclusas.
Un ejemplo es la ampliación del Colegio Técnico Profesional Fernando Volio, en Cartago, que se levantó con este modelo. Allí la inexperiencia de la Junta y el nulo asesoramiento del MEP, hizo que se pagaran casi ¢87 millones más a un contratista y que el dinero que se presupuestó no alcanzara para completar las obras. R VEA NOTA APARTE.
En unproceso abreviado, el MEP tiene que girar recursos adicionales para pagar a los profesionales que deben asesorar a las Juntas, algo que no ocurre en los procesos ordinarios, que están a cargo de la DIEE. Este desembolso para los profesionales externos, según datos del MEP, sobrepasa los recursos para los salarios de los 110 ingenieros con que cuenta el Ministerio.
Precisamente, desde el 2012, un informe Departamento de Ejecución y Control (DEC) de la DIEE, llamó la atención sobre la fiscalización que deben efectuar los ingenieros del MEP, las debilidades de los profesionales contrata-
dos por las Juntas de Educación y los riesgos para la administración de los proyectos abreviados. RVEA NOTA ¿PARA QUÉ ESTÁN LOS INGENIEROS DE LA DIEE?
En este oficio se señala que algunas Juntas se han comprometido a llevar a cabo proyectos abreviados y, luego de recibir el respectivo asesoramiento y autorización por parte de la DIEE, no han continuado con la ejecución de las obras, dejando ociosos los recursos disponibles.
Al 22 de febrero de este año, las Juntas de Educación tenían sin usar en sus cuentas de caja única un total de ¢159.830 millones, según datos del Ministerio de Hacienda.
Hasta ¢600 millones. Antes de setiembre de 2015, el límite para efectuar procesos abreviados era de ¢150 millones.
Luego de esa fecha, este mecanismo solo se debía aplicar a proyectos de infraestructura que no costaran más de ¢600 millones.
Empero, la realidad es otra. El año pasado, el MEP aprobó que el Instituto de Alajuela, con un valor de ¢3.786 millones, se hiciera mediante un proceso abreviado.
Lo mismo ocurrió con los Colegios Técnicos Profesionales (CTP) de Santa Rosa, en San Carlos, de Guácimo y del barrio Irving en Guanacaste, cuyos costos fueron de ¢2.000 millones; ¢1.700 millones y ¢1.400 millones, respectivamente. Como esos, hay otros ejemplos que siempre superaron el límite, ya sea de ¢150 millones o de ¢600 millones.
‘Rebasado’. El Ministerio sigue delegando en lasJuntas la responsabilidad de comandar el desarrollo de infraestructura educativa a pesar de que el mismo director de la DIEE, Wálter Muñoz, manifestó a este medio a inicios del 2017 que ese modelo ya estaba “rebasado”.
“Con el modelo vigente, las Juntas deben hacer contratación de profesionales, pago de mano de obra y compra de materiales, lo que aumenta la posibilidad de errores por desconocimiento de la ley de contratación, esto genera eventuales atrasos en el proceso”, expresó Muñoz en ese entonces.
Solo nueve (5%) de los proyectos de infraestructura que se realizaron en el 2017, los desarrollaron en su totalidad los ingenieros de la DIEE por el proceso ordinario, que obliga a efectuar más trámites y refrendos internos (lo que garantiza la legalidad del procedimiento).
Es decir, la mayor parte de las escuelas y colegios del país se levantan bajo la dirección de padres o vecinos sin experiencia, y con menos controles del Ministerio de Educación.
Consultado en los últimos días, Wálter Muñoz rechazó que
175 proyectos hizo el MEP en el 2017 con procesos abreviados
el MEP tuviera preferencia por el proceso abreviado sobre el ordinario, a pesar de que el 95% de los proyectos del 2017 se hizo por medio de tal mecanismo.
“La naturaleza y las necesidades plasmadas en el informe de diagnóstico inicial son las que determinan el tipo de proceso”, puntualizó.