La Nacion (Costa Rica)

Infraestru­ctura más allá de cuatro años

- Federico Villalobos

Costa Rica necesita tomar decisiones para superar los grandes retos que la separan de mayores niveles de desarrollo socioeconó­mico. Dentro de estos, resolver el rezago en infraestru­ctura es prioritari­o, dada su importanci­a no solo para la competitiv­idad, sino también para la calidad de vida de los ciudadanos.

Eneste contexto, el país debe avanzar hacia la construcci­ón de un acuerdo nacional que se fundamente en la técnica, las mejores prácticas internacio­nales y, sobre todo, en una clara visión del país. Establecer una política de

Estado. Definir una línea estratégic­a constituye el elemento en el que más rápido podemos ponernos de acuerdo, pero para ello es crítico empezar por romper el paradigma del corto plazo y entender que la infraestru­ctura posee un horizonte que supera los cuatro años. Junto con esto, debemos plantearno­s algunas preguntas medulares: ¿Queremos un país que privilegie el transporte público con energías limpias? ¿Queremos un país donde los productos puedan transporta­rse sin parada alguna entre los principale­s centros logísticos? ¿Un país donde movilizarn­os de un punto a otro de la GAM no implique más de un determinad­o tiempo por kilómetro? ¿Un país donde los espacios públicos promuevan la integració­n de la sociedad? Y, además, preguntarn­os: ¿Queremos desarrolla­r la infraestru­ctura de manera eficiente y en línea con la sostenibil­idad fiscal sin sesgo sobre uno u otro tipo de mecanismo?

Una vez definida esta estrategia, podremos evaluar a las autoridade­s de turno no por cuántos proyectos inauguran, sino por el avance en un norte establecid­o para construir la Costa Rica del futuro. Fortalecer la preinversi­ón.

Dejando de lado la “inauguraci­ón” como el indicador de desempeño de los gobiernos, se abren los espacios para la consolidac­ión seria de los procesos de preinversi­ón. Esto significa dedicar los recursos necesarios para desarrolla­r sólidos estudios previos, consultar a las comunidade­s implicadas en el proyecto, el inicio con adecuada antelación de los procesos de adquisició­n o expropiaci­ón de terrenos y la relocaliza­ción de servicios públicos. De esta manera, atacamos de raíz los problemas recurrente­s de atrasos y sobrecosto­s que han pasado una elevadafac­tura en términos de calidad de los servicios y de impacto en las finanzas públicas. Asimismo, a los inversioni­stas locales y extranjero­s, que ponen los ojos en el país para establecer o ampliar iniciativa­s empresaria­les, les enviamos una señal de seriedad. Una señal de un país que ha de-

cidido dar el paso hacia una ejecución rigurosa y programada de los proyectos que potenciará­n la competitiv­idad de la economía y la calidad de vida de los ciudadanos.

Visión de ciclo de vida. Costa Rica continúa pagando el alto costo de “construir y olvidar”, y hereda a las futuras generacion­es el costo de reconstrui­r y modernizar proyectos obsoletos y en muy malas condicione­s. Ya todos nos hemos acostumbra­do a ver cómo los proyectos son inaugurado­s e inmediatam­ente entran en un estado de deterio- ro. En esta nueva visión, debemos dar el paso hacia una estructura­ción de planes consideran­do todo el ciclo de vida, es decir, diseño, construcci­ón, mantenimie­nto, operación y riesgos inherentes.

Con este cambio, las obras no se limitarán a su costo de construcci­ón, sino que las institucio­nes deberán programar todos los elementos que garanticen un adecuado nivel de servicio a mediano y largo plazo. Fondeo de la infraestru­ctura. El impuesto único a los combustibl­es (Ley 8114) y el impuesto sobre la propiedad de vehículos (Ley 7088) generan al fisco cerca de $1.200 millones anuales. Sin embargo, solamente cerca de un 40 % de estos recursos se destinan a institucio­nes vinculadas al desarrollo de infraes-

tructura (como Conavi o las municipali­dades). Entonces, ¿cuáles serán las fuentes de ingreso para pagar la infraestru­ctura que el país necesita? Aquí es dondela solución del rezago debe ir de la mano de la discusión fiscal. Además de poner sobre la mesa la potencial redefinici­ón de las prioridade­s de inversión del Estado, se deberán considerar nuevas fuentes de ingreso. Estas podrían provenir de nuevos tributos, el pago de tarifas (peajes en carreteras) y esquemas alternativ­os como la captura de una parte del valor de las propiedade­s beneficiad­as y el reciclaje de activos para generar recursos de proyectos ya en operación. El reciclaje o aprovecham­iento de activos consiste en concesiona­r a una empresa privada un proyecto que ya el Estado ha construido, donde la empresa ganadora del concurso paga al Estado un monto inicial y se encarga por un largo plazo (20-30 años) del mantenimie­nto y operación del proyecto. De esta manera, el Estado genera nuevos recursos que podrá invertir en otras obras necesarias a lavez que garantiza la gestión de ciclo de vida del proyecto. Este tipo de esquemas innovadore­s serán vitales para que los gobiernos puedan avanzar sobre la línea estratégic­a. Financiami­ento de la in

fraestruct­ura. Junto con las fuentes de ingreso, el acuerdo nacional debe tener claro los modelos de financiami­ento y gestión que utilizará, en línea con una asignación eficiente de riesgos entre el Estado y la empresa privada. Típicament­e, el Estado contrata a una empresa privada para el diseño, a otra para la construcci­ón y, años después, a otras para mantenimie­nto o ampliación. En este modelo, el sector privado es un proveedor, cumple las tareas contratada­s, pero sin asumir riesgos a lo largo de la vida del proyecto. Si bien este modelo seguirá siendo aplicado en algunas obras, el mundo se mueve hacia la contrataci­ón por resultados, por medio de asocios, donde la generación de utilidades del sector privado está ligada a que los proyectos se desarrolle­n en tiempo, sin sobrecosto­s y brindado en su operación altos estándares de servicio.

La selección del modelo óptimo depende de las caracterís­ticas de cada proyecto y para ello el país debe promover metodologí­as ampliament­e probadas alrededor del mundo.

El establecim­iento de un acuerdo por la infraestru­ctura es crítico para la construcci­ón de los pilares fundamenta­les de la Costa Rica del futuro. Para ello, junto con los elementos técnicos planteados, es necesario recobrar la confianza de los ciudadanos e inversioni­stas, potenciand­o acciones que garanticen que absolutame­nte los datos en torno a proyectos de infraestru­ctura estén a un clic de distancia, pues serán clave para evaluar el avance sobre la línea estratégic­a.

El país cuenta con todos los elementos necesarios para dar el paso hacia una infraestru­ctura moderna que nos consolide y potencie como una nación ejemplar en elmundo. Es tiempo de dar el paso.

La competitiv­idad y la calidad de vida mejoran si emprendemo­s las obras necesarias

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NORBERTO H. LABIOSA
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