Ventas de piña subieron 19% en últimos 4 años
→Las exportaciones del producto llegaron a $970 millones en este 2018 →El sector está rodeado de diversas denuncias sociales y ambientales
Las exportaciones costarricenses de piña fresca crecieron un 19% entre el 2013 y el 2017, al pasar de $816 millones a $970 millones; lo anterior, en medio de fuertes denuncias ambientales y sociales en contra del cultivo, las que ya trascendieron el ámbito local.
Según esas cifras de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), la piña es, por ingresos, el segundo producto individual de exportación de Costa Rica, detrás del banano.
El área sembrada de esa fruta era de 45.000 hectáreas hace cuatro años, bajó hasta 40.000 hectáreas en los dos siguientes, y en el 2017 se recuperó a 44.500 hectáreas, de acuerdo con datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Todo eso sucede mientras la actividad afronta una serie de denuncias: presunta contaminación de mantos acuíferos y su impacto en acueductos; uso excesivo de agroquímicos; monocultivo en grandes extensiones; depósito de rastrojos o residuos de la planta, en los cuales se reproduce la mosca del establo que ataca el ganado.
Ante esas denuncias, varios municipios del país acordaron una moratoria piñera, que prohibiría más cultivo en su territorio, aunque estos pronunciamientos no son obligatorios.
El dulce amargo de la piña.
La Sala IV anuló en febrero del 2013 un acuerdo de moratoria piñera que había tomado la Municipalidad de Pococí, al conocer una queja presentada por la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep).
Añadido a esas denuncias está el conflicto por la supuesta exportación de fruta convencional como orgánica, que enfrenta a dos empresas nacionales y que ya escaló desde el ámbito administrativo hasta el judicial e incluso el internacional.
También hay una campaña internacional contra su impacto ambiental y laboral, cuya última manifestación fue la divulgación de un documental de denuncia en Alemania.
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz, reconoció que esta actividad productiva tiene varios problemas y que, por eso, desde su despacho están en la tarea de buscar las soluciones.
Una de ellas es la prohibición ya decretada para el uso del agroquímico bromacil, y otra, un acercamiento entre piñeros y ganaderos para buscar una salida negociada al problema de la mosca del establo que se alimenta de la sangre de las reses.
El jerarca de Agricultura del actual Gobierno defendió, por otro lado, el aporte de esa actividad frutera en la generación de empleo en zonas rurales. Según Canapep, brinda trabajo directo a 32.000 personas.
Las denuncias.
El Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (Frenasapp) y otras organizaciones denunciaron repetidamente la presunta contaminación de mantos acuíferos en zonas con altas extensiones de cultivo de piña, particularmente por el uso del bromacil. Se trata de un herbicida que se aplica a “suelo desnudo” y tiene alto poder de fijación en la tierra, reconoció Arauz.
Esa consecuencia y otras colaterales a la muy rápida expansión del cultivo no se lograron prevenir, aceptó el ministro. “Quizá la rápida expansión de la siembra se hizo sin contar con la tecnología apropiada para neutralizar esos problemas”, dijo.
Pero, tras reconocer eso, el ministro manifestó que es partidario de solucionar los problemas y no de impedir un cultivo que genera gran impacto económico. De ahí la prohibición del uso del bromacil, en mayo del 2017, con seis meses de gracia para que entrara a regir en diciembre pasado.
El rector agropecuario se mostró preocupado por la internacionalización de los conflictos, pues las denuncias se recogieron en un documental televisivo que se publicó en Alemania recientemente.