¿Cumple los requisitos la aprobada ley a favor de la pesca de arrastre?
El 7 de agosto del 2013, la Sala Constitucional prohibió el uso de pesca con red de arrastre para la captura del camarón, y ordenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) no otorgar nuevas licencias de ese tipo, ni renovar las existentes.
Los magistrados fundamentaron su decisión en estudios científicos que prueban que esa técnica de pesca causa serios daños a los ecosistemas marinos de fondo o bentónicos y es mayor la cantidad de fauna de acompañamiento que se descarta que la de camarón que se aprovecha y, además, consideraron que atenta contra el principio de un “desarrollo sostenible democrático” por cuanto afecta las posibilidades de captura de los pescadores artesanales.
La resolución indicó que para otorgar licencias se debía promulgar una ley fundamentada en estudios y en criterios técnicos y científicos que garanticen la solución al daño ambiental, tanto de la pesca incidental como del fondo marino.
Desafío. Ante los tropiezos en la tramitación de varios proyectos para autorizar licencias, el Incopesca, con el apoyo del gobierno y bajo la presión del sector, mediante un acuerdo de su Junta Directiva del pasado noviembre, pretendió autorizar el otorgamiento de nuevas licencias para la captura del camarón con red de arrastre, en un claro desafío al mandato de los magistrados.
El acuerdo fue anulado recientemente por la Sala IV, por considerar que estas licencias solo pueden ser autorizadas mediante una ley, tal y como lo dispuso en el 2013.
Esta última resolución judicial generó una serie de protestas, demandas y gestiones de los sectores interesados, por lo cual el gobierno convocó esta semana a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley, presentado en la anterior administración, no el elaborado en este período, que permitiría el otorgamiento de licencias, el cual fue aprobado en primer debate el miércoles.
Ese proyecto, en su oportunidad, tuvo la férrea oposición de las organizaciones de pescadores artesanales y de grupos ambientalistas y académicos por considerar que no contiene los fundamentos técnicos y científicos que subsanen los señalamientos que motivaron la prohibición de la técnica pesquera.
Impugnación. Esta decisión legislativa adoptada bajo presión, y festejada por el gremio camaronero al creer que es una solución definitiva, podría encontrar tropiezos, por cuanto, con seguridad, será impugnada en sede judicial por los sectores que en el pasado combatieron el proyecto y no se puede descartar que la Sala IV considere que no cumple los requisitos exigidos en el fallo del 2013, desenlace que ocasionaría una situación aún más complicada para este sector.
Es inconcebible que en estos cinco años no se haya coordinado las investigaciones y los estudios científicos y técnicos solicitados por la Sala IV y que, con base en ellos, se hubiese elaborado un proyecto que contara con el beneplácito de todos los actores relacionados con el sector pesquero; ese era el camino indicado y el que había que recorrer, no el de los atajos y subterfugios. Esta ha sido la principal omisión y el injustificado desacierto de las autoridades encargadas y de los líderes del sector en el manejo de esta crisis.
Por otra parte, las autoridades respectivas debieron haber explorado otras opciones como, por ejemplo, la gestión de los recursos para un programa de desguace de embarcaciones, con indemnización a propietarios y subsidios temporales a los marineros desplazados, evitando así el perjuicio económico y la precaria situación que hoy sufren unos y otros.
No se entienden entre
ellos. Lamentablemente, la interrelación del sector pesquero, ya sea en su propio seno o con otros sectores como el ambientalista o el académico y científico, no siempre ha sido armoniosa y respetuosa por la intransigencia de los dirigentes. Esta es una realidad que, para superarla, por el bien del sector pesquero, se necesita mucho más diálogo, mayor transparencia y, fundamentalmente, mejor disposición de ánimo de todas las partes.
Las soluciones a los problemas que aquejan a este sector solo podrán encontrarse a través de un diálogo transparente entre los distintos involucrados, de manera tal que se logren acuerdos consensuados.
No puede descartarse que la Sala IV diga que no cumple los requisitos exigidos en el 2013