9-1-1 tramitaría por WhatsApp y SMS alertas de emergencias

→Cambios estarían para finales de 2019; sordomudos podrían utilizar el servicio →Contribución de los usuarios dependerá del plan de telefonía y datos que contraten

Una vez que la Asamblea Legislativa retorne del receso de Semana Santa, los diputados podrían conocer un proyecto que, además de refinanciar al Sistema 9-1-1, lo facultaría para actualizar sus plataformas y así recibir alertas por mensaje de texto o aplicaciones, como WhatsApp.

Así lo explicó Guiselle Mejía, directora del ente, quien propuso el plan que desde el año pasado está en la corriente legislativa bajo el expediente N.° 20.539, que reforma la ley de creación del Sistema 9-1-1.

Esa iniciativa incluye las palabras “reportes de emergencia” donde antes solo decía “llamadas”; con ese cambio permite que la solicitud de ayuda ante una urgencia se pueda tramitar por mensaje.

Mejía indicó que, de aprobarse la nueva legislación, el próximo año podrán cotizar los equipos y tecnología necesarios para que, a partir de diciembre del 2019, se pueda empezar a alertar por mensajes y aplicaciones al 9-1-1. El monto de esta inversión no trascendió.

Actualmente, en el resto del mundo, existen otras formas de contactar al servicio 9-1-1. Por ejemplo, en Texas, Estados Unidos, ya se aplica una forma de chatear con el operador, de modo que si una persona está en una situación en que corra riesgo de ser escuchada, pueda escribir mensajes.

Eso también permite a personas sordomudas enviar mensajes de texto, acción que actualmente no pueden realizar, ya que el acceso al sistema en Costa Rica es solo por telefonía de voz.

El estudio para la recepción de mensajes de texto va muy adelantado, con un diseño casi consolidado al interior del Sistema 9-1-1, y ahora están analizando el de aplicaciones como WhatsApp.

El desarrollo de los códigos tecnológicos también les permitirá conocer el origen de las comunicaciones, para aplicar las multas que procedan cuando se trate de bromas, insultos y otros que distraigan a los operadores de las verdaderas emergencias.

Actualmente, se reciben unas 5.000 llamadas indebidas al mes, pero muchas no se pueden rastrear porque son de líneas prepago.

La multa es de ¢106.000, y en algunos casos, quienes llaman son reincidentes.

“Tenemos que incorporar en nuestro servicio la identificación georreferenciada de las llamadas, de modo que sepamos dónde está la persona que llama. Ese es un proyecto gigantesco que ya se realiza en otros países y que se usa para encontrar a personas extraviadas”, explicó Mejía.

Algunas veces se corta la llamada de alguna persona que avisa de una emergencia, por lo que el registro del origen de esa comunicación podría marcar la diferencia entre vida y muerte.

En el futuro, también se pretende que las personas puedan registrarse. Si alguien llama y está previamente registrado, el sistema tendrá datos que son importantes a la hora de una emergencia, como si padece del corazón o es diabético.

Ruinoso. El objetivo principal del proyecto de ley es modificar las fuentes de financiamiento de dicha entidad. La institución apenas subsiste, debido a que los ingresos que recibe son por un impuesto a la telefonía de voz, la cual se usa cada vez menos desde que el desarrollo tecnológico creó la mensajería de texto y las comunicaciones por Internet. Hoy, el Sistema 9-1-1 apenas tiene recursos para los pagos ineludibles y no puede contratar las nuevas plazas de operadores que le urgen ante la creciente demanda del servicio, que va en paralelo al incremento de la violencia en el país.

Como ejemplo, Mejía dijo que si se daña la planta eléctrica, que opera cuando se interrumpe el fluido eléctrico, no hay recursos para repararla.