Ejecución de obras en el MEP
El país debe celebrar la nueva escuela de La Carpio luego de tanta demora, pero más atrasos tienen a otras comunidades en espera.
“Nos hemos portado bien y nos merecemos esta escuela”, dijo Haymar Hurtado, alumno de primer grado de la escuela de La Carpio, hasta ahora un conjunto de 19 aulas repartidas en varios puntos donde el hacinamiento obligaba a dar clases en tres turnos. La jornada escolar de dos horas era habitual para buena parte de los estudiantes y algunos la disfrutaban día de por medio.
La nueva escuela es un edificio de tres pisos que sobresale sobre los ranchos del barrio sumido en la pobreza. Tiene 35 aulas, laboratorios, instalaciones administrativas, salas de reunión y baterías de servicios sanitarios. En junio, contará con áreas deportivas, estacionamiento, rampas de acceso y ascensor.
Haymar Hurtado y sus compañeros se merecían las instalaciones aunque hubieran incurrido en alguna travesura. La comunidad la mereció durante largos años y los 14 transcurridos desde la concepción del proyecto son un exceso cuyo fin exigió la Sala Constitucional en setiembre del 2012, cuando dio un plazo de 18 meses para completar la nueva escuela.
Todo el país debe unirse a la celebración de las nuevas instalaciones, pero si bien las carencias de La Carpio están resueltas, idénticos atrasos mantienen a decenas de comunidades en espera, aunque existen los fondos para dar respuesta a sus necesidades de infraestructura educativa. Varias veces nos hemos ocupado del atraso del fideicomiso de $167,5 millones prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir 80 centros educativos y 23 canchas deportivas. Tiene más de cuatro años de creado, el país ha pagado ¢984 millones en castigos por demoras en su ejecución y hay muy pocos avances.
La Contraloría General de la República ha criticado el gasto de ¢1.334 millones en multas y gestión fiduciaria, un monto suficiente para construir cuatro centros educativos. De los 103 proyectos por construir, apenas un par están en pie, otros dos centros educativos en obras iniciales y algunos en trámite de permisos de construcción. En una docena de proyectos se está en etapa de adquirir tierras.
El Ministerio de Educación Pública se ha visto obligado a admitir, una y otra vez, su incapacidad para ejecutar obras, incluso las reparaciones necesarias en muchos centros educativos donde el desgaste de la infraestructura exige atención inmediata.
Los procesos de contratación abreviados, concebidos para levantar edificaciones menores, fueron aplicados en el 95 % (175 de 184) de los proyectos contemplados en el 2017 por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE). Esas contrataciones, encargadas a las juntas de educación, son cada vez más complejas y costosas. La esperanza del Ministerio parece estar depositada en la celeridad del procedimiento abreviado, aunque sea necesario sacrificar controles, pero no han tardado en surgir los casos de sobreprecios, retrasos, obras defectuosas e inconclusas.
El DIEE conduce directamente los procesos ordinarios de desarrollo de infraestructura y equipamiento. Solo nueve proyectos ejecutados en el 2017 se hicieron por ese procedimiento ordinario, totalmente a cargo de los ingenieros del Ministerio.
Hasta setiembre del 2015, los procesos abreviados no podían costar más de ¢150 millones. A partir de entonces, el límite subió a ¢600 millones, pero las dificultades de ejecución comenzaron a generar excepciones. El Instituto de Alajuela, valorado en ¢3.786 millones, se hará mediante proceso abreviado y hay varios ejemplos más.
El constante aumento de los límites de la contratación abreviada se suma a la lenta ejecución del fideicomiso para demostrar, más allá de toda duda, los problemas de cumplimiento del MEP, pero la insatisfacción no debe llevar a acortar camino en detrimento de los proyectos. Urge una revisión de los mecanismos de ejecución y del propio DIEE porque es difícil imaginar otro remedio.
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Todo el país debe unirse a la celebración de la nueva escuela de La Carpio luego de tantas demoras, pero idénticos atrasos mantienen a decenas de comunidades en espera
El Ministerio de Educación Pública se ha visto obligado a admitir, una y otra vez, su incapacidad para ejecutar obras