Hacienda critica baja ejecución de presupuesto para construir cárceles
→En promedio, se usó el 25% de fondos, mientras la crisis se agudiza →Ente encargado: esos recursos no están sujetos a ejecución anual
El hacinamiento carcelario ronda el 30%;13 de las 17 prisiones tienen cierre técnico por sobrepoblación (ni un solo reo más puede ingresar en esos centros) y el único centro penal para indiciados debe desalojarse por completo.
Además, el nivel de encarcelamiento aumenta: la población penal pasó de ser unas 9.000 personas en 2012 a más de 14.000 en enero pasado, según el Ministerio de Justicia y Paz.
La crisis en el sistema penitenciario se agudiza , pero el dinero destinado a la construcción de prisiones está, en su mayoría, engavetado.
A esa conclusión llegó la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del Ministerio de Hacienda, en un análisis sobre la ejecución presupuestaria del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes (PCIAB).
Ese es un órgano adscrito al Ministerio de Justicia, que se creó en 1971 para “coadyuvar en el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura penitenciaria, como de las condiciones de vida de los privados de libertad”.
En el documento de Hacienda se concluye que entre el 2014 y el 2017, la partida de bienes duraderos del PCIAB mostró una ejecución promedio del 24,5%, siendo el 2015 donde menos se usó (15%) y el 2014 donde más se utilizó (44%).
La mayoría de los recursos de bienes duraderos está destinada para la subpartida, llamada edificios, la cual debe usarse únicamente para la construcción de infraestructura carcelaria. Sin embargo, en el informe no se especifica el porcentaje de ejecución por subpartidas; solo se hace un análisis general de la partida.
Lo que sí indicó la STAP en el estudio es que la partida de bienes duraderos obtiene mayor asignación presupuestaria, porque “los montos que se incorporan allí se utilizan para la construcción de infraestructura orientada al mejoramiento de la población privada de libertad, principalmente en la reducción del hacinamiento”.
No obstante, la mayor incorporación no implica ejecución.
Por ello, el Mecanismo Nacional de Prevención de laTortura (MNPT) reprochó que el ritmo de construcción de nueva infraestructura no sea proporcional a la cantidad de personas que son recluidas día con día.
Justificación. Ante la crítica de la Autoridad Presupuestaria, el Patronato de Construcciones se defendió al explicar que su presupuesto tiene la particularidad de que los recursos de un año se trasladan al siguiente; es decir, no están sujetos a una ejecución anual.
Rosaura Sáenz, directora del Patronato, refirió que eso se debe a que sus proyectos son de inversión pública, los cuales “son imposibles” de hacerse en un año, por toda la dinámica que conlleva realizarlos.
“Tenemos que ajustarnos a la Ley de Contratación Administrativa y demás procesos, y eso es lento; es un proceso tedioso que, en su mayoría, no depende solo de nosotros. Por eso es que nuestro presupuesto no se maneja como uno ordinario, ni lo tenemos que devolver al cierre del año”, comentó.
Justo por ello es que Flora Bogantes, jefa del Departamento Financiero del Patronato, criticó que la STAP haga ese análisis como si el presupuesto de ellos tuviera que ejecutarse obligatoriamente antes de terminar el año, para evitar perder el dinero, tal como sí sucede con otras instituciones públicas.
“Remitimos demasiados informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales (a Hacienda). Ahí indicamos que, por nuestra naturaleza, nos tienen que diferenciar del resto. En esos mismos informes remitimos cuadros en donde indicamos lo ejecutado, que es lo realmente pagado, pero también explicamos los compromisos y reservas que tenemos.
”No podemos ver lo ejecutado nada más porque para el año siguiente tenemos contratos establecidos que tenemos que pagar y también tenemos reservas que responden a solicitudes de pedido, que ya están en trámite en la Proveeduría”, manifestó Bogantes.
Como toman en cuenta todos esos compromisos, es que, a nivel interno, consideran su ejecución ronda el 95%, pues, al momento en el que les otorgan los recursos, ya todos están comprometidos.
Actualmente, trabajan en 12 proyectos, de los cuales solo uno aportará nuevos espacios carcelarios. En total, tienen destinados ¢20.930 millones.
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