Colegio pagó ¢87 millones de más a contratista
Una escasa supervisión del Ministerio de Educación Pública (MEP) a la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional (CTP) Fernando Volio Jiménez, en Cartago, provocó que ese centro pagara casi ¢87 millones de más en la contratación de obras.
Este es uno de los hallazgos de un informe de julio del 2017 de Auditoría Interna del MEP sobre el procedimiento de contratación y construcción en dos etapas (aulas académicas, comedor, cerramiento perimetral, baterías sanitarias y edificio administrativo) que se realizó entre el 2010 y el 2013 .
El costo presupuestado de los trabajos fue de ¢330 millones y se realizó por medio de un proceso abreviado; es decir, la Junta fue la encargada de hacer la contratación directa.
“Como se demuestra en los documentos aportados por la Junta, existe una inadecuada supervisión por parte de la DIEE (Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo), lo que permitió que se realizara la contratación de mano de obra para la primera etapa con un sobreprecio de ¢17.421.333; esto, con respecto al presupuesto referencial.
”Con la adquisición de materiales, la situación es aún más grave, por cuanto de un presupuesto de ¢32.673.250, se (...) canceló un monto de ¢102.053.563 (según cheques y facturas entregados a esta Auditoría Interna) lo que implica 212,35% más del presupuesto”, detalló el documento.
Fue la directora de este centro la que detectó el sobregiro en el proceso constructivo.
Para la Auditoría, la DIEE incumplió su deber de acompañar a la Junta en el proceso.
“La ineficiente administración y control de los recursos implica que los costos de los proyectos se incrementan, impidiendo contar con las instalaciones oportunamente”, apuntó el reporte.
A pesar de las irregularidades que halló la Auditoría, el informe no señala responsables ni se recomienda abrir una investigación.
Al final, la obra quedó abandonada, pues el dinero se acabó cuando se llevaba el 60%.
Ricardo Jiménez, presidente de la Junta desde hace cuatro meses, dijo que todos los miembros son nuevos.
“(...) nos recibió una demanda del ingeniero del proyecto. Demandó al MEP y a la Junta porque no se le pagó la totalidad del proyecto”, relató.