Quimera fiscal

El ajuste fiscal bajo consideración del Congreso es, de entrada, insuficiente. Está diseñado para mejorar las finanzas en un 1,9 % del PIB.

Según criterio de Rodolfo Piza, excandidato presidencial de la Unidad Socialcristiana y aliado del presidente electo, Carlos Alvarado, el ajuste fiscal debatido en estos momentos por la Asamblea Legislativa, sumado a la creación de una regla fiscal con rango constitucional, son suficientes para enfrentar el déficit de las finanzas públicas si el gobierno consigue, al mismo tiempo, frenar el crecimiento de la planilla estatal, para lo cual bastaría con no reponer a los pensionados y a quienes dejan sus cargos por otros motivos.

Si así fuera, la nueva administración no necesitaría entrar con demasiado ímpetu al enojoso problema del gasto, salvo la limitación de las anualidades y la simbólica restricción de los altos salarios en el sector público contemplados en el plan fiscal, cuyo principal aporte es por la vía de los ingresos, que tampoco se incrementarían más allá de lo permitido por el cobro eficiente.

El planteamiento es una quimera. Como tal, es motivo de profunda preocupación. La administración Alvarado comenzaría como su predecesora, con la promesa de no hacer ajustes fiscales más allá del heredado del gobierno actual. El problema es que no habrá equilibrio mientras queden intactos los disparadores del gasto público porque ningún ingreso crece al mismo ritmo y toda la recaudación será, tarde o temprano, insuficiente.

Pero el ajuste fiscal bajo consideración del Congreso es, de entrada, insuficiente. Considerados todos sus elementos, está diseñado para mejorar las finanzas en un 1,9 % del producto interno bruto. Hay razones para dudar de ese cálculo porque ya se ha demostrado la necesidad de hacer cambios, como la renuncia a gravar las pensiones complementarias y voluntarias, la inconveniencia de afectar los préstamos de las asociaciones solidaristas y otros por el estilo.

Aunque los efectos esperados no se redujeran significativamente, estarían lejos de lo necesario para equilibrar las finanzas públicas. Para eso hace falta un 3,5 % del PIB y no el 1,9 %. ¿De dónde saldrá el 1,6 % restante aun si el plan discutido en la actualidad produjera lo esperado por sus impulsores?

Quizá la confianza de don Rodolfo esté depositada en la regla fiscal. Pero el país ya cuenta con una regla fiscal estricta, cuya aplicación nos tendría muy lejos del déficit. La norma vigente exige al gobierno abstenerse de financiar gastos corrientes con ingresos extraordinarios. Es decir, no puede gastar en sus operaciones más que los ingresos tributarios y tasas. La Administración Pública no puede endeudarse para financiar los gastos ordinarios de operación.

Es la regla del equilibrio perfecto, pero nadie la cumple y nadie puede exigir el cumplimiento. El año pasado, la violación de la norma fue de $2.450 millones. Si se exigiera el cumplimiento, el gobierno se vería obligado a paralizar gran cantidad de servicios. Por eso la transgresión de la ley se permite sin consecuencia.

El rango constitucional de la regla fiscal propuesta por don Rodolfo Piza en nada garantiza su cumplimiento. Así como incumplimos la regla fiscal vigente, inobservamos otros textos constitucionales. Ya va para dos décadas de incumplimiento la norma a cuyo tenor el 10 % del presupuesto nacional debe ser transferido a las municipalidades. Afortunadamente, a nadie se le ha ocurrido poner ese mandato constitucional en práctica porque implicaría el cierre de la mitad del Gobierno Central, cuyas operaciones se financian con cerca del 20 % del presupuesto. Lo demás se va en servicios de la deuda, pensiones, partidas fijas, como la de educación, y otros rubros. Por muy inscrita en la Constitución, la regla fiscal puede terminar como letra muerta, sobre todo mientras persista la crisis actual. La norma tendría sentido cuando se logre el equilibrio, con el fin de mantenerlo.

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El ajuste fiscal bajo consideración del Congreso es, de entrada, insuficiente. Considerados todos sus elementos, está diseñado para mejorar las finanzas en un 1,9 % del PIB

Por muy inscrita en la Constitución, la regla fiscal puede terminar como letra muerta, sobre todo mientras persista la crisis actual