Avanza proyecto para librar al Gobierno de gastos establecidos por ley
→ Iniciativa procura reducir desembolsos creados sin saber si Estado tenía fondos
La semana pasada, avanzó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que libraría al Gobierno de la asfixia que le producen los gastos fijados por ley, es decir, desembolsos obligatorios que los diputados crearon sin saber si el Estado tendría fondos para pagarlos.
Se trata de las leyes que ordenan al Ejecutivo, con buenas intenciones, destinar cierto porcentaje de un impuesto a una institución, o el equivalente a cierta cantidad de salarios base, aunque el dinero no alcance y haya otras necesidades descubiertas.
El Ministerio de Hacienda estima que 96% del Presupuesto Nacional es inflexible, a causa del peso de la deuda pública, salarios públicos, el 8% del producto interno bruto (PIB) para educación y los gastos fijados por ley. Es decir, un presidente solo puede maniobrar con el restante 4%.
Este 2018, los gastos obligatorios representan el 5% del Presupuesto (¢450.000 millones).
De aprobarse esta ley, el Gobierno podría flexibilizar un 0,28% (el equivalente a unos ¢25.200 millones) en el primer año después de su entrada en vigor, con la proyección de disponer de un 3% (¢270.000 millones) en el futuro.
La iniciativa Ley de Eficiencia en la Asignación del Gasto Público (20.595), diseñada por los diputados Steven Núñez y Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), fue dictaminada positivamente en la Comisión de Hacendarios y ahora será discutida por todos los diputados. ¿En qué consiste? La iniciativa no quitará recursos a las instituciones que reciben los destinos fijos, pues establece que no se podrá aprobar un presupuesto menor al avalado para el año de su aprobación.
Es decir, nunca recibirán menos de lo que ya hoy reciben. En adelante, los recursos se otorgarían según el cumplimiento de metas y la situación de las finanzas estatales.
Entre otros puntos, el proyecto elimina la obligación de dar en su totalidad, a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones, el equivalente anual a 593.000 salarios base, lo cual equivale a unos ¢200.000 millones para este año. También alivia la presión de tener que transferir al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) el equivalente al 20% de la recaudación del impuesto general sobre ventas.R RECUADRO: ‘MÁS PUNTOS’.
El proyecto no afecta normas constitucionales como el destino del 8% del producto interno bruto para la educación.
Según el diputado Steven Núñez, la propuesta tiene como objetivo quitar las normas legales que ahogan el presupuesto público, para que las asignaciones se otorguen bajo criterios como cumplimiento de metas, de acuerdo con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y según la disponibilidad del recurso financiero.
Esto pasa, según Núñez, porque históricamente se han aprobado leyes sin contar con recursos para financiarlas o con criterios que no tienen como base la eficiencia.
A favor. Por otro lado, los equipos de los candidatos presidenciales se han mostrado anuentes a este proyecto.
El aspirante presidencial de Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, lo coloca como ejemplo de iniciativa para reducir el estrés financiero del Estado.
También, el equipo de Fabricio Alvarado, candidato de Restauración Nacional, ha hecho un llamado a reducir estas asignaciones obligatorias, a través de iniciativas de ley, de acuerdo con Édgar Ayales, economista asesor del político.
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“LOS GOBIERNOS CREARON NUEVOS GASTOS, SIN CREAR PARALELAMENTE INGRESOS FRESCOS PARA SOLVENTARLOS. ESTA BRECHA SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON EL DÉFICIT FISCAL, LO CUAL AMENAZA LA ESTABILIDAD DEL PAÍS. POR ESO, ESTE PROYECTO RESPONDE A LAS ADVERTENCIAS REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y LA
’’ CONTRALORÍA GENERAL. Steven
Núñez
Diputado del PAC