Legisladores dudan de bono a empleados de Bancrédito
Diputados evalúan sacar incentivo con tal de que plenario discuta el proyecto
¢27 Miles de millones de pérdidas de Bancrédito al cierre del 2017
Los siete diputados de la Comisión Especial de Cartago ahora dudan de su propuesta de pagarles una bonificación adicional de ¢3.000 millones a unos 800 empleados del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) debido al cierre de operaciones comerciales y la intervención de la entidad.
El incentivo es un pago extra a las prestaciones que los funcionarios recibirán y sería equivalente a cuatro salarios mensuales.
Aunque dicho beneficio fue incluido en un proyecto que este grupo de legisladores impulsa para apoyar al personal del Banco, la noche del pasado jueves los congresistas se reunieron para revisarlo.
Según Marco Vinicio Redondo, diputado que representa al Partido Acción Ciudadana (PAC) en ese panel, en la sesión se desechó una propuesta para eliminar el pago ahora, pero se acordó quitarlo cuando el proyecto llegue al plenario legislativo.
“La valoración que hicimos es que sí es necesario convertir el plenario en comisión para revertir la bonificación que se había planteado, para que el plan pueda ser discutido y ojalá aprobado sin que esto, eventualmente, cause que no salga adelante”, refirió Redondo.
Según el legislador, el aspecto del proyecto que más interesa al personal cesado de Bancrédito es recibir, de inmediato, el dinero que ellos cotizaron al Fondo de Garantías y Jubilaciones, más el aporte mensual que también hacía el Banco.
La intención es evitar que esos recursos ingresen al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), lo cual impediría a los trabajadores recibir esos fondos, ante el cierre de la operación comercial del Banco, decretado en mayo pasado debido a desórdenes en la administración de su cartera de créditos.
“Tenemos conciencia de que esa parte (de la bonificación) tenemos que revisarla. La valoración que hicimos es que debemos prescindir de esa bonificación. En principio, vamos al plenario con la eliminación de ese artículo”, señaló Redondo.
El numeral 5 del proyecto propone que los funcionarios de esa entidad reciban una bonificación complementaria de cuatro salarios promediados, con base en los sueldos que hayan recibido durante los últimos seis meses. Advertencia. El interventor del Banco, Marco Hernández, designado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), estimó en ¢3.000 millones el monto total al que asciende la indemnización.
Según Hernández, incurrir en ese gasto sería ruinoso para Bancrédito, entidad que cerró el 2017 con pérdidas superiores a los ¢27.000 millones y que, a enero, ya acumulaba otros ¢3.000 millones en pasivos.
Hernández también alegó que esa bonificación no se contempló en las reservas que hizo la entidad para pagar las prestaciones de ley a sus empleados, por lo que no existe una forma de financiarla sin impactar las maltrechas finanzas de la entidad. Después de que La
Nación informara a los legisladores de los alcances del criterio del interventor, algunos se mostraron sorprendidos por el costo de la bonificación, mientras que otros adujeron que la fuente de financiamiento del bono sería el Fondo de Garantías y Jubilaciones.
Según el interventor Hernández, el Banco carece de liquidez para pagar las deudas con sus acreedores.
Dehecho, Bancréditodebe al Gobierno ¢131.000 millones que el Ministerio de Hacienda sacó del presupuesto ordinario de la República para comprarle títulos valores, con el fin de intentar salvarlo del cierre.